¿El fin de la coalición?

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En las últimas elecciones nacionales, la necesidad de algunos partidos de sacar al Frente Amplio del gobierno, el crecimiento de la ola conservadora en la región y una fuerte polarización política decantaron en la formación de una débil coalición de gobierno, encargada de llevar adelante las políticas públicas durante los próximos cinco años.

Esta coalición comprende partidos con fuertes disputas internas. El partido del gran artífice de la coalición, Julio María Sanguinetti, fue el primero en tener choques internos. El temor a debilitar aún más el partido hizo que varios connotados dirigentes del Partido Colorado se abstuvieran de participar en la coalición y otros, como el edil de Florida Javier Fernández, se autoproclamaran contrarios y llegaran incluso a apoyar al Frente Amplio. El curul floridense fundamentó su accionar, en una entrevista para TV Florida, como una decisión de principios, pero con un enclave, a futuro, electoral: “Ahora están todos abrazados, blancos y colorados, que en Florida tienen grandes diferencias, y después de noviembre tenemos que salir a buscar el voto para mayo. Ahí es donde el Partido Nacional ha aprovechado todos estos balotajes, destrozando al Partido Colorado, que pasó de tener diez ediles a quedar con dos. Cada balotaje le ha servido al Partido Nacional para llevarse más colorados”.

Los partidos miembros de la coalición tienen también grandes diferencias ideológicas entre sí. El espectro va desde partidos históricos con más de 200 años hasta partidos recientemente formados, desde partidos estatistas hasta partidos neoliberales, desde partidos con sectores antimilitares hasta partidos que funcionan como lobby militar. Con estas características, y según el estudio de Chasquetti (2006),¹ dicha fragmentación ideológica dentro de la coalición multicolor podría llegar a suscitar e influir en conflictos interpartidarios: “Cuando un presidente y su partido muestran preferencias políticas muy distantes de las de los restantes partidos representados en el legislativo, la posibilidad de formación de coaliciones disminuye drásticamente. El expresidente uruguayo Juan Bordaberry intentó, sin éxito, en 1972, construir una coalición con el principal partido de la oposición. El fracaso estuvo centrado en la distancia ideológica que existía entre el presidente y los principales líderes del Partido Nacional. Situaciones similares ocurrieron en Ecuador, con presidentes minoritarios, como León Febres Cordero (1984), Sixto Durán Ballén (1992) y Jamil Mahuad (1998)”.

Primeras fichas de la coalición

En una estratégica jugada, el entonces aspirante a la presidencia de la República Luis Lacalle Pou, descuidando la creación de mecanismos para dirimir conflictos intercoalición y junto con el resto de los partidos que la conforman, creó un documento llamado “Compromiso por el país”, que luego fue canalizado por medio de una ley de urgente consideración (LUC). Dicho documento sintetizaba el borrador del programa de gobierno 2020-2025.

El mecanismo de ley de urgente consideración es un instrumento que permite al Poder Ejecutivo enviar un proyecto al Poder Legislativo que, en caso de no ser votado por la negativa, se aprueba automáticamente a los 90 días. No es la primera vez que se utiliza el instrumento; como ejemplos se pueden mencionar la ley de urgencia de 2001 ante la crisis económica que afectaba nuestro país, la creación del Ministerio de Desarrollo Social, en 2005, y la liquidación de Pluna, empresa estatal de aviación, en 2012.

Lo que realmente impacta a los académicos de la ciencia política es la multitud y la heterogeneidad de los artículos de la LUC, a la que se ha llegado a denominar “proyecto ómnibus”. Esto vuelve engorroso el tratamiento de la iniciativa y genera mucho daño a la democracia, debido a que se elaboran políticas públicas sin discusión con los grupos de interés, por los tiempos establecidos para su tratamiento. También es evidente que el gobierno necesita utilizar este mecanismo, ya que, al contener tantos y tan variados artículos, le permitiría gobernar incluso sin tener mayorías en el Parlamento. Al utilizarlo, el presidente se adelanta a una disolución de la frágil coalición, lo que traería aparejadas dificultades en la gobernanza.

El día después de las elecciones

Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimon, una vez proclamados por la Corte Electoral presidente y vicepresidenta, respectivamente, dieron comienzo a las negociaciones por la integración del Poder Ejecutivo. Luego de meses de negociaciones, el gabinete ministerial (ministros y subsecretarios) quedó integrado por 16 miembros del Partido Nacional, seis miembros del Partido Colorado, tres miembros de Cabildo Abierto y un miembro del Partido Independiente; quedó por fuera el Partido de la Gente.

¡Vaya sorpresa se llevaron algunos miembros de la coalición! El Partido Nacional acaparó, no sólo cuantitativa, sino también cualitativamente, los cargos en el Poder Ejecutivo. Esto hizo que dirigentes de los demás partidos integrantes de la coalición, especialmente del Partido Colorado, comenzaran a mostrar diferencias con las designaciones del presidente. El senador Adrián Peña dijo el 25 de febrero a la diaria: “Nunca pedimos una cantidad de cargos, no pasa por el número; pero quizás creíamos que el Partido Colorado tiene cuadros como para ocupar posiciones de mayor calidad a la hora de la toma de decisiones”.

En este clima de negociación de cargos, el entonces presidente electo, Luis Lacalle Pou, envió el anteproyecto de la ley de urgente consideración a sus socios. Una vez recibida la iniciativa, el Partido Colorado y el Partido Independiente observaron cambios respecto del acuerdo preelectoral firmado previamente. Del mismo modo, en el partido Cabildo Abierto se mostraron disconformes con algunos aspectos planteados en el texto que no estaban acordados. Las disonancias que envuelven la LUC, sumadas a que la coalición no tiene mecanismos para discernir sus propias diferencias, pone en peligro la propia integración de la coalición.

La coalición como amenaza para los partidos

“¿Hasta cuándo se procesará a militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?”. Esta frase del senador Guido Manini Ríos en la media hora previa a la sesión del Senado del 14 de abril encendió otra alarma que desató diferentes opiniones dentro de la frágil coalición. Luego de emitidas las declaraciones, se agudizó aún más la brecha entre los partidos que la integran. No tardaron en aparecer manifestaciones públicas: los jóvenes del Partido Colorado y el ministro Pablo Mieres, del Partido Independiente, hicieron sentir sus notorias discrepancias con los dichos de Manini.

Es imposible determinar si los choques dentro de la coalición cesarán luego de aprobada la LUC. Sin embargo, y teniendo en cuenta las ya evidentes y públicas desavenencias, podemos intuir que estamos precediendo a una escalada de tensión, en la que los diferentes partidos dentro de la coalición intentan marcar su agenda con sus propios fines políticos y la mira puesta en las próximas elecciones.

En los sistemas de partidos es importante que estos tengan un fuerte sentido de pertenencia e identidad y representen visiones ideológicas distintas. La fusión de estos partidos en coaliciones puede generar un desequilibrio en los rasgos que los hacen únicos y los definen, y hacer más sutiles las diferenciaciones entre ellos. Esto puede impulsar formas y lógicas de ver la política muy dañinas para las democracias, tales como la creencia de que los partidos son todos similares o son lo mismo. Además, crea el clima propicio para la aparición de outsiders: políticos personalistas e incluso populistas que, aprovechando y fomentando el descreimiento hacia los partidos como agentes clave para la política, construyen su carrera de forma personal.

La creación de una coalición que aglutina cinco partidos no sólo puede ser perjudicial para la democracia, sino que puede dejar por el camino a los partidos más débiles que la conforman. ¿Será el caso del Partido Independiente y el del Partido de la Gente? Estos no tienen un caudal elevado de votos ni una épica histórica, como sí la tienen los partidos tradicionales y el Frente Amplio. Estas características, ante la estandarización que supone entrar en una coalición con otros partidos, pueden hacer que estos se vean opacados, generando una disminución en su capacidad para mantenerse como partidos influyentes y pudiendo desencadenar un proceso que culmine en su desaparición.

Del desenlace del tratamiento de la LUC dependerá el éxito de la coalición. Hasta hoy, nada indica que sea favorable para esta, sino lo opuesto: el tan marcado perfilismo de algunos miembros y la falta de mecanismos de regulación de conflictos nos hacen pensar que estamos inmersos en un proceso que desembocará en el fin de la coalición.

De esto surgen dos interrogantes: ¿cuál será el camino de los partidos que abandonen la coalición?, ¿qué sucederá con la agenda legislativa? Porque no debe perderse de vista que al Frente Amplio le basta con que uno de los aliados grandes de la coalición vote junto con él para revocar la LUC.

José Gutiérrez y Tomás Martino son estudiantes de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de la República.