“Raíces indígenas: pasado, presente y futuro” fue el lema del Día del Patrimonio de este año. El nombre es muy sugerente, porque existe una controversia y construcción histórica muy subjetiva que expone una tensión histórica estructural. El lema no es neutro; interpela directamente la construcción de la historia oficial realizada por los sucesivos sectores de poder.
La ocupación humana de la macro etnia charrúa y otros pueblos originarios en este territorio no comenzó -como plantean los relatos coloniales- con 5.000 personas afincadas, ni con la fundación de la Colonia del Sacramento por los portugueses, ni con la fundación de Santo Domingo Soriano por los jesuitas como asentamiento de Chanaes en 1624. Reducir la historia indígena a estos hitos occidentales responde a una lógica de legitimar el relato condicionado por el control estatal y religioso.
La antropología clásica catalogó a estas parcialidades bajo la etiqueta genérica de "nómadas", por eso la necesidad de asentarlos. Sin embargo, la evidencia arqueológica contemporánea demuestra que el nomadismo respondía a un patrón estacional planificado dentro de fronteras territoriales definidas. Este manejo del espacio garantizaba el acceso a recursos mediante la caza y la recolección, con indicios, en los cerritos, de una producción agrícola incipiente.
Esta organización comunitaria basada en la movilidad funcionó como una barrera efectiva contra los primeros intentos de asentamiento europeo. Durante los dos primeros siglos de la colonización de esta zona, la macro etnia charrúa impidió el afincamiento definitivo en el interior de la campaña. Este equilibrio de fuerzas cambió drásticamente con la introducción masiva del ganado vacuno, cuya explotación extensiva reconfiguró la geografía económica y social de la Banda Oriental, transformando la disputa por el espacio en un botín preciado para los conquistadores.
El proceso de ocupación europea en la región se inició con la expedición de Juan Díaz de Solís en 1516. Tras el enfrentamiento que costó la vida al conquistador, el grumete Francisco del Puerto permaneció diez años conviviendo con los nativos, asimilando su lengua, pautas culturales y geografía. En 1527, Sebastián Gaboto lo incorporó a su expedición como traductor y guía, motivado por los informes de Del Puerto que validaban la existencia de la "Sierra de la Plata".
A partir de este punto se desencadenó la secuencia de instalaciones precarias en la cuenca del Plata:
7 de abril de 1527: Gaboto fundó el Fuerte San Lázaro en la ribera oriental, cerca del actual arroyo Las Vacas (Carmelo), constituyendo el primer asentamiento europeo en el área.
Mayo de 1527: Mientras Gaboto avanzaba por el Paraná, Antón de Grajeda estableció el Fuerte San Salvador en la desembocadura del río homónimo.
9 de junio de 1527: Se fundó el fuerte Sancti Spíritus en la confluencia de los ríos Carcarañá y Coronda. En agosto, la guarnición de San Lázaro fue desmantelada para concentrar las fuerzas en esta nueva posición.
Primeros meses de 1528: La expedición avanzó hacia el norte, cruzando asentamientos indígenas en el Paraná medio hasta llegar a "Santa Ana" (Itatí, Corrientes). Al verse impedidos de avanzar por los Saltos de Apipé, iniciaron el retorno. El 31 de marzo de 1528, un contingente liderado por Miguel de Rifos ingresó al río Bermejo, donde sufrió una emboscada total por parte de las comunidades locales. Las crónicas atribuyeron el desenlace a una maniobra de Francisco del Puerto, quien desapareció definitivamente del registro histórico colonial.
Este período inauguró una constante histórica: el uso de las tácticas de guerra no convencional de los indígenas por parte de las élites conquistadoras para resolver disputas de tierras y sus fronteras. Las potencias coloniales subordinaron a los pueblos originarios mediante alianzas asimétricas o represión. España recuperó Colonia del Sacramento de manos portuguesas utilizando un ejército compuesto mayoritariamente por guaraníes misioneros. Esta misma fuerza militar fue empleada por el gobernador de Buenos Aires, Bruno Mauricio de Zabala, en 1735 para reprimir a los comuneros del Paraguay. Asimismo, las autoridades coloniales fomentaron activamente conflictos intertribales para desgastar la demografía nativa; la administración portuguesa incitó a Yaros, Boanes y Charrúas a atacar las misiones jesuíticas en 1701, 1707 y 1798.
La ocupación humana de la macro etnia charrúa y otros pueblos originarios en este territorio no comenzó -como plantean los relatos coloniales- con 5.000 personas afincadas, ni con la fundación de la Colonia del Sacramento por los portugueses, ni con la fundación de Santo Domingo Soriano por los jesuitas como asentamiento de Chanaes en 1624.
Las misiones operaron, en la práctica, como un reservorio de mano de obra y milicias armadas que las Coronas drenaban para expediciones punitivas contra los grupos denominados "indios infieles". Historiadores como Guillermo Furlong documentaron este estado de movilización forzosa y las insurrecciones periódicas que afectaron al virreinato, como el alzamiento calchaquí (1631-1657), los estallidos en Cuyo (1632, 1658, 1659) y las hostilidades de pampas, tehuelches y charrúas entre 1741 y 1749.
En el marco de estas guerras fronterizas, existen registros de contingentes charrúas y guaraníes operando en las milicias que repelieron las invasiones inglesas en Buenos Aires, integrados en tácticas de guerrilla junto o bajo las órdenes de Artigas, designado por Liniers. La convocatoria de combatientes pampas, calchaquíes y charrúas obedecía a razones estrictamente tácticas: su dominio de la movilidad en el terreno y el hostigamiento rápido eran funcionales a los intereses de la élite de poder blanca, eurocéntrica y mercantil que controlaba los centros urbanos y saladeriles. Su utilidad cesó una vez resuelta la emergencia militar.
El proceso revolucionario de 1811 y la posterior conformación del Protectorado de los Pueblos Libres (1815-1820) modificaron temporalmente esta relación de subordinación instrumental. El proyecto político de Artigas incorporó a los indígenas como combatientes armados, aliados estratégicos y adjudicatarios de tierras, otorgándoles reconocimiento político y territorial en el marco de la guerra contra España, Portugal y el centralismo de Buenos Aires.
Un contingente de jinetes charrúas formó la guardia personal del prócer y actuó como fuerza de choque en batallas clave, los pueblos originarios participaron masivamente en hitos como el Éxodo Oriental (1811) y la "admirable alarma". En particular, conformaron un ejército popular junto a mujeres, gauchos y esclavos libertos.
Pero la relación y la confianza venía de antes, ya en el campamento del Cerrito en el sitio a Montevideo el cura Bartolomé Muñoz apunta en su diario: “El 26, amanecieron formadas las tropas de infantería en toda la línea del sitio. Eran las 12 cuando llegaron los generales. Cien indios charrúas cerraban la retaguardia”.
En este ejército de composición popular, las diferentes tribus y grupalidades funcionaron como fuerzas de choque y unidades de custodia directa debido a sus capacidades operativas a caballo y conocimiento del terreno. Además de las tácticas de defensa.
En este contexto se inserta el liderazgo de Andresito, comandante guaraní y colaborador directo de Artigas, quien articuló la defensa militar de la frontera oriental y la región mesopotámica frente a la invasión luso-brasileña y las incursiones porteñas.
La derrota del proyecto federal artiguista y su posterior exilio desmantelaron este marco de alianzas. Para la élite patricia, terrateniente y comercial que estructuró el Estado independiente a partir de 1825, las comunidades indígenas autónomas y armadas representaban un factor de inestabilidad política y un obstáculo directo para la consolidación de la propiedad privada de la tierra y el desarrollo del modelo agropecuario latifundista. La necesidad de asegurar las fronteras internas para la explotación económica derivó en el exterminio militar de 1831 (Salsipuedes). Este evento, considerado un verdadero genocidio, buscó la eliminación física y la dispersión forzosa de la macro etnia charrúa, sentando las bases del relato oficial de un Uruguay demográficamente homogéneo y de matriz exclusivamente europea. El tan conocido “país sin indios” por el que se intentó también su desaparición cultural.
A pesar de las políticas de invisibilización estatal, el legado de estos pueblos persiste bajo una doble dimensión en la sociedad contemporánea. Por un lado, existe una apropiación cultural por parte del relato nacionalista que asimiló la expresión "garra charrúa" de forma metafórica para definir la resiliencia en el plano deportivo o civil, disociándola de sus causas históricas reales. Por otro lado, el panorama actual presenta un movimiento social organizado de colectivos de descendientes que rechazan la consideración de los pueblos originarios como un elemento extinto del pasado.
La conmemoración del Día de la Nación Charrúa cada 11 de abril opera como un espacio de articulación política. Las demandas actuales de estas organizaciones civiles se centran en el reconocimiento de la preexistencia étnica y la visibilización demográfica en los registros estatales; la denuncia por el despojo histórico de los recursos y el territorio; y la exigencia al Estado uruguayo para la firma y ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. La ratificación de este instrumento jurídico internacional constituye el principal eje de disputa política actual, ya que obliga al Estado a reconocer derechos colectivos, consulta previa y autodeterminación, demostrando que el debate sobre la macro-etnia charrúa no pertenece únicamente a la historiografía, sino a la agenda de derechos humanos del presente.
La lucha por los derechos no desaparece siquiera con intentos de reparación. Por el contrario, ello la fortalece y la profundiza en el contexto de la sociedad actual, que busca ser integradora, solidaria, la reivindicación de sus raíces recordando que su descendencia y cultura persisten hasta nuestros días; pero la lucha sigue por los demás derechos que le son negados y de la tierra repartida. Según los principios rectores de la ley artiguista de 1815, estos planteos se realizan en base a la lealtad de la palabra empeñada.
Preexistencia y coexistencia, en eso estamos.
Lauro Meléndez es escritor, activista social y político. Fue subsecretario de Desarrollo Social.