A pocos días de que dé inicio el nuevo gobierno, hay más interrogantes que certezas en cuanto al futuro de las políticas públicas. En algunos temas las intenciones fueron explicitadas (entre otros, en el texto del anteproyecto de ley de urgente consideración); en otros, muy relevantes y sensibles, apenas hay anuncios o aún permanecen en la sombra. Es el caso de intenciones, propósitos y metas –o la ausencia de ellas– en política de vivienda y desarrollo urbano.
De los programas de las diferentes fuerzas de la coalición en lo previo a la elección de octubre de 2019 y el posterior “compromiso por el país” no surgen mayores pistas sobre las líneas concretas que impulsará el próximo gobierno. Se esbozan algunas ideas generales que tienen un trasfondo voluntarista, poco específico en su instrumentación. Las expresiones públicas apuntan a focalizar el esfuerzo gubernamental en “los asentamientos” y la población en situación de calle; por otro lado, se anuncia la eliminación de tímidas condicionalidades a la promoción de la inversión privada en vivienda.
Sorprende la excesiva confianza en hipotéticas soluciones tecnológicas que permitirían abatir costos, reducir tiempos e incrementar resultados. Suponer que existan y aporten viviendas buenas, bonitas, baratas y en plazos cortos contrasta con toda evidencia.
Sorprende asimismo la confianza depositada en la hipotética disponibilidad de inmuebles públicos abandonados o sin uso de los que se podría disponer rápidamente para dar solución a necesidades.
Sorprende el desconocimiento acerca de la legislación sobre subsidios a la demanda habitacional, aprobada en 2017, con amplísimo respaldo parlamentario.
Sorprende también la no alusión a recursos que deberán necesariamente respaldar todas las intenciones declaradas y toda acción que implique inversión pública directa.
Sorprende, al fin, la ausencia de una conexión entre política de vivienda, urbanismo y políticas sociales en general.
Esto podría explicarse por la prolongada desconexión del plantel político y técnico de los partidos tradicionales y sus aliados con relación al aparato del Estado nacional –del que estuvo ajeno en los últimos 15 años–, sumado a la virtual inexistencia de un proceso de transición y transferencia de conocimientos y asuntos. La ausencia de instancias en las que se pudiera transferir saberes e informaciones necesarias para dar continuidad a procesos augura un tiempo de aprendizaje que generará inevitables discontinuidades o retrasos en la ejecución de programas, con posibles afectaciones a cooperativas, empresas y, en definitiva, a destinatarios de las políticas.
Se podría encontrar otras explicaciones en el sustrato ideológico de la formación “multicolor”, su ímpetu desregulador y de desconfianza en el Estado, su fe ciega en el mercado y el afán restaurador del statu quo previo a 2005.
En lo relativo al diseño institucional del Poder Ejecutivo, la propuesta división del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) para crear dos carteras –Vivienda y Ordenamiento Territorial, y Medio Ambiente y Agua– no solamente es innecesaria y tributaria de una visión antigua de la gestión ambiental, sino que será un obstáculo adicional para la continuidad de prácticas y políticas exitosas.
En los años 90, la política de vivienda se alineó con recomendaciones de organismos multilaterales de crédito (políticas sociales focalizadas, características de la acción estatal hacia sectores pobres). Soluciones pobres para pobres. De aquellos polvos quedaron los lodos de miles de “núcleos básicos evolutivos” inadecuados funcionalmente, de pésima calidad constructiva y peor localización; grupos cooperativos de diferentes “franjas”, con problemas similares; y “grupos SIAV” que encubrieron negocios poco claros y dejaron un tendal de problemas aún pendientes.
Por una parte, se debía atender a la “demanda solvente” mediante la inversión privada y la lógica de mercado, lo que tampoco ocurrió.
La perspectiva de recorte del gasto inevitablemente afectará a la inversión en vivienda e infraestructura social. Cabe interrogarse sobre el futuro de algunas líneas de actuación fundamentales para asegurar derechos.
A partir de 2005, el esfuerzo de construcción institucional de políticas por parte de los tres sucesivos gobiernos del Frente Amplio (FA) apuntó a sanear financieramente el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y a fortalecer y modernizar el Sistema Público de Vivienda (SPV). Este esfuerzo se acompañó de creciente dotación de recursos, asociada al esfuerzo por unificar calidad y adecuación de las soluciones de vivienda ofrecidas (número de dormitorios, superficie, calidad constructiva, localización), implementando una vocación de universalidad asociada con instrumentos redistributivos.
El propósito de estas reformas fue retomar el instrumental y el concepto original de la Ley 13.728, fortaleciendo el SPV con un amplio abanico de programas y modos de acceso y permanencia en soluciones de vivienda digna y adecuada a un alto número de familias.
La perspectiva de recorte del gasto inevitablemente afectará a la inversión en vivienda y en infraestructura social. Cabe interrogarse sobre el futuro de algunas líneas de actuación fundamentales para asegurar derechos y achicar brechas sociales aún hirientes.
¿Qué será del cooperativismo? En los últimos 15 años se construyeron casi tantas viviendas cooperativas como en los primeros 30 años del sistema (1968-1998). El quinquenio culminará con casi 14.500 viviendas terminadas y en ejecución. Más de 6.000 en obra, son parte de 190 cooperativas en construcción (60% de ellas en departamentos del interior). Cada mes culminan varias cooperativas y se inicia la obra de otras tantas. ¿Se contará con el respaldo técnico, político, financiero e institucional que tuvo este sistema por los gobiernos del FA?
¿Qué será de la intervención en la precariedad urbano-habitacional? La integralidad de esa política es clave; vincular infraestructura básica, equipamientos sociales, espacios públicos, acceso a servicios, mejora de vivienda, integración urbana, participación comunitaria y coordinación con programas sociales, para dar sostenibilidad a la acción. ¿Se sostendrán la calidad y la transversalidad, o se volverá a respuestas “viviendistas” de discutible calidad y peor solución urbanística?
¿Qué será de las acciones de rehabilitación y mejora para intervenir en el stock construido? El déficit cualitativo de vivienda (inadecuación funcional y constructiva, obsolescencia parcial, problemas de instalaciones, etcétera) no vende en términos políticos y electorales. La acción para poner en juego inmuebles vacíos y abandonados debe ser paciente y sostenida (hay una completa legislación ya reglamentada). ¿Los prejuicios sobre el carácter intocable de la propiedad prevalecerán sobre la función social de la propiedad inmueble?
¿Qué será de las carteras de tierras nacional y departamentales? Se aprobó en 2018 la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano y ya está operativa. Es base fundamental para intervenciones integrales en áreas urbanas consolidadas, previniendo la expulsión de sectores de población a periferias sin servicios.
¿Qué será de los programas que facilitan el arrendamiento como forma de acceso para sectores como jóvenes, migrantes y adultos mayores? El Fondo de Garantía de Alquileres necesita ser sostenido y diversificado. El Programa Piloto de Alquiler Social es una forma alternativa de acceso desde el sector público.
¿Qué será, finalmente, de políticas, programas y acciones que atienden la vivienda rural, a jubilados de bajos ingresos, la emergencia habitacional crítica, la protección de testigos, a víctimas de violencia basada en género y a los grupos y minorías vulnerados?
Estas y otras interrogantes se dilucidarán en los próximos meses y el correr del año, cuando el gobierno entrante convoque –como es obligación– a los actores involucrados al proceso participativo de construcción de un nuevo Plan Quinquenal de Vivienda, que deberá reflejarse en el proyecto de ley de presupuesto. Este deberá aspirar a obtener amplio respaldo parlamentario, como lo tuvieron los planes anteriores. En ese espacio se debatirá entre una política que refuerce la desigualdad y una que profundice los avances.
Salvador Schelotto es director nacional de Vivienda.