La Ley 16.065, que creó el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), establece que el aporte del Poder Ejecutivo a su presupuesto debe ser al menos equivalente a 0,4% de la recaudación del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba). Pero el artículo 568 del presupuesto sustituye esta disposición por la siguiente: “B) El aporte que el Poder Ejecutivo asignará anualmente será como máximo equivalente al establecido por el literal A) de este artículo”. Al cambiar una palabra, mínimo por máximo, se topea el aporte del Poder Ejecutivo y se deja la opción de que sea cero.
¿Cuál es la intención de esta modificación, que puede calificarse de subrepticia? ¿Ahorrar en tiempos de necesidad o retirar al Estado del financiamiento del INIA?
Si bien la historia no es lineal, cuando uno la estudia, ve que Uruguay siempre ha considerado importante la investigación agropecuaria. Es lógico porque esta actividad es un pilar de nuestra economía. Basta recordar que aproximadamente tres cuartas partes de nuestras exportaciones de bienes provienen del sector agroindustrial.
Durante el gobierno de José Batlle y Ordóñez, Uruguay recurrió a la mejor agronomía del mundo de ese entonces. Fue así que llegaron a Uruguay eminentes técnicos alemanes: Backhaus, Boerger, Klein, Fischer. A partir de 1914 comenzó a funcionar el Instituto Fitotécnico y Semillero La Estanzuela. Su primera labor fue mejorar las variedades de trigo y la consiguiente producción de semillas. Ese fue el inicio de la labor científica para la mejora de nuestra producción agropecuaria. Sus logros están profusamente documentados por el propio Boerger, cuya tumba está en La Estanzuela, donde residía.
Más adelante, en la década del 60, soplaron vientos de desarrollo. Surge la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), liderada por Enrique Iglesias. Muchas de sus recomendaciones se han ido incorporando a lo largo del tiempo. Las correspondientes a la agronomía, particularmente en temas de suelos, fueron enormes. En lo que se refiere a la agropecuaria, el aporte técnico de la CIDE, a veces calificado peyorativamente de tecnocrático, encontró su equilibrio político en quien fue ministro de Ganadería y Agricultura, nada menos que Wilson Ferreira. En esos tiempos, luego de muerto Boerger, se crea el CIAAB (Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger). Fiel a sus orígenes, el CIAAB continuó realizando aportes sustantivos. Por ejemplo, el mejoramiento genético del trigo, la creación de variedades forrajeras que se mantienen vigentes, guías para la fertilización de los cultivos, la rotación de cultivos y pasturas, la instrumentación de sistemas productivos en Young y Glencoe. La rentabilidad de estas inversiones en conocimiento ha sido gigantesca. Antes de que se desarrollara el sistema de rotaciones de cultivos y pasturas, el país realizaba un tipo de agricultura de bajo rendimiento, erosiva y que degradaba los suelos. Gracias a la rotación se logró producir más grano total en la mitad del área, ya que durante la mitad del tiempo el suelo estaba ocupado por pasturas. Al aumento de la productividad de grano debe agregarse la recuperación de los suelos, el control de la erosión y el aporte de la ganadería al resultado económico. Más grano, más carne y conservación del suelo.
Hay cosas que cuesta entender. No tendrían que ser las autoridades del INIA las que debieran hacer lobby para reclamar lo que le corresponde al instituto.
Continuando la línea hacia la excelencia y adecuando la investigación a los tiempos, se crea el INIA en 1989. Algo destacado de este instituto es su financiación por parte de los productores con un adicional al Imeba y el aporte equivalente del Estado como mínimo del 4/00 del Imeba, logrando una coparticipación público-privada ejemplar en el mundo.
En 2008, una auditoría del Banco Mundial y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) concluyó que el retorno de la inversión del INIA en productos tecnológicos era de 16:1. Actualmente, el INIA ha invertido mucho en la formación de posgrado de sus técnicos. La publicación de sus investigaciones ha crecido de manera significativa, demostrando el trabajo de los investigadores y la difusión de sus resultados en publicaciones prestigiosas de todo el mundo.
Desde 2015 el presupuesto de INIA es el mismo. Por simple ajuste por inflación, desde 2015 faltan cerca de 300 millones de pesos por año para mantener al valor real. También faltaron 34 millones de dólares que el gobierno anterior no entregó.
Hay cosas que cuesta entender. No tendrían que ser las autoridades del INIA las que debieran hacer lobby para reclamar lo que le corresponde al instituto. Deberían ser los gobernantes, que con humildad, preocupación y sentido estratégico, estudiaran junto a aquellas la mejor manera de cumplir con el objetivo imprescindible de investigar y desarrollar tecnología. Pueden quedarse tranquilos los buenos administradores de que cada peso que se invierta tendrá un enorme retorno para los productores y para el país. Seguramente habrá formas de ajustar eficiencias y producir más conocimiento. La tradición de la investigación agropecuaria uruguaya siempre ha sido de compromiso y dedicación. Puede mirar lejos porque descansa sobre hombros de gigantes.
Ariel Asuaga es ingeniero agrónomo y técnico independiente.