El 20 de mayo de 1976 aparecieron en Buenos Aires los cuerpos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, legisladores uruguayos exiliados en Argentina, junto a los también exiliados y asesinados William Whitelaw y Rosario Barredo. Todos habían sido secuestrados un par de días antes, al igual que el médico Manuel Liberoff, que permanece desaparecido.
Cuando se iban a cumplir los 20 años de esos asesinatos fue tomando cuerpo una propuesta, lanzada inicialmente por el grupo político Nuevo Espacio, que no integraba en esos momentos el Frente Amplio. Consistía en recordar activamente la fecha con una marcha por 18 de Julio, con flores y el pabellón nacional como únicos distintivos, para reclamar a la vez el esclarecimiento de asesinatos y desapariciones ocurridas bajo la dictadura.
La iniciativa surgía en un contexto regional y nacional cambiante. En Argentina los jefes militares hacían su mea culpa por los actos aberrantes cometidos durante la dictadura, mientras en Uruguay Julio María Sanguinetti había iniciado el año anterior su segundo mandato presidencial tras el interregno del presidente blanco Luis Lacalle Herrera. Una pregunta emergía: ¿sería posible en este nuevo contexto avanzar en el punto 4 de la ley de caducidad, aprobada precisamente durante el primer gobierno de Sanguinetti? Dicho artículo establece “que el Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento” de los hechos que involucran a los detenidos desaparecidos.
En los primeros días de mayo se avanzó en la propuesta y trascendió que varias organizaciones políticas y sociales se habían reunido para discutir la realización de la manifestación. Participaron dirigentes del Nuevo Espacio, del Encuentro Progresista (conformado en ese momento por el Frente Amplio, el Partido Demócrata Cristino y la lista 78, escindida del Partido Nacional), del PIT-CNT, de la ASCEEP-FEUU y de otras organizaciones sociales que acordaron marchar el 20 de mayo bajo la consigna “Verdad, memoria y nunca más”. Obviamente, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos tuvo participación activa en la organización, así como diversos organismos de derechos humanos. Días después, se conoció el apoyo institucional de la Universidad de la República, de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Montevideo, del Sindicato Médico del Uruguay, de la Iglesia Evangélica Metodista y de la Asociación Cultural Israelita Zhitlovsky, entre otros.
Invitado a participar en la convocatoria, el Partido Colorado la rechazó el miércoles 15 por 14 votos a uno y emitió una declaración en la que sostenía “que el bien principal que debe preservarse es la paz”. El voto disconforme fue del representante del sector de Víctor Vaillant, que ya en 1986 se había opuesto a la ley de caducidad y tiempo después abandonaría el lema colorado. El Partido Nacional no consideró la invitación por aspectos formales, pero su directorio decidió hacerle un homenaje a Héctor Gutiérrez Ruiz. La viuda de este, Matilde Rodríguez Larreta, y su grupo político, por el contrario, anunciaron su adhesión y participación en la marcha.
La asistencia a la primera Marcha del Silencio, como se la comenzó a considerar, fue muy importante. La prensa la cuantificó en decenas de miles de personas compactadas en varias cuadras, que recorrieron en silencio el trayecto desde el Monumento al Detenido Desaparecido en América Latina, ubicado en Rivera y Arenal Grande, hasta la plaza Libertad. Pero, más allá de la importante convocatoria lograda, la marcha se transformó en un acontecimiento político cualitativamente muy importante, que no pudo ser obviado.
Al día siguiente de la marcha, el presidente Sanguinetti se reunió con el ex presidente Lacalle Herrera. Este luego declaró que “hay procedimientos jurídicos” para esclarecer la suerte de los desaparecidos. Pero desde la Presidencia se adelantó el rechazo a cualquier forma de revisionismo y el semanario Búsqueda titulaba el jueves 23: “El gobierno está firme en su determinación de no remover las discusiones que hayan quedado pendientes del régimen militar”. Sanguinetti descartaba que los militares uruguayos siguieran el camino de los argentinos e hicieran un mea culpa sobre su propio accionar pasado: “Es un debate cerrado desde el punto de vista institucional. En el terreno individual o personal cada uno puede seguir sintiendo o diciendo lo que siente”, pero “las denuncias sobre desapariciones de detenidos ya fueron investigadas entre 1985 y 1987, sin que se obtuviera ningún resultado”.
Por su parte, el senador colorado Luis Hierro López, futuro vicepresidente entre 2000 y 2005, bajo la presidencia de Jorge Batlle, fue también extremadamente crítico. Calificó de “anacrónico” revisar la acción de las Fuerzas Armadas, rebatió el argumento de que sólo con verdad se logra la reconciliación y señaló que los países se reconcilian aunque no se tenga toda la verdad.
Ante la cínica pregunta de hasta cuándo, la unánime respuesta de centenares de miles de uruguayos seguirá siendo: hasta que nos digan dónde están, los encontremos, sepamos la verdad y se haga justicia.
El éxito de la marcha tuvo impacto también sobre los sectores políticos de izquierda, así como sobre las principales organizaciones sociales: es posible observar a partir de entonces una rejerarquización del tema de los derechos humanos bajo la dictadura, y en particular del de los desaparecidos. Luego de la derrota, en 1989, del voto verde en el plebiscito contra la ley de caducidad, esos temas habían quedado subsumidos dentro de la reivindicaciones globales, al grado que Jorge Batlle se preguntó el miércoles 22: “¿Por qué se pide ahora [el revisionismo] y no en los últimos cinco años?”. De ahí en más, el reclamo de verdad y justicia tuvo permanente centralidad política. Pocos días después, diversas organizaciones, entre ellas Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y el Servicio Paz y Justicia, solicitaron una entrevista al presidente, esperando un gesto de apertura. Este nunca lo tuvo y durante todo su mandato la imagen de los familiares reclamándolo en cada acto oficial se transformó en icónica.
En 1997, la convocatoria a la Marcha del Silencio fue reiterada, ahora ampliada en sus convocantes y siempre encabezada por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, con su enorme pasacalle y las fotos de sus seres queridos.
De ahí en más, y permaneciendo impunes múltiples asesinatos y desapariciones, la fecha fue creciendo en su valor simbólico hasta nuestros días. Cada 20 de mayo, año tras año y desde hace 24, una multitud persistente y, a la vez, inevitablemente renovada generacionalmente acude a la convocatoria. Llegados a la plaza Libertad, por los parlantes se escuchan los nombres, uno a uno, de los casi 200 desaparecidos –y en los últimos años se proyectan también sus fotos– y la multitud va respondiendo a viva voz con un fuerte “¡Presente!”.
Desde aquel primer 20 de mayo hasta hoy, muchas cosas han pasado. El ex presidente Batlle se animó a dar un primer tímido paso al crear la Comisión para la Paz. Luego, bajo los gobiernos frenteamplistas hubo avances manifiestos: fueron recuperados los restos de algunos desaparecidos y varios de los responsables directos e intelectuales fueron procesados una vez que la Justicia pudo retomar su independencia. Pero la tarea sigue largamente inconclusa. Quebrar el muro de la impunidad y el manto de silencio cómplice que la sostiene no es tarea fácil. Los 20 de mayo han sido y son una fuente de energía trascendental para persistir en el esfuerzo. Por eso no hubo inclemencia climática o cambio en el contexto político que modificara ese ritual multitudinario, silencioso y a la vez tremendamente clamoroso, a lo largo de dos decenios y medio.
La presente emergencia sanitaria hace que la 25ª edición de la marcha no pueda tener las características de años anteriores, pero eso no quiere decir que la reivindicación de los desaparecidos no siga estando. Fotos, abrazos, videos, perfiles, pañuelos, tapabocas, afiches, balconeras y un largo etcétera componen los diversos modos que en este 20 de mayo ellos serán recordados y reclamados. Pues ante la cínica pregunta de hasta cuándo, la unánime respuesta de centenares de miles de uruguayos seguirá siendo: hasta que nos digan dónde están, los encontremos, sepamos la verdad y se haga justicia.