No sabemos aún si corresponden a una persona detenida y desaparecida los restos hallados esta semana en el área donde funcionaron, durante la dictadura, el Batallón de Infantería Blindado Nº 13 y el centro clandestino de detención llamado “300 Carlos” o “Infierno grande”. De todos modos, el acontecimiento vuelve a poner sobre la mesa cuestiones fundamentales, y parece necesario reiterar algunas precisiones.
A veces ganar en amplitud implica perder en profundidad. Ahora desde todos los partidos se reconoce la necesidad de continuar con la búsqueda, y se declara la voluntad de hacerlo. Esto es un avance considerable desde las posiciones que se plantearon durante muchos años, negando los crímenes cometidos, poniendo en duda su existencia, descartando la posibilidad de esclarecerlos o abogando por la presunta conveniencia, para nuestro futuro, de dejar atrás lo que sucedió. No hace tanto que se insistía sobre la necesidad del olvido o el perdón genérico a quienes ni siquiera lo han pedido, amparados en el anonimato impune y sin aportar al conocimiento de la verdad.
El cambio en las actitudes partidarias es valioso, pero en varios casos apenas se dice que el Estado tiene una obligación con los familiares de las víctimas, que a veces se fundamenta sólo en la sensibilidad ante su desgracia, como si el único resultado deseable fuera brindarles un mínimo consuelo.
Los acontecimientos históricos no son simples anécdotas: se investigan para comprenderlos y aprender de ellos; es preciso evaluar sus antecedentes, su contexto y sus efectos a mediano y largo plazo. El terrorismo de Estado tuvo causas, y la extensión de su impunidad tiene consecuencias. Como sociedad, nos debemos explicaciones sobre los intereses que se defendieron mediante aquellos crímenes, los procesos ideológicos que los habilitaron, las complicidades y los encubrimientos más allá de quienes dieron y cumplieron órdenes. Son necesidades básicas para la prevención, presente y futura.
Son fuerzas sociales tenaces las que determinan que ningún candidato a la presidencia de la República pueda hoy desentenderse del reclamo de verdad y justicia.
Hay una oscuridad que subyace a nuestra historia desde hace décadas, y su mensaje implícito nos envenena: en este país es posible cometer las peores aberraciones sin afrontar consecuencias penales; las víctimas de atrocidades pueden quedar indefensas. Quizá las quejas por la inseguridad pública y jurídica se quedan demasiado cortas; quizá no percibimos algunos motivos de que la vida y el respeto por las normas básicas de convivencia se hayan devaluado.
Las responsabilidades no se limitan al Estado o a los gobernantes, hay una dimensión social ineludible. En la sociedad se desarrollaron los conflictos que llevaron a la dictadura, y las resistencias que le pusieron fin; ella fue la víctima, y sostuvo luego el reclamo de verdad y justicia, cuando la mayor parte del sistema partidario le daba la espalda. Son fuerzas sociales tenaces las que determinan, hoy, que ningún candidato a la presidencia de la República pueda desentenderse del asunto. Fuimos nosotros los golpeados, y de nosotros depende recuperarnos, desenterrarnos, reaparecer. Son nuestros los restos. Todos somos familiares.