¿Son neutrales los expertos de la LUC?

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Como era de esperar, el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) ha dado mucho que hablar. Entre las primeras y necesarias reacciones, se destacó lo poco democrático de combinar 457 artículos en una ley que no permite el debate, sino que lo obtura. En el presente artículo pretendo mostrar lo poco neutral –además de poco garante de buenos resultados– de hacer proliferar comités de expertos para resolver problemas que son de todos. Por deformación profesional, me centraré en los economistas, ya que es lo que más conozco.

Hay participaciones y participaciones. Si bien el gobierno entrante ya mostró que no le gusta la participación de docentes en la educación, no tiene ningún problema en crear una multiplicidad de comités de carácter “técnico”. Parece que el problema no es participar, sino quién participa. Es así que el “experto” aparece como una figura transversal a varias medidas de política económica previstas en la LUC. La regla fiscal prevé la creación de un comité de expertos para instrumentarla. Además, se posibilita la creación de un consejo fiscal asesor (también compuesto por expertos). La seguridad social anticipa la creación de un comité de expertos (con técnicos locales) e incluso de un comité de expertos internacional. Por si esto fuera poco, en el ámbito de las empresas públicas el anteproyecto prevé darles mayor injerencia a las entidades reguladoras (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones), so pretexto de idoneidad y neutralidad técnica para el cumplimiento de dichos propósitos. Pero ¿existe tal cosa? ¿Las mejores políticas son las que diseñan los expertos? ¿Existe la “neutralidad técnica” o “valorativa” del técnico? ¿Qué tan democrático es todo esto?

Los economistas como expertos

Si bien existen muchas discusiones a la hora de precisar históricamente el “ascenso de los economistas”, no caben dudas de que estos detentan una gravitación creciente en política. Si asumimos el ámbito científico como un lugar “guiado por la verdad” y la política como un lugar “guiado por el interés”, cuesta entender cómo los economistas, al hacer política –o diseñar política–, parecen inmunes a los conflictos de intereses, y sus propuestas políticas se presentan desde el saber técnico o científico¹ como sinónimo de neutrales. De todas formas, basta mirar la película Inside Job (Charles Ferguson, 2010) y ver la conjunción de intereses de economistas que, previo a la crisis de las hipotecas subprime de 2007-2008, recomendaban la “desregulación financiera” a la vez que tenían vínculos, no siempre transparentados, con agentes financieros.²

Para intentar comprender por qué los economistas suelen ser menos “sospechados” de actuar de forma interesada cuando hacen o recomiendan política, se han ensayado distintas explicaciones. Se mencionan cuestiones como el prestigio simbólico por sobre otras disciplinas que conlleva ser la única ciencia social con Premio Nobel, así como el uso más extendido y sofisticado de las matemáticas, que aparentemente la dota de mayor cientificidad, y tal vez el determinante más importante a destacar sea que en la economía es más fácil que en otras disciplinas encontrar ciertos consensos. La regla fiscal es uno de esos tantos ejemplos de política en los que es casi imposible encontrar economistas que estén en contra. Y si bien siempre hay retobados, el consenso es uno de los mecanismos que permiten dotar a la disciplina de ese manto de neutralidad y cientificidad a la hora de hacer política.

Sin embargo, esa mirada monolítica del ser y el deber ser de los economistas tiene como trasfondo un fuerte control disciplinar³ que se expresa en la formación, como en la mayor proliferación de “manuales de texto”, así como en una visión más unificada de qué debe saber un economista en comparación con los exponentes de otras disciplinas. Asimismo, la concentración de publicaciones de los “departamentos económicos de elite” en las “revistas de elite” es mayor que en otras ciencias sociales, razón también por la que tanto obsesiona a economistas académicos publicar “en las mejores”.

Los economistas tienen ideas “ideológicas” (todos)

Aunque se nieguen a aceptarlo, los economistas, por suerte, tienen preferencias políticas e ideológicas que condicionan su mirada sobre el quehacer. Esto vale tanto para los economistas de izquierda, que en general son rápidamente acusados de ideológicos, como para los otros: valga a modo de ejemplo la reciente candidatura de la economista y periodista Laura Raffo a la Intendencia de Montevideo por la coalición de derecha.

Una de las demostraciones más fehacientes del sesgo ideológico en los economistas es que la casi totalidad de los estudios sobre corrupción se limitan exclusivamente al sector público, como si el Estado fuera su único receptáculo.⁴ De esta forma, la ideología contribuye a obviar las contabilidades paralelas, los fraudes impositivos, las estafas, la adulteración de productos, entre tantas otras formas fácilmente constatables en las que opera la corrupción en el ámbito privado.

Incluso en 2018 se llevó a cabo un estudio experimental con 2.425 economistas de 19 países buscando identificar sesgos ideológicos en sus respuestas.⁵ Los resultados son tan interesantes como curiosos. A modo de ejemplo, cuando eran consultados sobre temas tales como la existencia de una “brecha de género” –empíricamente incontestable– mostraron notorias diferencias según el sexo de quien respondía (eran mucho más favorables las respuestas de las mujeres que las de los hombres).

Un ejemplo mucho más interesante aún es el analizado por el sociólogo uruguayo Gabriel Chouy para el caso de la puntuación de los centros educativos en Chile.⁶ Dado que el presupuesto educativo chileno está basado en resultados –algo que desde varios sectores políticos se ha impulsado y se impulsa en Uruguay–, la puntuación es fundamental para determinar los recursos de cada lugar. Para ello se emplean modelos econométricos para determinar el presupuesto de cada centro, algo que a priori podría esperarse que fuese ajeno a cualquier sesgo ideológico o político. Sin embargo, el trabajo encuentra que la elección del modelo econométrico a utilizar difiere según las preferencias políticas de los economistas “expertos”. En particular, los conservadores prefieren utilizar modelizaciones que consideran las diferencias socioeconómicas a nivel individual pero no a nivel agregado en las escuelas, mientras que los progresistas jerarquizan las diferencias socioeconómicas a nivel de escuelas, lo que da ordenamientos de los centros educativos bien distintos. Adivinen qué propuesta fue la finalmente utilizada. Obviamente, la de los conservadores. Pero lo más relevante es observar que hasta en el uso de las matemáticas, la estadística y la econometría, las preferencias políticas o ideológicas se expresan.

Entonces, por más idóneos y neutrales que se presenten los economistas, tienen, como cualquier ser humano, intereses –y a veces conflictuados–; ideología y preferencias políticas; sexo, entre otras tantas características. De esta forma, vale preguntarse en quiénes se delegarán los comités de expertos. ¿Será en economistas de la Universidad de la República o de la Universidad de Montevideo? ¿Será en economistas vinculados a consultoras que trabajan para grandes grupos económicos o en economistas que trabajan para sindicatos y cooperativas? Lamentablemente, las respuestas son más obvias y previsibles de lo que me gustaría.

Los “consejos de expertos” implican de alguna forma una “privatización de la política”, en el sentido de que contribuyen a “tercerizar” políticas gubernamentales, dejando en manos de organismos tecnocráticos la resolución de los problemas sociales. Además, son la manifestación de una concepción elitista de pensar la política (“desde arriba”) bajo una supuesta neutralidad técnica o científica que no existe y que tampoco garantiza mejores resultados económicos.⁷ Por eso, para ser mejores y distintos, es necesario responder con propuestas elaboradas democráticamente, en las que la participación social sea un elemento central.

Pablo Messina es integrante de la cooperativa Comuna y docente de la Universidad de la República.