Hasta el día de hoy en Estados Unidos es común que en programas de televisión, en diarios e incluso en conversaciones entre vecinos se hable de los parques nacionales como “la mejor idea” del pueblo estadounidense.
Con algo más de un siglo de funcionamiento institucional, pero varias décadas más de inspiración en pioneros del ambientalismo como Henry D Thoreau y John Muir, esta idea de que el esfuerzo de una sociedad para cuidar la naturaleza representa lo mejor de nosotros mismos –y es por tanto un bien público cuya salvaguarda responde a un interés general– ha florecido contra todo pronóstico. A 117 años y miles de kilómetros de una foto histórica de Teddy Roosevelt y John Muir en el valle Yosemite, el actual gobierno uruguayo, conformado por cinco partidos, del centro a la derecha del espectro político, ha decidido incorporar en la ley de urgente consideración (LUC) dos artículos que ponen en serio riesgo la viabilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
El SNAP fue creado por ley en el año 2000, pero no fue hasta 2005 que, mediante la aprobación del decreto reglamentario, se inició su planificación estratégica. Este proceso le ha permitido al país contar hoy con 17 áreas que contienen una representación de todas las ecorregiones del país, integra 51% de los ecosistemas amenazados y 45% de las especies prioritarias para la conservación. Lugares como la Quebrada de los Cuervos, el Valle del Lunarejo, la Laguna de Rocha y los Humedales del Santa Lucía gozan hoy de diversos esquemas de protección que necesitan (por cierto) ser profundizados, pero garantizan mejores condiciones para su cuidado y viabilidad futura.
Luego de 15 años de aquel puntapié inicial y en un movimiento difícil de entender por parte de quienes impulsan la creación de un Ministerio del Ambiente, nos encontramos en un escenario que representaría enormes retrocesos al modificar el régimen de consentimiento previo para la incorporación de predios privados al SNAP. El régimen actual, en el que el consentimiento no es requerido, no significó, por cierto, que la construcción social de los consensos necesarios para modificar pautas de explotación de los recursos naturales estuviera exenta de controversias. La acción del Estado en los últimos años, aunque perfectible, estuvo orientada a hacer primar el interés general de la protección del ambiente por sobre cualquier interés particular o sectorial. Ese espíritu, que pone por encima de todo el cuidado del bien común, es lo que corremos el riesgo de perder con la aprobación de la LUC. Y perderlo es lo que hoy nos asusta.
A nadie puede extrañar, entonces, que la aparición de los artículos 500 y 501 de la ley hayan despertado preocupación y alarma en las organizaciones dedicadas a la conservación del ambiente a nivel nacional. En los últimos días estas organizaciones se han expresado en contra de esta modificación, y estamos convencidos de que deben ser tanto escuchadas por el gobierno nacional como acompañadas por la izquierda política.
Un aspecto quizá no intencional de la jerga del desarrollo sostenible ha llevado a creer que las áreas protegidas son meros instrumentos de la conservación al servicio de compromisos intergeneracionales, pero la realidad de los vínculos entre la fragmentación, degradación y destrucción de ecosistemas, y la aparición de pandemias como la causada por el nuevo coronavirus nos demuestra lo alejados de la verdad que podemos estar al pensar así. Si de la mano de una pretendida “nueva normalidad” nuestra sociedad no amanece a otras formas de pensar la relación que mantenemos con el mundo de lo natural –no humano–, los riesgos crecientes de la crisis ambiental para nuestra salud y la de la economía llamarán con cada vez más frecuencia a nuestra puerta.
Sin ponernos a discutir la condición de “urgencia” de este articulado, la etapa de debate que se está abriendo necesita que reflexionemos en qué medida lo propuesto es coherente con nuestra Constitución. El Poder Ejecutivo, al presentar estos cambios en el marco de este programa de gobierno, siembra la duda sobre qué intereses realmente defiende. ¿Resulta descabellado pensar que frente a las esperables negativas en otorgar el consentimiento, y frente a los consecuentes muchos casos de expropiación puedan surgir impulsos especulativos? ¿Acaso las grandes forestales, mineras, o especuladores inmobiliarios vinculados al agronegocio, no se verían beneficiados por la venta de estas tierras al Estado? ¿Tiene sentido, en el marco del supuesto desastre en las finanzas públicas que la coalición gobernante se ha encargado de instalar, que la estrategia de ampliación del sistema dependa de grandes inversiones estatales para la expropiación de tierras?
Es fundamental tener en cuenta que entre otorgar el consentimiento para la incorporación al SNAP y la expropiación hay diversas formas de trabajo con los propietarios de las tierras, y la Planificación Estratégica desarrollada por el SNAP muestra claros ejemplos de esto. Hoy en día, como se expresa en su sitio web, “Todas estas áreas protegidas son territorios con gente. Personas viviendo, produciendo y usando esos espacios de forma especialmente cuidadosa para contribuir a la conservación de sus valores naturales y culturales a largo plazo. Personas aprendiendo y enseñando a usar y disfrutar el territorio bajo modalidades más amigables con el ambiente”.
Habrá quien piense que quienes escribimos hacemos caso omiso a las buenas iniciativas del gobierno actual. Esto no es así. Valoramos como importantes y positivas algunas modificaciones propuestas, como la creación de una cartera específica para los temas de ambiente y de desarrollo sostenible. No es imposible que este gobierno nos dé buenas noticias en el tema, basta con que asuma su transversalidad, establezca objetivos claros y esté dispuesto a tocar algunos intereses en vez de simplemente favorecerlos. Por ahora, en este particular, la preocupación es grande y la decepción asoma.
Andrés Carvajales y Verónica Piñeiro son biólogos. Ambos han trabajado en diferentes áreas de la gestión ambiental y son integrantes de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio.