Una de las transformaciones sociales más destacadas de la etapa posneoliberal fue el crecimiento de las llamadas “nuevas clases medias”, expresión de la mayor capacidad de consumo que distinguió al período. Las nuevas clases medias engloban situaciones diversas en términos económicos y ocupacionales, así como en materia de identidades y orientaciones políticas. Pero mientras los grupos intermedios de las sociedades latinoamericanas experimentaron cambios sustantivos, no sucedió lo mismo con quienes ocupan las posiciones más altas, una señal de los límites que tuvieron las mejoras distributivas de estos años.
Durante la etapa de giro a la izquierda y crecimiento económico de principios de siglo, América Latina registró tendencias positivas en diversos indicadores sociales. La desocupación y la precariedad laboral disminuyeron en una parte considerable de los países de la región, aumentaron los salarios reales, se redujo la pobreza y se atenuó la desigualdad de ingresos. En este marco, algunos grupos sociales registraron modificaciones sustantivas en su tamaño y características principales. Una de las transformaciones más destacadas en este sentido fue la expansión de las llamadas “nuevas clases medias”, que parecía expresar el logro de sociedades más igualitarias. No obstante, en otros sectores sociales hubo pocas transformaciones. En particular, los grupos que ocupan las posiciones más altas de la estructura social en general experimentaron pocos cambios, una señal de los límites que tuvieron las transformaciones sociales del período.
La expansión de las clases medias
Con la excepción de algunos países del Cono Sur y Costa Rica, las clases medias han sido consideradas históricamente un grupo minoritario en América Latina. En este marco, las evidencias de su expansión durante la primera década del siglo XXI fueron particularmente celebradas. La emergencia de las llamadas nuevas clases medias parecía contribuir al quiebre de la histórica polarización social latinoamericana, e incluso a reforzar la cohesión social y la estabilidad política.
Las nuevas clases medias se refieren en gran medida al proceso de ampliación de la capacidad de consumo que caracterizó el período posneoliberal y que benefició a una parte importante de la población. La mayoría de las investigaciones que analizaron su crecimiento, realizadas sobre todo desde la economía, privilegiaron recortarlas empíricamente a partir de los niveles de ingresos, si bien los criterios empleados fueron variados. Algunos definieron a las clases medias como integradas por personas de determinados deciles o quintiles de ingresos, otros como aquellas con ingresos alrededor de la mediana o la media, mientras que otros establecieron sus límites a partir de criterios absolutos: mayormente, como aquellas personas con ingresos por encima de la línea de pobreza.1
La ampliación de los estratos de ingresos medios ocurrió gracias a la mejora en la capacidad adquisitiva, que se debió a la reactivación económica y a la creación de puestos de trabajo, pero también a una mayor intervención estatal.
Pero más allá de las diferencias en los criterios de delimitación, los estudios mostraron con claridad la importante ampliación de los estratos de ingresos medios que ocurrió gracias a la mejora de la capacidad adquisitiva producida en la primera parte del siglo XXI. Esta mejora respondió, en primer lugar, a la reactivación económica y a la creación de puestos de trabajo, pero también a una mayor intervención estatal. En este sentido es destacable la implementación de políticas redistributivas en beneficio de los hogares más pobres en prácticamente todos los países de la región, en particular a través de la ampliación de las pensiones contributivas y no contributivas y de programas de transferencias condicionadas de ingresos. En ciertos países también fueron muy importantes las políticas de regulación laboral, en tanto ayudaron a mejorar las condiciones de trabajo y elevar las remuneraciones.
Ciertos autores enfatizaron que en América Latina estaba teniendo lugar una verdadera “democratización del consumo”: el acceso de crecientes franjas de la población a bienes y servicios que históricamente les habían estado vedados. Sin embargo, en países de la región con historias más igualitarias, como los del Cono Sur, el proceso parece haber tenido un significado distinto. No se trataría de “nuevas” clases medias, sino fundamentalmente de la recuperación de grupos que en las décadas de 1980 y 1990 tuvieron que disminuir su nivel de vida. En cualquier caso, el mayor acceso a bienes por parte de los habitantes de los barrios pobres de la región contrasta ampliamente con las décadas previas, que fueron de privación. Bienes de consumo masivo, pero también otros antes inalcanzables, como celulares o computadoras, se volvieron más fáciles de adquirir. Esta mayor capacidad de consumo se vio apuntalada, a su vez, por una tendencia de largo plazo a la caída de los precios de los bienes durables, y en algunos países por una fuerte expansión de la financiarización entre los sectores de menores ingresos, como ha mostrado Ariel Wilkis para el caso argentino.2
Si los primeros trabajos sobre las nuevas clases medias resaltaban los múltiples beneficios que podía traer su expansión en términos económicos, sociales y políticos, más recientemente se ha enfatizado su gran fragilidad. Las nuevas clases medias son heterogéneas en cuanto a su situación económica. Una parte importante está en situación de vulnerabilidad.3 Su posición económica es muy inestable, sobre todo debido a la alta incidencia de ocupaciones precarias o informales. Esto incrementa el riesgo de que las mejoras que experimentaron durante el período no sean permanentes. Pueden haber ampliado su capacidad de consumo durante un ciclo favorable, pero en contextos contractivos, como los que atraviesan actualmente varios países de la región, tienen muy altas probabilidades de perder posiciones y caer en la pobreza.
Desde otra perspectiva, se cuestiona si los grupos beneficiados por la expansión del consumo pueden realmente denominarse clases medias. Desde miradas sociológicas clásicas, que identifican empíricamente a las clases a partir de su posición laboral y no de sus ingresos, las nuevas clases medias están compuestas, en realidad, por un conjunto heterogéneo que incluye a personas en ocupaciones de clase media, pero también, y fundamentalmente, a una porción considerable de sectores populares.4 Estos resultados cuestionan la idea de una movilidad de clase, pues esto implicaría procesos estructurales de tipo ocupacional. En otras palabras, el gran cambio durante el período no es el crecimiento de las clases medias, sino el proceso de inclusión y mejora en los niveles de vida al que pudieron acceder los grupos menos privilegiados de la sociedad, en particular los sectores populares.
Durante este período, las franjas sociales históricamente mejor posicionadas pueden haber mejorado su capacidad de consumo en términos absolutos, pero es factible que hayan visto en parte erosionada su posición relativa.
En cualquier caso, durante esta etapa no sólo se habría asistido al surgimiento de nuevas clases medias, sino que también se habría alterado la situación relativa de las clases medias tradicionales, y en particular de aquellas franjas históricamente mejor posicionadas, con altos niveles de calificación. Si bien estas franjas pueden haber mejorado su capacidad de consumo en términos absolutos, es factible que al mismo tiempo hayan visto en parte erosionada su posición relativa. Esto sucede no sólo porque la expansión de las nuevas clases medias significó que grupos menos privilegiados comenzaran a estar más próximos socialmente. También porque en términos económicos habrían perdido posiciones relativas. Es decir, mejoraron su situación económica, pero menos que la clase media baja o que algunos grupos de sectores populares. Por un lado, debido a lo sucedido en el mercado laboral: en esta etapa cayó la brecha de ingresos entre los trabajadores más calificados y los menos calificados, lo que probablemente las haya afectado especialmente, debido a sus altos niveles educativos. Por otro lado, en tanto trabajan y realizan gran parte de sus actividades en la economía formal, es plausible que se hayan visto afectadas por la mayor carga impositiva del período, teniendo en cuenta el peso que tienen los impuestos sobre el consumo y sobre los salarios en los sistemas tributarios de la región.
Identidades y orientaciones políticas de las clases medias
Las miradas sobre las nuevas clases medias también involucran debates sobre su identidad y su conducta política. Algunos hallazgos ponen el acento en su heterogeneidad interna. Por ejemplo, estudios llevados a cabo en Brasil muestran que pueden ser conservadoras o progresistas, con orientación de derecha o de izquierda, cosmopolitas o nacionalistas.5 En contraste, en Perú las imágenes sobre las nuevas clases medias son más homogéneas: se las describe como más nacionalistas y conservadoras, menos modernas y más mixtas étnicamente que las clases medias peruanas previas.6
Lo que sí parece claro es que un rasgo distintivo del crecimiento de las clases medias de la región es que estuvo apoyado en la expansión del consumo privado de bienes obtenidos a través del mercado. Esto se vincula con el balance entre la provisión de bienes individuales y de bienes colectivos durante el período. Los gobiernos posneoliberales han sido acusados de haber favorecido el consumo individual en lugar de haber invertido más en bienes colectivos como salud, educación, seguridad e infraestructura. En cualquier caso, esta discordancia parece reflejarse en las percepciones de clase. Una mujer de Río de Janeiro entrevistada por la socióloga Celi Scalon afirmaba: “Soy de clase media en mi casa pero pobre cuando salgo a la calle”, haciendo referencia al mismo tiempo al buen equipamiento de electrodomésticos de su hogar y a las malas condiciones de su barrio en términos de alumbrado, seguridad y transporte.
La vulnerabilidad de parte de las nuevas clases medias, junto con la posibilidad de que parte de las clases medias tradicionales, con mayores niveles educativos, haya perdido posiciones relativas, cuestiona la imagen de unas clases medias que fueron mimadas “en bloque” durante la etapa y, por tanto, lleva a revisar los juicios críticos, extendidos en América Latina, que las señalan por ser ingratas frente a los gobiernos que tanto las habrían favorecido. Por otra parte, el supuesto de una suerte de rivalidad estructural entre el conjunto de clases medias y obreras parece también cuestionable. A fin de cuentas, en períodos de crisis, una parte de ambas clases empeora su situación en forma conjunta y, por lo general, mejoran juntas durante los ciclos de reactivación, tanto en el comercio como en la industria y distintos servicios de una clase y otra. Así las cosas, desde un punto de vista objetivo habría una suerte de comunión de intereses entre ciertos sectores (pero no todos) de la clase media y de la clase obrera, y no una oposición o un juego de “suma cero”.
Lo cierto es que parte de los sectores medios y altos en América Latina ha reaccionando de manera intolerante frente a algunas consecuencias de la ampliación del consumo y la disminución de la desigualdad. Noticias e investigaciones de Brasil expusieron la irritación a veces violenta de sectores medios frente a lo que percibían como una “invasión” de sectores populares en ascenso en espacios hasta entonces considerados exclusivos, tales como aeropuertos y lugares de vacaciones. Pero la situación parece ser heterogénea entre los países. Evidencias para Argentina muestran que el foco de los prejuicios y estigmas de la clase media no se dirige hacia el conjunto de los grupos que han experimentado mejoras sociales, sino que lo hace, con especial virulencia, hacia los receptores de programas sociales, acusados a menudo de conformar clientelas políticas o sospechosos de no estar predispuestos al trabajo. Estos juicios clasistas se suelen imbricar con otros de corte racista, en particular contra inmigrantes de países limítrofes o poblaciones de asentamientos y villas.7
Las evidencias de las reacciones de los sectores medios frente a la mayor igualdad de ingresos son contundentes. Sin embargo, también es cierto que en diversos países de la región las clases medias han protagonizado, junto con otras clases, movimientos igualitarios, como los feministas o antirracistas. A todas luces hay articulaciones disímiles entre la clase y variables etarias, de género, religiosas y la preocupación por algunos temas (el medioambiente, el transporte, la corrupción y la educación, entre otros).
La presentación de esta heterogeneidad política nos permite abordar un tema de preocupación central en la región: el giro a la extrema derecha. En las incipientes investigaciones sobre el tema (en particular de Brasil) se ha señalado que fracciones de clase media recientemente ascendidas estarían experimentando una suerte de viraje neoliberal y antiestatal: en la medida en que ya no necesitan del Estado, se argumenta, quieren olvidarse de él. A esto se agregarían grupos conservadores y religiosos opuestos a los avances en términos de igualdad de género y con temor a perder privilegios de clase y pertenencia étnica.8 Otros estudios matizan la idea de este giro político-cultural y muestran adhesiones parciales al ideario de extrema derecha, en muchos casos con juicios contradictorios sobre distintos temas, y el mantenimiento, por ejemplo, de un apoyo a políticas sociales y a servicios sociales gratuitos.9 De hecho, el voto a Jair Bolsonaro provino de todas las clases sociales y dio cuenta de un clivaje más político-cultural que económico. Las reacciones conservadoras surgieron de distintas fracciones de la estructura social: la “grieta brasileña” se produjo dentro de cada clase social.
Permanencias por arriba
Las estructuras sociales de los países latinoamericanos experimentaron cambios sustantivos producto de la expansión de las llamadas nuevas clases medias. No obstante, en otros aspectos esas estructuras mostraron pocas modificaciones. En particular, aquellos que por su patrimonio y niveles de ingresos se ubican en las posiciones más altas de la pirámide social parecen haber experimentado pocas transformaciones.
La reconstrucción de qué sucedió con los grupos de mayores recursos no es, sin embargo, una tarea sencilla. A diferencia de las clases medias y bajas, las clases altas se mantienen en gran medida invisibles para los registros estadísticos. La información sobre sus ingresos y riqueza es escasa y muy fragmentada. La investigación sobre desigualdad, en América Latina y en el mundo, se basa típicamente en encuestas de hogares, la principal fuente de datos sobre ingresos disponible en la mayoría de los países. Pero estas encuestas tienen serias limitaciones para dar cuenta de los ingresos de los ricos, no sólo debido a que estos últimos son poco propensos a responderlas, sino también por limitaciones muestrales. Los altos ingresos se encuentran muy subestimados, en particular aquellos que derivan de fuentes no laborales, como las rentas. Una consecuencia muy relevante de esto es que las medidas de concentración de los ingresos, como el índice de Gini, reflejan sólo parcialmente la magnitud de la desigualdad. Las encuestas de hogares, por otro lado, tampoco permiten aproximarse al patrimonio, que es fundamental para caracterizar a las clases altas.
En los últimos tiempos las ciencias sociales han mostrado un creciente interés por el estudio de los grupos que se ubican en la parte alta de la distribución, lo que ha llevado a realizar importantes esfuerzos para reconstruir sus ingresos y patrimonio a partir de otras fuentes de información. Una de las estrategias novedosas implementadas en forma creciente es el uso de datos provenientes de declaraciones de impuestos (que tampoco están exentas de serios problemas de subregistro). Los estudios realizados para Argentina, Colombia y Uruguay muestran cómo al tomar esta fuente de información alternativa la concentración de ingresos en la parte alta de la distribución es mucho más acentuada que la que sugieren las encuestas de hogares, aunque en términos generales se mantiene la tendencia hacia la caída de la desigualdad en la primera década del siglo.10
Por su parte, análisis centrados en la distribución funcional del ingreso y en la distribución de la riqueza dan cuenta de los límites de las tendencias recientes. El enfoque funcional sobre la distribución evalúa el peso de los ingresos laborales en el PIB total de la economía, sobre la base de datos de los sistemas de cuentas nacionales. Es decir, no pone el foco en la distribución de los ingresos entre individuos aislados, sino entre el capital y el trabajo. Los estudios desarrollados en esta línea muestran que en la última década hubo una mejora en la participación de la masa salarial en el PIB total, pero no fue tan generalizada como la que surge al evaluar la evolución del índice de Gini con datos de encuestas de hogares.11 Esta información brinda una mirada más ajustada sobre lo sucedido durante la etapa posneoliberal. La mayor parte de la mejora en la desigualdad se debió a un reparto más equitativo de los ingresos entre los trabajadores, pero la porción de la riqueza total que le corresponde a este grupo cambió poco. En buena parte de los países, los trabajadores no mejoraron su situación en términos relativos al capital.
Los niveles de desigualdad son particularmente agudos en relación con la propiedad de la tierra y su concentración, que es la mayor del mundo en la región. Por ejemplo, en Paraguay, 80% de las tierras agrícolas están en manos de 1,6% de los propietarios.
Un estudio de Oxfam12 muestra la profundidad que adquiere la desigualdad en América Latina si, más allá de los ingresos, se pone el foco sobre la riqueza y el patrimonio. En 2013-2014, el 10% más rico de la región se quedaba con 37% de los ingresos, pero las diferencias eran aun más extremas si en lugar de tomar los ingresos se consideraban la riqueza y el patrimonio: el 10% más rico acumulaba 71% de la riqueza y el patrimonio, mientras el 1% más privilegiado, 41%. Los niveles de desigualdad son particularmente agudos en relación con la propiedad de la tierra, en una región que ocupa el primer lugar en el mundo en niveles de concentración. Por ejemplo, en Paraguay, 80% de las tierras agrícolas están en manos de 1,6% de los propietarios, mientras en Guatemala se estima que 80% de las tierras pertenecen únicamente a 8% de los productores.
Las cifras que brinda el Reporte sobre Ultra Riqueza 2014 acerca de los multimillonarios de América Latina (los que tienen un patrimonio neto de 30 millones de dólares o más) son apabullantes. Algunos ejemplos permiten dimensionar la magnitud de la concentración de la riqueza en la región. Las estimaciones indican que los multimillonarios de América Latina suman 14.805 personas, con una riqueza equivalente a 35% del PIB regional. Es una cantidad de dinero similar a la necesaria para eliminar la pobreza monetaria de Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú.
A lo largo de la década, no parece haber habido una disminución en la concentración de la riqueza y la propiedad, e incluso hay indicios de que se habría incrementado.13 Datos de Forbes, por ejemplo, muestran que la riqueza de los milmillonarios de la región (quienes tienen fortunas superiores a 1.000 millones de dólares) creció a un ritmo de 21% anual entre 2002 y 2015, una magnitud seis veces superior a la del crecimiento del PIB de la región (3,5% anual). Es decir, una gran parte del crecimiento económico del período habría sido capturada por los más ricos.
Reflexiones finales: América Latina y la tolerancia a la desigualdad
La emergencia de las llamadas nuevas clases medias constituye, sin dudas, una de las principales transformaciones de las sociedades latinoamericanas durante la etapa posneoliberal. Las nuevas clases medias aluden a la expansión de la población con ingresos medios. Expresan las mejoras materiales que se registraron durante el período, que se apoyaron en la ampliación del consumo privado de bienes obtenidos a través del mercado.
Más allá de estos elementos en común, hemos visto que las nuevas clases medias se destacan por su heterogeneidad. Por un lado, en su interior hay situaciones económicas diversas y muchos se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Por otro lado, cuando se las analiza desde miradas sociológicas clásicas, las nuevas clases medias también son heterogéneas. Engloban a quienes se desempeñan en ocupaciones de clase media baja pero también, y sobre todo, a quienes se ubican en posiciones que tradicionalmente ocupan sectores populares. Por último, la diversidad de las clases medias es también notable en términos de identidades y orientaciones políticas, y hay articulaciones disímiles entre la clase y variables etarias, de género y religiosas.
Ahora bien, si durante el período quienes ocupan la parte intermedia de las sociedades latinoamericanas experimentaron cambios sustantivos, no sucedió lo mismo con quienes ocupan las posiciones más altas. En efecto, en términos generales, durante esta etapa se mantuvo una muy alta concentración de la riqueza y de los ingresos, y las clases altas vieron poco modificada su posición relativa.
Estas evidencias nos llevan a un punto fundamental: los contenidos específicos de la agenda política de los gobiernos posneoliberales y las limitaciones del apoyo a esos gobiernos. En la primera parte del siglo, diversos indicios sugerían una reducción de la tolerancia social a la desigualdad. Las encuestas documentaban un incremento en el porcentaje de personas que afirmaban que sus sociedades debían ser menos desiguales,14 al tiempo que la problemática de la desigualdad comenzó a ganar creciente protagonismo en las preocupaciones de académicos, partidos políticos, movimientos sociales y organismos internacionales. Sin embargo, no parece que en esta etapa se haya logrado un consenso social amplio en torno de la necesidad de reducir la desigualdad en forma significativa, en especial en términos de las medidas que realmente son necesarias para lograrlo. Como argumentamos en un reciente libro,15 la nueva agenda política posajuste, que volvió a poner en el centro de la escena los históricos déficits sociales de América Latina, parece haber involucrado más un consenso en torno de la inclusión social que de la igualdad.
Los gobiernos posneoliberales de izquierda y centroizquierda gozaron por años del apoyo de amplias coaliciones sociales, que reunieron a diferentes grupos que habían sufrido los efectos de la etapa neoliberal. Sectores marginales, trabajadores industriales, clases medias empobrecidas, entre otros, formaron parte del apoyo social inicial a estos gobiernos. Ese soporte permitió desarrollar políticas para mejorar la inclusión social. Es decir, cuando el objetivo fue reducir las manifestaciones más extremas de la exclusión social, las coaliciones sociales brindaron amplio apoyo. Las nuevas clases medias pueden pensarse como uno de los resultados de este proceso, en tanto expresaron la mayor capacidad de consumo que benefició a una parte importante de la población.
Sin embargo, no debe darse por sentado que las coaliciones sociales que apoyaron políticas destinadas a ampliar la inclusión social también estarían dispuestas a dar su apoyo a la reducción de la desigualdad. La igualdad es muy exigente: no sólo requiere medidas que eleven las condiciones de vida de la población de menores ingresos, sino también medidas que reduzcan la elevada concentración de los ingresos y del patrimonio. Es decir, la igualdad también exige prestar atención a las clases medias más privilegiadas y a las clases altas. Una disminución significativa de la desigualdad, en suma, supone que los grupos más favorecidos estén dispuestos a resignar recursos y privilegios. Esta dimensión de la desigualdad estuvo poco presente en las agendas políticas posneoliberales, y cuando lo estuvo en general encontró fuertes y persistentes resistencias sociales.
Nota: este artículo retoma en parte argumentos desarrollados por los autores en Uneven Trajectories: Latin American Societies in the Twenty-Century: Elements in Politics and Society in Latin America, Cambridge UP, Cambridge, 2020.
Gabriela Benza es doctora en Ciencias Sociales por El Colegio de México, investigadora del Centro de Investigación en Políticas Sociales Urbanas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y docente de grado y posgrado en esa casa de estudios y en la Universidad Nacional de San Martín. Gabriel Kessler es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, de París. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y profesor de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Nacional de La Plata. Este artículo fue publicado originalmente en la revista Nueva Sociedad.
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