La bioeconomía forestal como oportunidad

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La instalación de una tercera planta procesadora de celulosa puede constituirse en un megaemprendimiento con deseadas repercusiones laborales en un contexto económico restrictivo y una región deprimida, pero también representar un punto de inflexión en la inserción del país en la actual revolución científico-tecnológica.

El acuerdo entre UPM y el gobierno nacional para instalar la segunda planta de la empresa finlandesa en nuestro territorio ha estado en el centro de la agenda política, concitando tanto críticas como apoyos de parte de diversos actores. Los puntos en discordia han sido variados e incluyen aspectos jurídicos, medioambientales, de concesiones realizadas o de eficiencia negociadora. Sin embargo, parece haber quedado en un segundo plano la oportunidad que puede significar la expansión del complejo forestal que la planta provocará desde una perspectiva de desarrollo científico-tecnológico y de innovación sectorial. En esta nota trataremos de avanzar en ello.

Estamos inmersos en una revolución tecnológica –la de la economía digital, sustentada en las tecnologías de la información y la comunicación, la robotización, la inteligencia artificial, el manejo de bancos de datos, etcétera– cuya trayectoria y etapas subsecuentes plantean incertidumbres. En ese contexto, reconocemos impactos favorables así como también disruptivos sobre la vida cotidiana, y el futuro del trabajo –y el trabajo del futuro– se instala como una problemática desafiante que alcanza incluso a los discursos electorales.

Pero hay otro componente del nuevo paradigma técnico-productivo del que poco se habla; estando en plena emergencia, quizás sólo con miradas prospectivas profundas se pueda visualizar su implícita potencialidad. Nos referimos a la bioeconomía circular, a veces denominada economía circular o verde, que incluye la producción de recursos biológicos renovables y la conversión de estos recursos y flujos de desechos en productos de valor agregado como alimentos, materiales y energía, y que en general compiten con los de base en recursos fósiles y pueden terminar reemplazándolos.

De consolidarse esa trayectoria, a la vez de garantizar la seguridad alimentaria de la población mundial, se contrarrestarían factores subyacentes al cambio climático y se daría sustentabilidad ambiental al desarrollo humano. La hibridación de la revolución digital con la bioeconomía permitiría un futuro más venturoso, y no es casual que recientemente muchos gobiernos hayan comenzado a incluir la bioeconomía dentro de sus planes estratégicos generales o específicos. En nuestro país, desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) se ha estado trabajando en ese sentido, y existe también un ámbito interministerial que está diseñando actualmente una estrategia nacional.

Bioeconomía y biorrefinerías

Hay antecedentes históricos lejanos de utilización de sustancias como el alquitrán o similares, pero recién en los siglos XVIII y XIX comenzó y se desarrolló la prospección del petróleo y su uso energético. Durante el siglo XX, sustentada en ese recurso, explotó la petroquímica, es decir la industria química transformadora del petróleo crudo en productos o materias primas de uso variado, entre ellos los plásticos sintéticos. Esa expansión en la vida cotidiana se ha vuelto un búmeran, que está en la base del fenómeno del cambio climático y de la contaminación ambiental y pone en riesgo nuestro propio futuro civilizatorio.

Así como el petróleo es la materia prima de las refinerías tradicionales, la biomasa lo es de las que se denominan biorrefinerías. Estas utilizan recursos biológicos como cultivos, así como residuos orgánicos de origen agrícola, ganaderos, forestales, industriales o urbanos, e incluso microalgas.

Según la Real Academia Española, la biomasa es “la materia total de los seres que viven en un lugar determinado”, pero esa definición no debe limitarse a los organismos vivos. Ejemplo típico es la madera. Precisamente, la bioeconomía de base forestal es uno de los subsectores más importantes de la bioeconomía, e incluye distintas cadenas y productos. Las más conocidas son la bioenergética en sus diversas formas, la celulósica-papelera y la relacionada con lo constructivo. Pero existe también toda una potencialidad de desarrollo en los llamados biomateriales y bioproductos, un campo aún desconocido.

Dado que la biomasa es el sustrato central sobre el que se apoya la bioeconomía, su desarrollo puede constituir una oportunidad, a ser tomada o no, de reindustrialización para los países productores de commodities biológicos como los de nuestra región. Si nos miramos en el espejo de nuestra historia y recordamos nuestras exportaciones de fibras (por ejemplo, tops de lana) para que otros elaboraran productos con mayor valor (por ejemplo, casimires), es dable preguntarse si seremos meros productores de biomasa o si la utilizaremos para agregarle valor. Hay otro aspecto interesante para considerar: las biorrefinerías tienden a ser ubicadas en las proximidades de la fuente de biomasa, por un tema logístico.

Nuestro país se ha ido posicionando internacional y regionalmente en un lugar relevante en relación a la cadena forestal-maderera a partir de la instalación de las actuales dos plantas de celulosa, y el posicionamiento se consolidará con la tercera. También el subsector de la madera mecánica ha tenido su desarrollo. Si no queremos restringir nuestra participación a los eslabones que producen menos valor debemos tener una potente proactividad nacional, y el rol del Estado debe ser central y estratégico. Es un caso típico en el que el mercado no será “el mejor asignador de recursos”, porque en la actualidad la investigación y el desarrollo (I+D) que dan sustento a las innovaciones se realizan en los centros rectores de las cadenas globales de valor, pues ahí se encuentran la infraestructura y el capital humano necesario.

Debemos ser capaces –y sinceros al momento de alcanzar acuerdos– de sostener que en función de nuestra política pública de desarrollo, instrumentaremos procesos de absorción tecnológica y de construcción de capacidades propias asociadas a los emprendimientos que se radiquen, y en eso no debería haber dos opiniones.

Fondos soberanos y sectoriales

El desarrollo que ha tenido la cadena forestal ha promovido propuestas similares a las utilizadas en otros países cuando alguna materia prima cobró mucha centralidad en su economía. El grupo político Navegantes propuso, por ejemplo, citando esos antecedentes, “que se destine un porcentaje importante de los recursos que generará esta nueva planta para el Estado, y de las otras dos ya existentes, a la creación por ley de un Fondo Soberano” con el objetivo de atender problemáticas medioambientales.

Varios países tienen “fondos soberanos”, que son instrumentos estatales, con gobernanza propia, conformados por activos financieros nacionales o internacionales. Su capital proviene generalmente de la exportación de materias primas –petróleo, minerales– y se colocan en inversiones de distinto tipo (bonos, acciones, o incluso en propiedades inmobiliarias) fuera del país. Los objetivos de los fondos son variados: de estabilización frente a bruscas variaciones del precio del commodity involucrado; de ahorro para mitigar la llamada enfermedad holandesa, un crecimiento sectorial altamente desbalanceado; de financiación de determinados proyectos socioeconómicos o de políticas industriales.

Como ejemplos destaquemos dos: el noruego, de los mayores y creado en 1990 tras descubrirse enormes yacimientos petroleros en el Mar del Norte, y el chileno, reformulado en 2007 por la presidenta Michelle Bachelet, capitalizado con rentas empresariales, impuestos inmobiliarios de la gran minería privada y excedentes de las empresas públicas mineras. El modelo noruego está dividido, lo que posibilita invertir tanto en el mercado financiero internacional como localmente en acciones de empresas noruegas que cotizan en la bolsa. En el caso del chileno, los recursos obtenidos son de disponibilidad, en determinadas condiciones, de las autoridades gubernamentales, y permiten, por ejemplo, amortiguar desbalances presupuestarios imprevistos y amortizar intereses de deuda pública.

Cabe consignar que hay diferencias nada menores entre el fondo propuesto para la cadena forestal y los antecedentes citados. En primer lugar, la materia prima involucrada, a diferencia de la biomasa, no es renovable, por lo cual se introduce otro objetivo, además de los mencionados, que es el de garantizar un uso intergeneracional de los réditos de un bien finito. Además, los fondos noruego y chileno funcionan como estabilizadores y fuentes de reservas, otro elemento que diferenciaría el propuesto de un clásico fondo soberano de inversión.

Sin embargo, el planteo de invertir las regalías obtenidas en una dirección sectorial específica sigue siendo muy válido. Al respecto, existen otro tipo de experiencias, los llamados fondos sectoriales, que ya se han establecido en varios países latinoamericanos. Tienen como característica focalizar la investigación e innovación en determinadas áreas. Tanto en México como en Brasil existe desde inicios del siglo una veintena con temáticas, que van desde lo energético a lo agropecuario, pasando por la salud, la informática, la aeronáutica, entre otras. En ambos países la financiación está establecida legalmente y proviene de recursos nacionales –por ejemplo, empresas petroleras– o de impuestos sectoriales. Por su parte, en Argentina, su creación en 2007 estuvo asociada a créditos solicitados a la banca internacional de desarrollo.

En nuestro país se comenzaron a crear en 2008, por parte de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y los primeros concretados fueron el Fondo Sectorial de Energía, en acuerdo de cofinanciación con UTE y ANCAP, y el Fondo Innovagro, en acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). En estos fondos, además de comités científicos tradicionales evaluadores de la calidad de los proyectos, existen comités de agenda para priorizar temáticas en los que participan los cofinanciadores y los ministerios involucrados. Pueden ser excelentes instrumentos para desarrollar áreas débiles o emergentes. Por ejemplo, las publicaciones indexadas sobre energía de científicos nacionales se quintuplicaron en diez años, e indudablemente esto estuvo relacionado con la iniciativa.

El Fondo Sectorial de Innovación Forestal

Es claro que la preocupación prospectiva sobre la bioeconomía forestal ha estado presente durante el proceso de negociación realizado con UPM. Da cuenta de ello la existencia de una sección específica en el acuerdo por la que se crea el denominado Fondo Sectorial de Innovación. Este fondo tiene por objeto, además de financiar becas de posgrado y proyectos de investigación e innovación, crear centros tecnológicos, uno forestal-maderero, otro en bioeconomía y un tercero de desarrollo empresarial, además del Programa de Proveedores Nacionales.

A partir del año 2020 UPM le aportará al fondo un millón y medio de dólares anuales durante 23 años. Se puede considerar que el monto anual acordado es magro, y así lo pensamos, para los objetivos planteados, particularmente en esta fase fundacional, pero reconozcamos que es un aspecto parcial dentro de lo que se constituyó en una negociación compleja de la inversión extranjera directa más grande en nuestra historia. Hay que fortalecer ese fondo financieramente desde ya.

Se tiene que progresar rápidamente respecto de los centros tecnológicos enunciados, relevando infraestructuras y capital humano. Esos estudios casi siempre muestran que poseemos más capacidades que las vaticinadas, pues los archipiélagos y las desarticulaciones son fallas frecuentes del Estado. En lo que respecta al eje forestal-maderero ha habido avances, poco difundidos, como es el consorcio para la investigación e innovación forestal constituido recientemente entre el INIA, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay y la Sociedad de Productores Forestales. Es un área que parece poco disruptiva, pero que puede tener interesantes implicancias sobre la tecnología de la madera y sus usos actuales y potenciales, por ejemplo en viviendas. Hay reclamos para resolver problemas de acceso habitacional. Sin querer emular hoy a los países nórdicos, donde hay edificios de hasta 18 pisos erigidos completamente en madera, cabe preguntarse si la construcción con ese material no deberá ser una de las soluciones de corto plazo.

Por su parte, para incorporarnos al nuevo paradigma tecnoproductivo desde la bioeconomía forestal, debemos reconocer que son procesos de maduración lenta y que obligan a una acción persistente. El sector productivo implicado, por sus características y las inversiones en curso, garantiza nuestro involucramiento como país por décadas.¹ Es necesario que todo el trabajo prospectivo realizado hasta la fecha sea volcado a los potenciales actores, sean estos científicos, empresariales, sociales, políticos. Entendemos que la OPP hará esto a la brevedad.

En definitiva, el complejo forestal, una realidad en expansión en el país, se nos presenta con un abanico de oportunidades de corto y largo plazo, en el marco de un deseado cambio de la matriz productiva que implique agregarle más valor a nuestros bienes y servicios. Tenemos que asumirlo y trabajar para que los réditos sean positivos en todos los planos, los medioambientales obviamente incluidos en primer lugar. De nuestra voluntad de plantearnos el desafío y actuar en consecuencia dependerá el resultado.

Edgardo Rubianes es doctor en Biología y fue presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.