La popularidad y la evaluación de la gestión del gobierno encabezado por el presidente Yamandú Orsi son monitoreadas de forma periódica por distintas consultoras de opinión pública. Estas empresas coinciden en verificar que existen grandes guarismos de desaprobación del desempeño del gobierno y bajos porcentajes de aprobación. En forma congruente, los militantes de base estamos deambulando en un terreno minado por las señales más inesperadas y desconcertantes.
De hecho, empieza a señalarse cómo el desempeño del gobierno se escinde de modo contradictorio no solo con respecto a las expectativas de la fuerza política, sino también de los compromisos programáticos e incluso de los principios y valores más ampliamente consensuados. No solo es que el gobierno comunique mal lo bueno que hace —problema de todos los gobiernos progresistas—, sino que prolifera en signos contradictorios con las demandas y valores de su electorado.
Con mucho, las señales más desconcertantes provienen del área de las relaciones exteriores. Resulta inadmisible la resistencia gubernamental a la denuncia en contra del genocidio en Gaza y Cisjordania, uno de los fenómenos históricos más graves de la actualidad. También es una señal inoportuna y agraviante la visita presidencial al portaaviones norteamericano en un contexto de agresión imperialista contra los pueblos latinoamericanos, particularmente Venezuela y Cuba. Es inexplicable la presencia del embajador de nuestro país en la conferencia del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio en donde se agita el odio y la amenaza desembozada sobre las fuerzas políticas antiimperialistas de la región. La frutilla de la torta es la novedad de la eventual recepción de deportados irregulares de Estados Unidos, como expediente cómplice de las políticas xenófobas del gobierno de Donald Trump.
En la opinión pública existe una gran preocupación por la inseguridad, particularmente, con la explosión de violencia homicida ampliamente difundida por la prensa. Hace un tiempo se anunció que el gobierno haría converger las acciones de los ministerios de Interior, Vivienda y Desarrollo Social en programas de intervención de mejora, asistencia e intervención preventiva en ciertas regiones de la ciudad, allí en donde se concentra la problemática de la ausencia relativa del Estado, la desigualdad, la segregación y la inseguridad. Aparte de algún informe inicial, poco se ha comunicado acerca de una política que puede ser sensata, humana y, sobre todo, sostenible.
Por otro lado, se anuncia con bombos y platillos la dudosa iniciativa de emplear acorazados militares en las denominadas zonas rojas. De esta manera, mientras que la política sensata se informa mal y tarde, el punitivismo torpe hace las delicias de la oposición, que celebra la irrupción del signo de la represión violenta y descree de las exigencias arduas del desarrollo social. Mientras tanto, seguimos recogiendo los cadáveres y las abundantes cápsulas empleadas en los hechos.
Luego de un prolongado y trabajoso principio de acuerdo en el denominado Diálogo Social, en donde se consiguieron ciertos consensos, parece que un intercambio más reservado y contundente del ministro de Economía con las administradoras privadas resulta tener un curioso y autoadjudicado poder de veto. ¿Dónde es posible sentarse a discutir con honestidad intelectual y seriedad republicana si unos pocos poderosos consiguen prevalecer sobre los muchos? ¿Desde y hasta cuándo el destino de las amplias mayorías trabajadoras estará en manos de los manejos tecnocráticos de trastienda?
Y ya que estamos, ¿por qué se desoye la voz del movimiento sindical y social en torno a la imposición fiscal a la riqueza concentrada? Los famosos “malla oro” se la seguirán llevando de arriba, mientras la asistencia a la infancia y a la vivienda popular se sigue postergando de forma siempre discrecional. Mientras que los mecanismos socioeconómicos que agudizan la desigualdad, la marginación y la precariedad habitacional siguen su curso por las cómodas autopistas del tránsito veloz, las políticas sociales, de salud, de educación y de vivienda siguen esperando que lleguen los vientos de cola que derramen soplos lerdos, mezquinos y tardíos.
Cada día se suman más voces sociales y profesionales para preocuparse con el presunto tránsito lento de la movilidad metropolitana: lo único claro, hasta ahora, es que se busca, por diversos medios, la instauración de un servicio de transporte que agilice el traslado entre la zona céntrica de la capital y los extremos orientales de la región metropolitana. Pero la inquietud ciudadana, más que legítima, es que la estructura de la propia metrópoli es más compleja y conflictiva que un vector socioeconómico que impulsa una expansión injustificada sobre el borde costero este. Por otro lado, ciertos actores sociales más discretos y avisados se frotan las manos con las esperanzas hincadas sobre el incremento de los valores del suelo y la valorización extraordinaria por cambio de usos del territorio. Hay que revisar la letra chica de las iniciativas socioterritoriales: no sea que nos encontremos con deudas públicas monumentales que pagar entre todos y beneficios rigurosamente privatizados en donde ganan los vivos de siempre.
Mientras la investigación sobre el triste asunto de las patrulleras oceánicas navega hacia la nada misma, sigue persistiendo el dolor de una herida que no cierra. No hay manera de pronunciar la orden perentoria a las fuerzas armadas para que investiguen y esclarezcan, de una buena vez, el destino de los desaparecidos. Menos mal que muy tardíamente la Justicia va juzgando y condenando a los represores, muchos de los cuales han disfrutado a sus anchas de una impunidad que afrenta las conciencias. Mientras tanto, el equipo de antropólogos no dejará centímetro cúbico de tierra sin examinar.
Las cosas que se estarían haciendo bien se comunican mal y esto es un problema, pero otro problema es lo que se hace a contrapelo de las legítimas demandas del campo popular, en contradicción con los compromisos programáticos, en conflicto abierto con los valores que sustentan la vida militante de la fuerza social del cambio.
En esta penillanura levemente ondulada tenemos una deuda morosamente contraída y totalmente irresuelta con nuestro ambiente. Resulta llamativo cómo los humedales, que constituyen regiones de profundo interés biológico y en donde se advierte científicamente en favor tanto de su fragilidad como de su desempeño ambiental, reciben una distraída atención preventiva del Estado. Pero el colmo es que, no por casualidad, se haya omitido todo miramiento con respecto a los denominados bañados de Carrasco. En forma coincidente, y no por casualidad, esta región es ansiada por un emprendimiento inmobiliario de alto nivel de consumo.
Es significativo que el negocio de transformar el suelo rural en urbano sea el fundamento de una propuesta de urbanización de lujo. Nada mejor que una economía que se deja seducir por una inversión en ladrillos, a costa de arruinarle la existencia al resto de los habitantes de una cuenca, en un ecosistema que solo puede ser intervenido a costo de diezmarlo. ¿Hasta cuándo abusarán de nuestra paciencia y de nuestro hábito de mirar para otro lado?
Las cosas que se estarían haciendo bien se comunican mal y esto es un problema, pero otro problema es lo que se hace a contrapelo de las legítimas demandas del campo popular, en contradicción con los compromisos programáticos, en conflicto abierto con los valores que sustentan la vida militante de la fuerza social del cambio. El campo minado de estos últimos signos del gobierno está en los titulares de todos los medios y no por casualidad. Recorre todas las conversaciones, alimenta todos los rumores, obstruye los caminos arduos de la militancia. Convendría que los compañeros del gobierno no olvidasen quiénes los han puesto en sus responsabilidades y con qué mandatos.
¿Quiénes les han puesto en sus responsabilidades? Los fundadores de la fuerza política que, en una época transida por las medidas prontas de seguridad, osaron unir fuerzas en torno a una alternativa política popular. Los trabajadores que cimentaron una clara, seria y sacrificada lucha de clases y consiguieron una estructura sindical unitaria. Los presos, los muertos, los desaparecidos, los exiliados, los represaliados por la dictadura cívico-militar. Los militantes de todas las horas, los pacientes discutidores de puntos y comas programáticos, los tejedores del consenso, los esperanzados por el cambio.
¿Con qué mandatos? Ahí está el programa; basta con leerlo y poner el cuerpo. No es una desiderata de buenas intenciones que buscarán su eventual financiación. No son instrucciones tácticas para negociar con el antagonista. No son coloridas expresiones de deseo oponibles a las grisuras del poder económico. Es un contrato. Y los contratos están para ser cumplidos.
Néstor Casanova es arquitecto.