Lavando culpas con la Amazonia: la justicia ambiental y el acuerdo UE-Mercosur

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La irrupción de incendios en la región de la Amazonia que comparte Brasil con otros ocho países generó reacciones en las más altas esferas de gobiernos europeos y latinoamericanos. Ningún presidente ni autoridad de alto rango quiso quedar fuera de la expresión de preocupación y la demanda por acciones que resuelvan la situación y garanticen la reparación.

Diferentes movimientos sociales y organizaciones ambientalistas también –e incluso antes– han alzado su voz frente a estos hechos apuntando principalmente al sistema capitalista como causa principal y estructural de la crisis climática que vivimos a nivel global, y a las políticas neoliberales y racistas de Jair Bolsonaro que promueven el avance de los agronegocios y la expansión de la frontera agrícola y la minería en la Amazonia, al tiempo que niega los derechos de los pueblos indígenas y desmantela la política ambiental.

La diferencia entre unos y otros es que movimientos sociales y organizaciones ambientales llevan décadas de preocupación por la cuestión ambiental y años de denuncias en organismos internacionales por la violación a los derechos humanos en los territorios, que amenaza no sólo la justicia ambiental, sino la vida de las comunidades que viven allí.

La mejor forma que encontraron representantes y autoridades europeas para hacer frente al negacionismo ambiental del gobierno de Bolsonaro fue echar mano del acuerdo recientemente alcanzado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, amenazando con el bloqueo o la no ratificación del acuerdo. Por supuesto que las negociaciones comerciales pueden servir para exigir compromisos en pos de la justicia ambiental. Pero nada de esto está dispuesto de esa manera en el acuerdo. Mejor dicho, en su capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, registra el reconocimiento de que las dimensiones económicas, sociales y ambientales son interdependientes y se refuerzan mutuamente en un desarrollo sostenible (artículo 1º, párrafo 3). Lo que el acuerdo no explicita es cómo las materias duras dedicadas a los compromisos en materia de acceso a mercados, bienes y servicios, propiedad intelectual, empresas del Estado, entre otros, van a contribuir a alcanzar un desarrollo sustentable, si es que podrán contribuir en algo.

Como ya se ha dicho en diversas oportunidades, las agendas comerciales que hoy impulsan los acuerdos en negociación atacan la potestad regulatoria del Estado, liberando de regulaciones y controles a la actividad empresarial, fundamentalmente extranjera, que ingresaría con la liberalización propuesta por el acuerdo. Este “preacuerdo” en materia comercial, que fuera celebrado vivamente por autoridades nacionales de casi todos los países de ambas regiones, es fiel representante de estas nuevas tendencias regulatorias en los acuerdos comerciales, y contradice cualquier voluntad de atender la emergencia climática y los derechos humanos. El mismo “preacuerdo” comercial dedica el artículo 6º del capítulo sobre comercio y desarrollo sustentable a aspectos de comercio y cambio climático. Este artículo contiene –literalmente– cuatro escasos párrafos de mención a la preocupación por el cambio climático, reafirmando con letra no vinculante algunos de los muy débiles compromisos del Acuerdo de París.

Para empezar, poco se conoce sobre los compromisos asumidos en el acuerdo UE-Mercosur, pues los anexos y listas no fueron liberados públicamente. Se desconoce incluso el estatus actual del acuerdo, ya que existen interpretaciones contradictorias sobre los procedimientos y pasos exactos que faltan para la firma y ratificación final del acuerdo en su capítulo comercial. Esta contradicción y falta de claridad aportan a las tesis del secretismo y la confidencialidad para salvaguardar las negociaciones intentando imponer una fórmula que puede menoscabar las potestades del Parlamento, sacrificando así (potencialmente) nada más ni nada menos que la deliberación democrática.

De lo que sí se conoce del acuerdo, que fue presentado en julio primero por la cancillería de Uruguay y luego por otras autoridades de la región y de países europeos, quedan enormes dudas sobre diversos temas sensibles para la justicia ambiental, económica y social. Existen además incongruencias entre los contenidos de las versiones en inglés y en español del resumen ejecutivo del acuerdo. Las incongruencias existen en los plazos de liberalización para alcanzar las 99.000 toneladas de carne: las versiones en español hablan de cinco fases anuales y las versiones en inglés, de seis. Es decir que recién dentro de cinco (o seis) años el Mercosur completará la venta de 99.000 toneladas de carne a la UE. No hay mención sobre cómo se distribuirán esas 99.000 toneladas de carne entre los países del Mercosur. El gobierno uruguayo estima que los beneficios pueden ubicarse entre 40 y 70 millones de dólares por año, pero se desconoce sobre qué proporciones de las 99.000 toneladas se calculan esos beneficios, y no existen menciones a costos.

Algo similar sucede con los productos del arroz y la miel, para los cuales las fases para alcanzar las cuotas liberalizadas por la UE son de cinco años en las versiones en español, mientras que en las versiones en inglés son de seis años. Tampoco se hace mención a la distribución dentro del Mercosur. Asimismo, estamos en todos los casos hablando de cuotas. No es una liberalización total del producto, es una liberalización topeada a una suma puntual de toneladas. El sector lácteos merece una mención especial por la sensibilidad que genera en Uruguay y porque ha sido un interés defensivo, en parte porque el sector lácteo europeo está fuertemente subsidiado, y gracias a los subsidios estatales que recibe tiene la productividad y competitividad que le permiten no sólo abastecer el mercado interno sino también exportar. En el acuerdo comercial (y en esto ambas versiones, en inglés y en español, dicen lo mismo) ambas regiones se otorgan de forma recíproca cuotas de acceso a leche en polvo (10.000 toneladas), fórmula infantil (5.000 toneladas) y quesos (30.000 toneladas). En los tres productos se plantea una fase de cobertura de la totalidad de la cuota a diez años, a partir de los actuales aranceles, hasta alcanzar el arancel cero al final de la década. En la versión en español difundida por el gobierno uruguayo no hay estimaciones sobre los beneficios para el país, ni tampoco estimaciones de cómo esto afectará a un sector que presenta en la actualidad enormes problemas para subsistir.

Los subsidios que la UE otorga a su producción agrícola están fuera de discusión en este acuerdo. No discutir su política de subsidios en los acuerdos que negocia bilateralmente y relegar esa discusión al espacio multilateral de la Organización Mundial de Comercio (OMC) es una decisión histórica de la UE, que contraviene por la vía de los hechos normas medulares del comercio internacional. Además, es sumamente hipócrita que una región que se ampara fuertemente en el apoyo estatal para su producción agrícola restrinja esta posibilidad a otros países en desarrollo en la producción industrial, como efectivamente ocurre en este acuerdo con el Mercosur. He aquí una de las mayores injusticias de la división internacional del trabajo y las asimetrías que operan en las negociaciones comerciales que estas agendas comerciales ni reconocen ni buscan corregir. En la base de esta injusticia está el derecho al desarrollo que algunos –el mundo industrializado– poseen y niegan sistemáticamente a otros –el mundo en desarrollo–.

Frente a la devastación de la Amazonia, muchos se disfrazan de ambientalistas dispuestos a la huelga de hambre para salvar la biodiversidad de la región. Pero no podemos olvidar que ese traje les queda muy grande a gobiernos que hoy alzan la voz de denuncia pero callaron cobardemente cuando la democracia era golpeada en Brasil y se derrocó una presidenta y encarceló sin pruebas al candidato con grandes chances de ganar las elecciones en 2018. Tampoco alzaron su voz y amenazaron con detener las negociaciones cuando asesinaron a Marielle Franco y a otros activistas ambientalistas e indígenas, o cuando Bolsonaro, ya en el poder, redujo la institucionalidad y la protección medioambiental de forma agresiva, levantando los controles y la fiscalización que antes existían para evitar la deforestación y la tala legal e ilegal a manos del agronegocio nacional y transnacional.¹ De la misma manera, no se hicieron eco cuando muchas voces de la sociedad civil europea² y latinoamericana³ alertaba del altísimo riesgo que implicaba el acuerdo UE-Mercosur en términos de la deforestación de la Amazonia y el desplazamiento forzado de la población mayoritariamente indígena que la habita.

Detrás del negacionismo ambiental del gobierno de Bolsonaro se esconden el odio de clase, el racismo, la xenofobia, el machismo y la misoginia. Estas perspectivas son las que dieron lugar a expresiones conservadoras y regresivas en términos de derechos humanos, como la reforma laboral implementada, la reforma de la seguridad social que se quiere imponer o, antes incluso de que asumiera Bolsonaro, el congelamiento de la inversión pública por 20 años.

Bueno hubiese sido escuchar a mandatarios de gobiernos europeos alarmarse por este enorme retroceso de la democracia y de la protección de los derechos fundamentales. Si existiera una verdadera preocupación por el medioambiente, no se propondrían las agendas comerciales y regulatorias que se introducen con estos acuerdos. Tampoco se pondría en entredicho el ejercicio pleno de las potestades parlamentarias y las garantías de debate democrático. Si lo que queremos es ocuparnos tanto como nos preocupamos por el medioambiente, podríamos comenzar por discutir las razones que nos llevaron a esta crisis climática y allí entenderíamos que no saldremos de este problema si se sigue insistiendo en fomentar e incrementar las mismas actividades sobreexplotadoras de recursos y seres humanos que nos llevaron en primer lugar a esta y otras crisis contemporáneas para el solo beneficio del capital transnacional. Como afirma Amigos de la Tierra Brasil, “lo que hace quemar la Amazonia es el capitalismo neoliberal”.⁴

Natalia Carrau es integrante de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay.