En los últimos días, fue noticia la polémica generada por una nota del nuevo director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, a los directores de los informativos de Televisión Nacional de Uruguay (TNU) y las radios públicas. Allí les informaba que “todos los contenidos informativos y periodísticos” debían ser “consultados” con el también nuevo coordinador periodístico del Secan, Jorge Gatti, “antes de iniciarse el proceso de producción”.
En el medio de la enmarañada discusión, los propios jerarcas han planteado que los gobiernos del Frente Amplio (FA) se aprovecharon de los medios públicos en beneficio propio y que estos presentaban información desbalanceada para favorecer al gobierno. Por ejemplo, en una entrevista con El País Gatti dijo que “lo que le llega” de “la gente” es que los contenidos del canal están y estuvieron “flechados” en los últimos años. Sin embargo, ninguno de los dos presentó ejemplos concretos que sustenten sus afirmaciones.
Una primera cuestión a apuntar es que, en los hechos, desde siempre la estructura institucional de la radio y la televisión estatal han dependido del gobierno de turno. Más allá de que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) sancionada en 2014 prevé que el sistema de medios públicos sea un servicio descentralizado, gestionado por un directorio de tres personas propuesto por el Poder Ejecutivo y nombrado con venia de la Cámara de Senadores, eso no ha sido aplicado ni por el gobierno anterior ni por el actual, a pesar de que otorga más independencia.
El gobierno anterior anunció que no aplicaría la LSCA hasta que los recursos de inconstitucionalidad presentados por varios actores políticos y empresariales fueran laudados por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). No obstante, los artículos referidos a los medios públicos no recibieron ninguna impugnación y podrían haber sido aplicados desde un principio, y tampoco lo fueron después de las sentencias de la SCJ. Si bien el proyecto de nueva ley de medios del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou no modifica la gobernanza de los medios públicos ni el procedimiento para el nombramiento de sus autoridades, se optó por el camino corto antes de poner a funcionar la nueva estructura y se nombró directamente al responsable del Secan: un político que está en campaña electoral, ya que integrará una lista de la coalición de gobierno para la Intendencia de Montevideo. El propio Sotelo había anunciado hacía dos meses, antes de que las elecciones se pospusieran para setiembre, que no asumiría su cargo en el Secan hasta después de las elecciones, para “alejar cualquier duda o sospecha sobre los valores y procedimientos” suyos y del gobierno, más allá de que no veía impedimentos éticos ni legales para asumir el cargo.
Más allá de los prejuicios
En los últimos años la línea de los medios públicos ha dependido en buena medida de los directores de turno, algo mucho más marcado en TNU, que entre 2005 y 2020 tuvo cinco direcciones distintas. Más allá de ello, no hay fundamento para afirmar que los medios públicos hayan sido utilizados por los gobiernos nacionales para sacar algún tipo de provecho. Más bien todo lo contrario: una y otra vez, los gobernantes frenteamplistas han acudido a medios privados para realizar anuncios y en contadas ocasiones los medios estatales tuvieron algún tipo de prioridad al respecto. Esta situación, sumada a la inexistente presencia en redes sociales de Tabaré Vázquez y José Mujica, permite inferir que, más allá de momentos de tensión y cuestionamientos públicos al accionar de los grandes medios comerciales, ambos mandatarios se sintieron cómodos con esa dinámica y no tuvieron la necesidad de generar mecanismos alternativos de comunicación con la ciudadanía. Además, en los últimos 15 años no fue raro encontrar críticas a políticas públicas o a gobernantes en los medios públicos, ya fuera por parte de periodistas o de integrantes de la entonces oposición que fueron invitados a programas.
Sin embargo, más allá de la inexistencia de un proyecto comunicacional a largo plazo para los medios públicos que trascendiera a las direcciones de turno, en los últimos años estos recibieron una atención de las políticas públicas como pocas veces en su historia. De hecho, puede afirmarse que esto no comenzó con la llegada del FA al gobierno nacional en 2005. Ya en el gobierno de Jorge Batlle y la gestión de Juan Carlos Doyenart se impulsó una renovación del canal 5 en la que se aplicaron cambios institucionales, como la salida de la órbita del SODRE para que el canal pasara a ser una unidad ejecutora dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.
Es problemático que una persona designada directamente por el gobierno defina qué es de interés público o qué es imparcial. Aunque los nuevos jerarcas lo sugieran, no existe una situación de gravedad que amerite una intervención de ese tipo.
Los medios públicos de alcance nacional tienen una sufrida historia, ya que siempre fueron rehenes de las presiones que los medios comerciales ejercían a gobiernos de turno para no tener competencia. En ese marco, el aumento de presupuesto que tuvo el canal a partir de 2005, que sirvió para su transformación edilicia, el aumento de personal y algunas mejoras de equipamiento, marcan un cambio cualitativo muy importante. A ello se suma el desarrollo de las radios públicas, que con la creación de Radiodifusión Nacional de Uruguay (RNU) pasaron a funcionar coordinadamente y con cuatro perfiles bien diferenciados. Otro de los aspectos de importancia fue la creación del Secan, unidad ejecutora que nuclea a las radios y el canal. Además, tanto RNU como TNU han apostado a que su presencia en todo el territorio nacional sea una realidad.
También es claro que queda camino por recorrer para que los medios estatales sean reconocidos como un servicio público por parte de la ciudadanía uruguaya, y que todavía corren con desventaja en muchos aspectos en comparación con los medios privados. Por ejemplo, ya avanzada la era digital, TNU recién comenzó a emitir en alta definición desde hace pocas semanas, y existen diversas modalidades de contratación de los trabajadores que impactan directamente en cuestiones de funcionamiento.
Formas y formas
Algunas de las cuestiones que plantearon las nuevas autoridades de los medios públicos parecen ir en un sentido adecuado, como la elaboración de una guía de “principios, prácticas y estándares de calidad” que será revisada “por una comisión independiente integrada por personas de diversas orientaciones políticas”, que además realizará un seguimiento de la aplicación de los criterios, según anunció Sotelo en su cuenta de Twitter. Siempre es bueno que los medios elaboren guías y manuales, y más que lo hagan con el aporte de actores externos. No obstante, como no es un asunto del interés exclusivo de los partidos políticos, sino también de la ciudadanía en general, sería deseable retomar un esquema como el de la Comisión Honoraria Asesora del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional creada por la LSCA, que, sin embargo, el nuevo gobierno propone eliminar.
En cuanto a la nota enviada por Sotelo a los coordinadores de informativos, no parece ir en la línea adecuada para la libertad de expresión de los periodistas, que estarían sometidos al control de gestores designados por el gobierno. Tampoco parece muy viable desde el punto de vista práctico, ya que no es realista que una persona tenga que aceptar previamente todo el contenido de un multimedio que emite durante todo el día. Si bien con buena intención se argumenta que se apelará a criterios profesionales para lograr contenidos balanceados, imparciales y de interés público, ocurre que estos son conceptos que no tienen la misma definición para todas las personas –ni siquiera para todos los periodistas–. Es problemático que una persona designada directamente por el gobierno defina qué es de interés público o qué es imparcial. Aunque los nuevos jerarcas lo sugieran, no existe una situación de gravedad que amerite una intervención de ese tipo, que, tal como fue comunicada, se parece bastante a la censura previa. Esto no quiere decir que las autoridades de los medios públicos no puedan tener injerencia sobre los contenidos, pero hay formas y formas.
Facundo Franco es periodista y está realizando su tesis de maestría en Ciencia Política (Udelar) sobre las políticas públicas dirigidas de medios públicos de alcance nacional entre 2005 y 2015.