Uruguay está en una coyuntura riesgosa, agravada porque muchas personas con altas responsabilidades institucionales, en vez de construir estrategias para disminuir el peligro, lo aumentan y contribuyen a la confusión de la ciudadanía.
El mundo atraviesa un cambio de época lleno de incertidumbres. El respeto a las normas internacionales decrece y gana terreno la ley del más fuerte. El desenfreno de los gobiernos más poderosos, los megarricos y el crimen organizado multiplica tanto las amenazas como la dificultad de protegernos contra ellas, porque nadie está en condiciones de prever con certeza el futuro cercano.
Todo esto afecta las posibilidades de crecimiento y desarrollo para un país como el nuestro, que requiere políticas potentes para resolver sus problemas y está limitado por la herencia de una situación fiscal comprometida.
Con semejante panorama, hay tareas de urgencia obvia. Entre ellas, establecer prioridades nacionales claras, proponer y discutir con seriedad posibles soluciones, avanzar cuanto sea posible hacia políticas de Estado y, cuando no se logren acuerdos, mantener a la vista cuáles son las alternativas planteadas, en un debate franco que no dinamite puentes. Lamentablemente, no son estas conductas las que abundan.
Esta semana, en la Cámara de Representantes no hubo mayoría para formar ninguna de las dos comisiones investigadoras propuestas sobre actuaciones de la Administración de Servicios de Salud del Estado. En cambio, se lanzaron acusaciones temerarias que no respetaron siquiera la investidura del presidente de la República. El fin de los trabajos de otra investigadora en Diputados, acerca de la compra de la estancia María Dolores, hace prever un desenlace similar, con cuestionamientos exorbitados y sin ninguna moción aprobada.
En el Partido Nacional, altos dirigentes reclaman sanciones muy duras contra dos ediles montevideanos solo por haber apoyado propuestas de fideicomiso planteadas por la intendencia para programas de limpieza, veredas y calles. No había ninguna resolución orgánica que impusiera otra actitud, pero el Directorio nacionalista trasladó el caso a la Comisión de Ética partidaria.
Desde el lunes, un grupo de propietarios de camiones de carga se movilizó en todo el país con cortes de ruta y agresiones a trabajadores del transporte. Protestaban contra el estudio, con participación de la cámara empresarial correspondiente, de procedimientos para controlar qué se transporta y en qué condiciones. También cuestionaban la suba de combustibles, determinada por la guerra contra Irán y que en Uruguay se ha mantenido por debajo del precio de paridad de importación, con un discurso político afín al de la oposición y apoyado desde esta.
Las fuerzas opositoras dejan mucho que desear, pero la responsabilidad de conducción en estos tiempos difíciles le corresponde ante todo al oficialismo. El apego a sus prioridades, la acción coordinada, el cuidado de la cohesión interna y el profesionalismo en la comunicación son factores indispensables. Lo que está en juego no es solo el futuro del gobierno, sino también el del país.
