El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) es un servicio descentralizado creado por la Ley 19.367, del 31 de diciembre de 2015. En su artículo 2 se establece como objetivo esencial la inserción social y comunitaria de los adolescentes en conflicto con la ley penal mediante un proceso psicosocial, educativo e integral, que conlleve el reconocimiento de su condición de sujetos de derecho. En el artículo 3 se enumeran los cometidos y facultades del instituto y se establece que todos ellos “deberán ser cumplidos teniendo en consideración el interés superior del adolescente y en estricta observancia de la normativa nacional e internacional en la materia, lo que se expresa en el reconocimiento, respeto y garantía de sus derechos”.
Mientras tanto, el artículo 18 de la ley establece los recursos con que cuenta el INISA para su funcionamiento; los de mayor importancia corresponden a lo dispuesto en su literal A: “Las partidas que se le asignen por las normas de carácter presupuestal u otras disposiciones legales”.
Es justamente en ello que queremos detenernos.
El Parlamento se encuentra en plena discusión del Presupuesto nacional para el presente período de gobierno. La iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputados con los votos del partido de gobierno y de sus socios en la coalición multicolor.
El presupuesto del INISA ha sido uno de los puntos álgidos de la discusión parlamentaria. ¿Por qué? Porque el oficialismo plantea un importante recorte en las asignaciones presupuestales del rubro funcionamiento e inversiones, generando fundada resistencia de parte del Frente Amplio. La directora por la oposición en el INISA, Andrea Venosa, ha informado incansablemente de la situación, advirtiendo de los impactos negativos de la asignación presupuestal planteada para el organismo para este período.
La información manejada no responde a una postura política, ni busca réditos de ese tipo, ni tiene dos lecturas, sino que es producto de lo analizado y proyectado por la oficina institucional competente. Efectivamente, el informe del área del organismo en materia de planificación presupuestal entregado al Parlamento expresa a modo de resumen en forma contundente: “Los créditos para el 2021 y para el resto del quinquenio en Funcionamiento + Inversiones, son un 41% menos respecto a los créditos asignados en el ejercicio 2019 y un 25% menos respecto a la ejecución 2019”. ¿Qué implica eso en la práctica? Menos alimentación y de inferior calidad, menos artículos de limpieza, menos obras de infraestructura, etcétera, etcétera.
Estaremos frente a una ecuación negativa: más jóvenes recluidos, por más tiempo y menos presupuesto para abordar su situación.
Debemos recordar también que este duro escenario es precedido y complementado por los cambios introducidos por la ley de urgente consideración (LUC) en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal. Dicho instrumento normativo estableció un importante aumento de penas para ciertos delitos, inspirado claramente en posturas fuertemente punitivas y de privación de libertad como primera medida, en notoria contradicción con lo dispuesto por la Convención de los Derechos del Niño en el literal B del artículo 37, por lo que la situación puede complicarse aún más.
La clara consecuencia de ello será más adolescentes recluidos y por un tiempo mayor. Efectivamente, estaremos frente a una ecuación negativa: más jóvenes recluidos, por más tiempo, y menos presupuesto para abordar su situación.
Hagamos un simple ejercicio, imaginando que en nuestras casas se nos reduzcan en los porcentajes manejados nuestros ingresos. A pesar de ello debemos continuar alimentando a nuestros hijos, pagando alquiler, educándolos, brindándole recreación y esparcimiento, capacitándolos para el trabajo, otorgando asistencia médica, psicológica etcétera, etcétera.
Queda claro que en ese escenario recibirán alimentación de menor calidad; si pagamos alquiler intentaremos obtener una vivienda más económica, si tenemos casa propia no realizaremos mantenimiento; suspenderemos el club deportivo; y así se irá administrando la escasez para sólo seguir subsistiendo. Eso es lo que prevé el presupuesto nacional para el INISA (y para otros organismos del Estado, claro está).
El impacto de esas decisiones se verá, al igual que en el ejemplo de nuestras casas, en los adolescentes atendidos, en su futuro y en el futuro de la sociedad toda. Adolescentes que en su gran mayoría provienen de contextos familiares y sociales complejos; cuyas conductas responden a problemas estructurales de la sociedad; adolescentes olvidados, sin oportunidades, seguirán siendo postergados.
Con este presupuesto, ese proceso psicosocial, educativo e integral, que conlleve el reconocimiento de la condición de sujetos de derecho que plantea la ley como objetivo principal, será muy difícil de cumplir.
Es por ello que, para el real cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, para que la privación de libertad sea verdaderamente la última medida, para lograr un fuerte desarrollo de las medidas no privativas de libertad en todo el país, para trabajar por una verdadera inclusión social y para brindar reales oportunidades que permitan construir un futuro digno para los adolescentes, es necesario que el INISA cuente con un presupuesto acorde.
Juan Corbacho es abogado y se desempeñó como asesor de la Dirección General del INAU.