Se acercan las elecciones parciales de mitad de período en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre. Sus resultados pueden modificar o confirmar la relación de fuerzas que le ha permitido a Donald Trump, con mayoría en ambas cámaras, saltearse la autorización parlamentaria para tomar medidas de gran impacto interno e internacional.
Esta perspectiva incide mucho, sin duda, en las acciones del oficialismo estadounidense, pero no es fácil interpretar en qué medida cada una de ellas tiene una finalidad meramente táctica y publicitaria con miras a noviembre, procura lograr avances estratégicos o combina los dos objetivos.
Así ocurre con las idas y venidas del ataque a Irán y con las de la política arancelaria, que en los últimos días reinstaló aumentos para las importaciones de numerosos países, entre ellos Uruguay, luego de que decisiones judiciales habían obligado a Trump a desandar sus pasos anteriores en esa dirección.
También es complejo evaluar las intenciones y los alcances de la reunión convocada la semana pasada en Washington por el secretario de Estado, Marco Rubio, para postular que resurge un “terrorismo de extrema izquierda” orquestado en escala internacional y que es preciso “aplastarlo”.
Lo más evidente de la maniobra es la voluntad de construir un enemigo interno manejado desde el exterior, presentando como parte de la misma conspiración a todas las protestas sociales contra las políticas de Trump, la amplia variedad de grupos autónomos que se identifican como antifascistas, los intelectuales, artistas y activistas que identifica como parte de “redes afines” y los adversarios electorales de noviembre. Pero esto no es todo.
Rubio tiene, por su historia personal y en sintonía con los sectores que lo apoyan, un interés particular en la intervención contra Cuba. Su narrativa sobre el resurgir terrorista presenta al gobierno cubano como el gran constructor y articulador, histórico y actual, de la extrema izquierda “en todo Occidente y más allá”. No parece incomodarle la desproporción entre los poderes que le atribuye a Cuba y las penurias crecientes en esa isla, o por lo menos sabe que el público al que se dirige está predispuesto a creerle.
Por otra parte, y con independencia de las motivaciones antedichas, el planteamiento realizado en Washington tiene por lo menos otras dos implicaciones alarmantes. La primera es de tipo doctrinario y se centra en la criminalización de las ideas de izquierda. Ya no se trata solo de etiquetar como “narcoterroristas” a los adversarios políticos, sino la propia condición de izquierdista se identifica como un delito grave al que hay que combatir sin piedad.
Esto nos lleva a la segunda implicación, relacionada con los gobiernos alineados con Trump en América Latina. Al amparo de la doctrina expuesta por Rubio, los presidentes de ultraderecha tienen luz verde de Washington para implementar guerras internas contra todo lo que definan como izquierdista. Por ese camino llegaron, no hace tanto, enormes desgracias para la región, y el tan mentado “nunca más” exige que no se recorra de nuevo.