¿Recuerdan a Nazim Hikmet? El poeta turco cuya vida transcurrió entre la cárcel y el exilio. En su poema “La muerte”, Hikmet aborda la cuestión de la vida de los pobres en una sociedad dividida en clases sociales, donde ni siquiera la muerte es justa entre ricos y pobres, pues la vida no lo fue. Por eso en el poema sus amigos muertos, convocados por él a su celda, lo abandonan cuando él olvida esta verdad. Para el distraído, hoy la pandemia nos iguala a todos. Pero el coronavirus y sus consecuencias tampoco son justos. Y, en este sentido, el engaño más grande ha de ser convocar a una armonía absoluta, acrítica e irreal, basada en un nacionalismo local, prejuicioso y reaccionario. En todo caso, si algo reclama la hora de la humanidad es el internacionalismo de los pueblos.
Pero tanto más cuestionable resulta esta armonía en cuanto el gobierno y los grandes medios están jugando ya sus cartas, no tanto pensando en las consecuencias inmediatas de la pandemia como en el país posemergencia sanitaria. Y los primeros pasos del gobierno, sin contar algunas medidas de corte demagógico, enseñan que no será el criterio de la justicia social el que ha de regir la política sanitaria. ¡La vida de los uruguayos tampoco será justa en esta ocasión!
Cuando escuchamos las conferencias de prensa del gobierno, si uno no viviera aquí, quedaríamos con la idea de vivir en un territorio habitado por una masa homogénea de individuos pertenecientes a una especie de gran “clase media”. Aquí no habría ni grandes riquezas ni salarios desorbitantes (que no son, evidentemente, los de 80.000 pesos). No quiere decir que por principio sea inaceptable cierto descuento a estos salarios en situaciones extraordinarias y agotadas otras fuentes de financiamiento. Es decir, el problema está en lo que no se hace, en aquellos salarios que no se tocan o que se descuentan en proporciones irrisorias. Pero es cierto, en Uruguay se puede hablar de salarios de 15, 30, 45, 60 u 80.000 pesos; hay diferencias, sin duda, pero hay cierta lógica cuantitativa: en realidad, ninguno supera por lejos una canasta familiar. La cuestión es que en el país hay salarios mucho, muchísimo más altos, y aquí la cantidad se transforma en calidad. Más allá de medidas demagógicas, ¿dónde está la justicia? Más aún cuando todos sabemos que hay quienes hace mucho, pero mucho tiempo que vienen perdiendo mientras unos pocos siguen ganando.
Pero lo más sorprendente es que, cuando en las conferencias de prensa algunos periodistas preguntan a los representantes del gobierno por otros sectores sociales a los que se podría (debería) imponer importantes contribuciones, estos no atinan a encontrar a estas clases y retornan porfiadamente a las relaciones salariales. ¡En Uruguay no hay relaciones de propiedad! ¡Las grandes riquezas y los enormes beneficios no existen! Hemos alcanzado una originalidad que difícilmente otros puedan emular: ¡ser la primera sociedad capitalista en la que se esfumó la burguesía!
El cinismo adquiere ribetes impensados no sólo por parte de representantes del gobierno sino también de los grandes medios, de “opinólogos” de todo tipo, de amigables y alegres “tertulianos”. Lo que nuestra terquedad y torpeza no nos permite comprender es que en realidad la burguesía criolla ya contribuyó: mandaron a los trabajadores al seguro de paro, ¡y no los despidieron! ¡Vean y reconozcan, ingratos! ¡Qué altruismo! Ahora, ante semejante esfuerzo; ¿alguien puede pensar en su sano juicio que a esta pobre gente, siempre tan predispuesta a asumir las pérdidas y compartir las ganancias, le queda margen para que le saquen más?
Conmovidos por esta “gran empresa nacional”, no faltan voces argumentando que el descuento a los funcionarios públicos y la situación general de los trabajadores uruguayos se compensa con esta “entrega desinteresada” del gran capital criollo, y, partiendo de esta peculiar forma de concebir las relaciones de clase en la sociedad, concluyen: “¡Así quedó todo equilibrado!”; “¡vivimos en el mejor de los mundos!”. El gran poeta persa tenía razón; en todo caso, la muerte por el coronavirus “será justa”.
Pero la cuestión no queda acá. El gobierno ha dicho que determinados sectores (eufemismo aparte, la burguesía criolla) podrían realizar “contribuciones voluntarias”. No vayamos a creer que a cambio de evasión de impuestos, publicidad u otras artimañas, impensadas en tan selecta clase social. Es probable que el país esté a punto de alcanzar otro récord inigualable: nuestra burguesía hará sustanciosas “contribuciones voluntarias desinteresadas”, como la reciente “generosa” contribución del sector agroexportador de 100 millones de dólares, pertenecientes a las arcas del Estado.
Sin embargo, nada de esto es lo peor. Lo peor es lo que perfilan para el futuro, el país que preparan para después de la pandemia. Si se presta atención a los grandes medios, se comprobará fácilmente por dónde aparecen los puntos principales para esconder las reales contradicciones y atacar y dividir al movimiento popular. Ya han detectado las causas de todos los males del país, la fuerza precursora de su crisis y estancamiento: los funcionarios públicos y sus “inauditos privilegios”. Y a coro cacarean atrás la misma cantinela todo tipo de “opinólogos”, tan difundidos como superficiales. No es un ataque a los funcionarios públicos, sino al conjunto de los trabajadores y al pueblo en general, procurando avanzar lo más posible en la desregulación laboral sobre la base del “sentido común” dominante, con su característica potencial de alienación. En este sentido, el objetivo no son los funcionarios públicos –ellos son el contenido del arma propagandística–, el objetivo real es el empeoramiento de las condiciones de vida de las masas populares.
Se trata, una vez más, de la verticalización artificial de la sociedad mediante la imposición de contradicciones falsas, para enfrentar a trabajadores contra trabajadores mientras la burguesía entreguista y servil, en la cúspide de la pirámide social, se mantiene cohesionada y con absoluta conciencia de quiénes son sus enemigos. En este caso, la falsa contradicción es: trabajadores públicos vs. trabajadores privados.
La aplicación del programa de gobierno, que ya era negativo para los trabajadores y los sectores populares en general, con la excusa de la crisis del coronavirus se agudizará en sus aspectos más retrógrados
La hipocresía, la impunidad y la impudicia es tal que declaran sin descaro: en tanto los funcionarios públicos gozan de “enormes privilegios”, estos deben ser abolidos. ¡Esto es justicia! Ahora ninguno tiene privilegios, empeoró la situación de todos, a los trabajadores privados se les habrá alejado por décadas la posibilidad de reclamar con éxito los antiguos “privilegios” de sus hermanos de clase y mejorará la tasa de explotación y de ganancia; esta es la conciencia del burgués. El carácter de clase reaccionario, antiobrero de pies a cabeza, de esta posición se comprueba en que, en lugar de suprimir “privilegios”, nunca se propone ampliarlos al conjunto de la clase trabajadora.
Observemos más de cerca este punto de vista y comprobemos su irracionalidad: precisamente para los intereses de la clase obrera y su contenido altamente alienante, ¿cuál sería uno o el más codiciado “privilegio” de los funcionarios públicos? Sin duda, el no poder ser despedido. En cierto sentido, esto es cierto, pero no es una verdad absoluta: hay causas por las que sí pueden ser despedidos los funcionarios públicos. Ahora bien, el despido es un “derecho” (en este caso sí un privilegio del que poco se habla) de los burgueses. ¿Es acaso un derecho de los trabajadores? ¡No! Es un drama para los trabajadores y sus familias. Por el contrario, lo que sí es un derecho de las personas, ni más ni menos que la educación, la salud, la vivienda etcétera, es el trabajo. Y no sólo el trabajo circunstancial, inestable, sino el trabajo seguro y estable. El derecho a tener una vida segura, a poder pensar y planificar el futuro sin la amenaza permanente de la desocupación; este no es un “privilegio”, es un derecho inalienable de la persona. El punto de vista contrario es el del capitalista, y el trabajador que se hace eco de él es un producto de la alienación.
Más aún, hay un problema práctico, diríamos inmediato, para las condiciones de los trabajadores, mucho más con las dimensiones del mercado interno de Uruguay. ¿Qué condiciones sociales se crearían en Uruguay, en el marco de una crisis como la de 2002 o con las consecuencias de las políticas del gobierno multicolor, si los gobiernos pudieran despedir funcionarios públicos? ¿En qué grado empeoraría la situación de los trabajadores, por la caída de los salarios ante el aumento del índice de desocupación y el consiguiente aumento de la oferta de fuerza de trabajo, que el mercado sería absolutamente incapaz de absorber?
Las clases dominantes y la derecha política trabajan sobre el “sentido común” superficial y apto para incrementar el grado de explotación de los trabajadores. De esta manera se contrabandea en la cabeza de las clases subalternas la ideología burguesa, sus dogmas y preceptos, del estilo de “mi libertad y mis derechos se terminan, tienen su límite, en la libertad y el derecho de otro”. Y esto es absolutamente cierto, pero lo es sólo para los intereses de la burguesía. El burgués lo es en tanto es propietario del capital, por lo cual esta propiedad debe ser un límite respecto del otro; el otro ve limitado sus derechos y su libertad; el otro es, en primer lugar, las masas desposeídas. Pero también lo son los otros burgueses, en tanto, mediante la competencia, los burgueses se devoran entre sí como perros.
La conciencia de clase, el punto de vista de los trabajadores es exactamente el contrario: mi libertad y mis derechos se garantizan y se desarrollan en la libertad y los derechos del otro, de mis iguales, de mis compañeros. Capital que pierde un capitalista lo gana y concentra otro capitalista, pero derechos y libertades que pierde un sector de la clase obrera, más tarde o más temprano, lo pierde toda la clase.
A raíz de la medida de rebaja salarial dispuesta por el gobierno se cuestionó por los grandes medios a los trabajadores públicos, se atacó al PIT-CNT invocando un nacionalismo entre “ingenuo” e hipócrita de rancio tufillo burgués, a los “sindicalistas que creen tener potestades para exigir sentarse a negociar con un gobierno que fue electo por la mayoría de la ciudadanía”, etcétera. En esta dirección caminan con el poncho de la emergencia sanitaria que vamos a ver hasta dónde los cobija de las consecuencias políticas de los “tarifazos” y el aumento impositivo por vía indirecta, del manejo del dólar y otras joyitas. Ellos ya están prefigurando el país poscrisis sanitaria. La aplicación del programa de gobierno, que ya era negativo para los trabajadores y los sectores populares en general (aumento del costo de vida, recorte del gasto público, intento de limitar los alcances de la negociación colectiva y los Consejos de Salarios, desmonopolización, privatizaciones), con la excusa de las consecuencias de la crisis del coronavirus se agudizará en sus aspectos más retrógrados.
La unidad, la organización, la movilización y la lucha política-ideológica serán fundamentales para frenar la reestructura reaccionaria de nuestra sociedad.
Aldo Scarpa es profesor de Historia, militante del movimiento popular y de la izquierda uruguaya desde los 13 años