Aulas desiertas: ni bueno, ni justo, ni popular

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Hace varias décadas la legislación educativa en Uruguay está signada por la idea de urgencia. La Ley General de Educación 14.101 fue tratada en el Parlamento en modalidad de urgente consideración en 1972. Esta ley fue calificada de inconstitucional porque concluyó en la supresión de tres entes autónomos, y la concentración de poder en el Consejo Nacional de Educación (Conae). A la salida de la dictadura el sistema político entendió que era urgente revisar la normativa educativa y se inició un debate que culminó en la denominada Ley de Emergencia 15.739. Esta ley, si bien incorporó libertades civiles que se habían perdido con la dictadura, mantuvo la concentración de poder en una institucionalidad centralizada, ahora Consejo Directivo Central (Codicen) y sus consejos dependientes.

La derogación de la Ley de Emergencia fue el resultado de un largo proceso de debate que comenzó tiempo antes, pero que se materializó en 2005 cuando todos los partidos con representación parlamentaria firmaron un acuerdo para promulgar una nueva Ley de Educación. El debate nacional sobre educación se inició en 2006 e incluyó la realización de cientos de asambleas en todo el país y la celebración del Primer Congreso Nacional de Educación “Maestro Julio Castro”. Luego, la discusión parlamentaria terminó con la votación de la Ley 18.437 en 2008, aprobada únicamente con los votos del Frente Amplio. Contrariamente a los reclamos del movimiento sindical y estudiantil, la nueva ley mantuvo el diseño institucional centralizado con injerencia del Poder Ejecutivo, pero incorporó a los consejeros docentes en la toma de decisiones.

A menos de dos meses del cambio de gobierno ingresó en el Parlamento una ley de urgente consideración (LUC) que se propone modificaciones estructurales en diversas áreas, entre ellas la ley educativa vigente. Diversas voces del ámbito educativo han elaborado argumentos sobre los impactos negativos que tendría la aprobación de la LUC; esta producción ha sido refutada diciendo que el proyecto fue una promesa de campaña (¿una promesa con la población o con quienes negociaron las alianzas para la conformación de la coalición?) y con afirmaciones categóricas como las del propio Luis Lacalle Pou, que en conferencia de prensa el 29 de abril, al ser consultado sobre la pertinencia de ingresar el proyecto al Parlamento, lo calificó de “popular, urgente, bueno y justo”.

En las siguientes líneas nos permitiremos abordar algunas de las razones por las que creemos que las modificaciones propuestas en el capítulo de educación son contrarias a la calificación que realiza el presidente.

La LUC no es popular

El proyecto de ley cambia la obligatoriedad de convocar al Congreso de Educación. Los congresos son instancias de intercambio, discusión y debate que permiten visualizar en la agenda pública nacional posturas, reclamos y propuestas de colectivos docentes, estudiantiles y organizaciones sociales de todo el país. Cercenar la participación de estos actores clave en la elaboración y evaluación de las políticas educativas es una definición antipopular.

También es antipopular el cambio en el gobierno de la educación, que propone suprimir los consejos para sustituirlos por direcciones generales; esta definición acentúa la línea política que comenzó en el período predictatorial y que no volvió a cambiarse, la concentración de poder atenta contra la democracia en el gobierno de la educación. Asimismo, en el Codicen, si bien se mantiene la cantidad de integrantes, cambia la modalidad en la votación para asuntos esenciales –como la adquisición de bienes inmuebles–, de tal forma que el voto de los integrantes por el orden docente pierde capacidad de incidencia real.

Gran parte de los contenidos de la LUC son funcionales a intereses de privados, para aumentar sus ganancias o su capacidad de incidencia en las políticas públicas, y la educación no es la excepción. ¿Qué necesidades urgentes tienen ahora los colegios y las universidades que gozan de exoneraciones fiscales millonarias, cobran matriculación y cuotas exuberantes al estudiantado, pagan sueldos al límite del laudo y aun así definen enviar a trabajadores al seguro de paro excusándose en la suspensión de clases cuando estas empresas no han dejado de percibir los ingresos mensuales? Si es cierto que la matrícula en las instituciones privadas disminuye como consecuencia de la crisis, ¿por qué insistir en darles mayor representatividad en el gobierno de la educación? ¿Es popular ser juez y parte en las definiciones sobre las que se tiene intereses económicos?

La LUC no es urgente

Muchas de las modificaciones propuestas podrían realizarse con otros mecanismos, algunas incluso ya suceden. ¿Por qué destinar gran parte del trabajo parlamentario a la LUC y no a la búsqueda de soluciones a las consecuencias de la covid-19? ¿Es urgente aprobarla antes de perder los votos de una coalición que en poco tiempo demostró tener grandes debilidades a la hora de funcionar como tal? Las innumerables secuelas que está generando la crisis sanitaria en la educación exigen políticas acordes; este proyecto de ley fue pensado para una realidad educativa prepandémica. En las últimas semanas el gabinete presidencial ha transmitido la idea de instalar y asimilar gradualmente una “nueva normalidad”, el 17 de abril se anunció la creación de un grupo de expertos para monitorear el avance de la pandemia y orientar las medidas gubernamentales a tomar. “El mundo ya no va a ser el mismo. Esa nueva normalidad la estamos probando en base a estudios científicos”, indicó el presidente. Sin embargo esta cautela y conciencia de cambio no se condicen con la insistencia en aprobar un proyecto de ley pensado para un sistema educativo que no volverá a ser el mismo.

La LUC no es justa

No haber creado la universidad de la educación será uno de los grandes debes del Frente Amplio con la formación docente. La LUC se aprovecha de esta carencia y suprime la normativa que creaba al Instituto Universitario de Educación (IUDE) e incluye en su lugar al CFE como parte de la estructura de la Administración Nacional de Educación Pública. En 2010 los sindicatos docentes advertían el peligro de generar una estructura en carácter de temporal y que luego fuera permanente. La ley actual establece que “se concebirá como universitaria la formación docente”, mientras que el texto nuevo expresa que se “hará todos los esfuerzos a su alcance”. El tono intencional pone en tela de juicio la creación del IUDE, y quita una herramienta de contralor a los docentes porque limita las posibilidades de exigencia ante el incumplimiento con la universitarización de la formación docente. ¿El esfuerzo puede verificarse?

La carrera docente es el régimen legal que regula la vida laboral de quienes ejercen la docencia, son normas que refieren al ingreso, permanencia, movilidad, ascenso y retiro de docentes. El recorrido de la carrera docente actualmente es posible mediante la antigüedad y la acumulación de certificaciones; la LUC lo sustituye por la eficiencia y el control, allanando el camino para que sean las direcciones de los centros las encargadas de decidir el acceso, permanencia y ascenso de los docentes al trabajo. Actualmente es obligatorio tener título docente para ejercer como maestro o profesor de educación media básica; el proyecto de ley propone modificar también los requisitos de ingreso para ejercer la docencia dando la posibilidad de que personas sin formación accedan incluso a la efectividad. Esta definición es injusta con los docentes formados.

La actividad docente es muy difícil de observar y cuantificar, cualquier intento de establecer una relación entre el esfuerzo personal del/la docente y su contribución al proyecto de centro es imposible en términos de justicia; la LUC abre paso a la discrecionalidad.

La LUC no es buena

Una de las primeras cosas que llaman la atención en la redacción del proyecto es el cambio de denominación de Sistema Nacional de Educación Pública a Sistema Nacional de Educación (SNE). Una lectura global del proyecto anula la posibilidad de interpretar que se trata de una omisión inocente. El aumento de la injerencia privada en la educación no es una novedad en el ámbito educativo, pero cabe decir que en términos de avance hacia la privatización nos encontramos ante una declaración de intencionalidad explícita y escandalosa: la anulación del sistema nacional de enseñanza terciaria pública es un hecho tan grave como peligroso. La inclusión de representantes de la enseñanza privada en las comisiones departamentales y en la comisión coordinadora del SNE, así como la disminución de integrantes por la Universidad de la República y la incorporación de las instituciones de formación militar y las instituciones de formación policial, atentan contra la tradición de laicidad. ¿Qué intereses van a representar los integrantes de las instituciones privadas en los ámbitos deliberativos que integren?

Atentar contra la autonomía de la educación no es bueno, depositar en el Ministerio de Educación y Cultura la facultad de elaborar el Plan de Política Educativa Nacional limitando la participación del Codicen a lo que se negocie con el Poder Ejecutivo es llevar la educación al terreno de la política partidaria.

Los últimos tres períodos de gobierno siguieron el estilo incrementalista en la formulación y planificación de las políticas educativas, contrario a las políticas de shock que estilan implementar otros países tras un cambio de gobierno. El peso que tiene el tema educativo en la LUC es innegable –en más de 500 artículos, 74 son directamente de educación–. Ahora bien, el gobierno presenta su estrategia política como un shock en materia de políticas educativas, prometiendo un nuevo rumbo; sin embargo, no lo es en absoluto. Al margen de los artículos que proponen meramente cambios de redacción, los artículos que plantean cambios estructurales lo hacen orientados a profundizar el proceso privatizador; socavar la tradición autonómica de la educación pública aumentando la injerencia de intereses privados y centralizando poder; menospreciar y precarizar la formación y la actividad docente; limitar la participación de la comunidad en los debates educativos.

Un acontecimiento imprevisto configura otras múltiples cotidianidades, la realidad exige nuevos rumbos para la educación Pero ¿cuáles? Julio Castro escribía en 1972, acerca de la ley de urgente consideración que se trató y aprobó ese mismo año, lo siguiente: “Cerrarán las escuelas; los niños y jóvenes quedarán sin clases; tal vez pierdan el año. La conmoción llegará a todos los hogares. Para encauzarla contra las víctimas de la ley, están prestas y prontas la prensa, las radios, la televisión. De las astillas del mismo palo se extraerán nuevos pretextos para imponer la ley”.¹ Las situaciones de crisis dejan al descubierto las debilidades de las sociedades, sus fragilidades, y por ende también el rol del Estado ante estas.

¿Qué es lo urgente hoy para la educación, a tres meses de suspensión de la presencialidad y con familias sin posibilidades de acceso a recursos para sostener procesos educativos a distancia? ¿No será justo pensar en políticas que garanticen la conectividad universal para los hogares donde hay estudiantes? ¿No será oportuno implementar estrategias de protección de la información y los contenidos que se generan en los intercambios por videoconferencia? ¿No sería bueno establecer protocolos de actuación en caso de alertas sanitarias para amortiguar la improvisación y la incertidumbre?

Sofía Velázquez y Gabriela Miraballes son profesoras de educación secundaria.

(*) “Aulas desiertas” refiere a un artículo de Julio Castro publicado en el semanario Marcha el 3 de noviembre de 1972, respecto del proyecto de Ley de Educación y de la huelga que estaban llevando a cabo los docentes.