Luis Lacalle Pou es una persona relativamente joven y bastante enérgica, con ganas de llevar adelante numerosos cambios que, a su entender, el país necesita en forma urgente. A la vez, carece de experiencia previa en cargos ejecutivos, y es posible que sus ansias de “hacerse cargo” convivan a disgusto con la necesidad de negociar, para cada proyecto de ley, por lo menos el apoyo de los partidos Colorado y Cabildo Abierto.
Quizá por la combinación de todo lo antedicho, ejerce la presidencia con un estilo que enfatiza, notoriamente, su intervención personal, tanto en la toma de decisiones como en el momento de transmitirlas a la población.
Como un antiguo sheriff inglés, de aquellos que tanto se encargaban de reprimir el delito como de recaudar impuestos, Lacalle Pou reunió el 2 de marzo a todos los jefes departamentales de Polícía para darles directivas, y nueve días después fue él quien dio a conocer el aumento de tarifas.
Se adelantó hace unos días que Aparicio Ponce de León actuará como vocero del primer mandatario, pero hasta ahora este habla por sí mismo, y también –con llamativa frecuencia– por quienes integran su Consejo de Ministros, como si el papel de las secretarías de Estado debiera entenderse, ahora, en el sentido más restringido de la palabra secretaría.
Como un antiguo sheriff inglés, de aquellos que tanto se encargaban de reprimir el delito como de recaudar impuestos en sus condados, Lacalle Pou reunió el 2 de marzo a todos los jefes departamentales de Polícía para darles nuevas directivas, y nueve días después fue él quien dio a conocer el aumento de tarifas y de la carga del IVA en compras con tarjeta que regirán a partir del 1º de abril.
Antes, dispuso que los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela no fueran invitados a su asunción, y remarcó: “Esto no es Cancillería, esto no es Protocolo, esto es mi persona que tomó esta decisión”. Anteayer se informó que el presidente había participado personalmente en la resolución de suspender el festival Montevideo Rock, para prevenir posibles contagios del nuevo coronavirus, horas después de que el director de Salud del Ministerio de Salud Pública, Miguel Asqueta, dijera que esa suspensión no era necesaria, y ayer se convirtió en el protagonista, frente a todo el gabinete (que lo aguardó varios minutos), de la postergadísima conferencia en la que se declaró la emergencia sanitaria.
“Si en algún momento las cosas no salen como los uruguayos necesitan y quieren, no miren al costado, la responsabilidad va a ser exclusivamente del presidente”, dijo Lacalle Pou el 1º de marzo. Este criterio y la forma en que lo aplica traen consigo algunos problemas y, más allá de las opciones y los riesgos políticos personales, no parecen del todo prudentes.
En una instalación eléctrica, los fusibles cumplen la función que su nombre indica (la de poder fundirse), para que los recalentamientos no causen daños mayores. Con el mismo criterio, las interpelaciones a ministros, sus eventuales consecuencias de desaprobación o censura, e incluso –en casos extremos de conflicto de poderes– el procedimiento de convocatoria a elecciones anticipadas preservan la figura del presidente. La permanencia de este en su cargo sólo se pone en juego mediante el llamado “juicio político”, si hay acusaciones “por violación de la Constitución u otros delitos graves” y una contundente mayoría de dos tercios del Senado.
Estos dispositivos de protección le evitan al país situaciones de inestabilidad institucional, y cumplen mejor su cometido si cada uno se dedica, en forma razonable, a lo suyo.