Otra mirada sobre la responsabilidad del FA en la aparición de Cabildo Abierto

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Este pequeño texto es un diálogo-discusión con una nota publicada el sábado 7 de setiembre, titulado “La candidatura de Manini Ríos es un invento del FA”

En Uruguay se está desarrollando un fenómeno similar a otros en el resto del mundo (aparición de grupos de derecha y apoyo de la ciudadanía a estas opciones), que, sin embargo, tiene sus particularidades. La dictadura en nuestro país marcó la consolidación del proyecto del capital. Para hacer posible esta situación reprimió y desapareció a luchadores sociales y políticos que estaban convencidos de que se debía tomar otro camino económico, político, social y cultural.

El proyecto del capital fue instalado a sangre y fuego. Y a este elemento hay que agregar otro: la transición de la dictadura a un régimen posdictadura fue compleja.¹ El punto central que quedó como consecuencia de la dictadura fue qué hacer con los perpetradores de crímenes de lesa humanidad (militares, policías y civiles adjuntos a las fuerzas represivas). Sin entrar en detalles de este complejo proceso, podemos decir que existía un sector político que defendía lo realizado durante el proceso dictatorial (pachequismo). Esto ocurrió hacia 1985, pero ya en 1986 el presidente Julio María Sanguinetti viró su discurso y su accionar y comenzó una defensa de quienes habían cometido crímenes en el marco del terrorismo de Estado. La acción más clara de la defensa de lo realizado por la dictadura fue la aprobación de la Ley 15.848, conocida popularmente como “ley de caducidad”. En concreto, esta ley determinó que la Justicia no actuara sobre los responsables de crímenes de desaparición de personas, asesinatos, secuestros, etcétera.

Los sectores de derecha más conservadores se vieron representados en esta acción. Sanguinetti encontró apoyó en buena parte del Partido Nacional (no en todo el partido), y la ley fue plebiscitada y ratificada en 1989 con 56% de los votos. Desde 1986 hasta 1989, la defensa del gobierno a estos sectores de derecha fue clave y se utilizaron todos los resortes del gobierno y del Estado para ampararlos.

Después del plebiscito, este problema heredado de la dictadura desapareció prácticamente del campo político (con el constante resguardo de los gobiernos de turno). Hacia 1995 se retomó con intensidad en las organizaciones sociales que reclaman por verdad y justicia, y lentamente se colocó nuevamente en la agenda pública.

En 2005 se produjo un cambio histórico en la política del país. Por primera vez, el Frente Amplio (FA) accedía al gobierno. Dicha fuerza política mantenía entre sus dirigentes y militantes de base a muchos ex presos políticos y exiliados durante la dictadura. Pero en 2004, durante una discusión interna sobre qué hacer con la ley de caducidad y con los responsables de esos delitos, triunfó la propuesta de no innovar, es decir, de no derogar la ley. Los militares y los sectores de derecha se sentirían resguardados por el nuevo gobierno. Sin embargo, y pese a esta decisión, se cumplió con el artículo 4º de la ley y se investigó y se procesó con prisión a algunos responsables de esos crímenes. Esto ocurrió entre 2005 y 2010.

Pero hubo marchas y contramarchas en este tema. Se dieron discusiones respecto del pasado reciente que no deben pasar inadvertidas para quien quiera entender realmente el porqué de la aparición de Cabildo Abierto (CA) (y no solamente para intentar ganar algún voto). Una gran contramarcha fue la propuesta denominada “Nunca más” en 2007. Allí se intentó establecer el “Nunca más hermano contra hermano”, “Nunca más uruguayo contra uruguayo”. Este confuso mensaje, que quedó circulando en el imaginario colectivo, fue cuestionado por distintas organizaciones sociales y especialistas en la temática de la historia reciente. El impulso del gobierno fue contradictorio y la señal no fue clara para la sociedad.

A esto hay que agregar dónde se hizo esa invitación: en el edificio denominado Libertad (por Sanguinetti), la ex casa de gobierno. Ese edificio fue construido en la década de 1970 por los militares, con el fin de ser utilizado como sede del Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Es decir que en la historia mitológica nacional (historia simbólica por excelencia, en la que se refleja la nación), se proclamó que nunca más existiera una lucha de hermano contra hermano (esa es la invención de la nación, la igualación de todos los habitantes de un territorio), en un lugar construido y diseñado por los militares.

Y a esto hay que sumar otro elemento simbólico muy potente. El día en el que se realizaría esa conmemoración del “Nunca más” sería el 19 de junio: día del natalicio del padre de la patria (día clave en la historia mitológica nacional), y hubo referencias del presidente Tabaré Vázquez a la figura del prócer. Tras las duras críticas recibidas, el acto fue más modesto de lo que se había pensado. Igualmente, en 2007 existió un acto simbólico de una entrega floral al prócer de la patria, y allí se fundieron en un abrazo el hoy extinto líder del Partido Colorado y el hijo del dictador Juan María Bordaberry.

Este doble movimiento alegórico, buscado o no, colocó al Ejército en un lugar de privilegio en el imaginario nacional, lo situó en el centro de ese relato. Y como es evidente, CA utiliza la figura de Artigas (no así el proceso histórico que lo tuvo –al decir de José Pedro Barrán– “como conductor y conducido”) para aprovechar ese potencial simbólico. Como vemos, no parece casual la aparición de esta fuerza política.

En 2011 hay un viraje profundo en la relación con el Ejército. Se brinda la responsabilidad política del MDN a Eleuterio Fernández Huidobro, quien desde 2004 (por lo menos) defendía la tesis de no innovar en materia de crímenes de lesa humanidad. Desde ese momento se pusieron todo tipo de trabas para la búsqueda de la verdad y la justicia. Reafirmamos entonces que los sectores de derecha tenían quién los protegiera, y esta vez desde el gobierno del FA.

En 2016 falleció Fernández Huidobro, y esa defensa que tenían los militares se vio huérfana. Es por eso que emprenden una nueva forma de representación, colocando a un general como líder de un partido político con claros posicionamientos de derecha.

Todos estos aconteceres palaciegos y montevideanocéntricos dejan sabor a poco y no van a la hondura del problema. Quizá las respuestas a la razón del apoyo obtenido por CA deban buscarse en la realidad que se vive en la sociedad, y especialmente en los sectores más vulnerables y en los sectores más conservadores ideológicamente. En esos barrios y en los departamentos en los que CA tuvo mayor apoyo (Artigas, Cerro Largo y Rivera) también aparecieron como hongos después de la lluvia las iglesias más conservadoras. Es ahí donde muchos habitantes de estas zonas encuentran respuesta a sus necesidades insatisfechas y se socializan, encontrando un centro de referencia. Esta dinámica de las religiones tampoco es local, sino que se trata de una fuerza regional. Algunos consideran que, como no obtuvieron una buena votación en el prerreferéndum contra la Ley Integral para Personas Trans, no hay que darles importancia. Pero es ahí, en la sociedad, donde comienza a ganar terreno la derecha.

En este proceso complejo es que tenemos que pensar si queremos entender el porqué de la aparición de este partido conservador. Claro que una lectura autocomplaciente y sólo preocupada por las elecciones deja de lado este problema, pues, en definitiva, estaría derribando los relatos que afirman que desde 2005 Uruguay es un país magnífico.

Héctor Altamirano es docente de Historia.