En la mañana del domingo, causó conmoción la noticia de que habían sido asesinados en el Cerro tres integrantes de la Infantería de Marina, mientras estaban de guardia para custodiar una vieja antena de radar.
El crimen se produjo en circunstancias extrañas, que exigían prudencia a la hora de interpretar lo que había ocurrido, pero varias personas cuyas opiniones tienen peso en la opinión pública se apresuraron a poner en circulación conclusiones que, en vez de aportar a la racionalidad, excitaron los ánimos.
Entre los irresponsables hubo tres senadores de la República, elegidos por las tres mayores fuerzas oficialistas: Jorge Gandini, del Partido Nacional; Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto; y Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado.
Gandini sostuvo que los homicidios habían sido obra del “crimen organizado”, y que mostraban “el costo de dejar crecer el narcotráfico durante años y ahora salir a combatirlo”, como si se tratara de una represalia y los culpables hubieran sido, en última instancia, los gobiernos del Frente Amplio.
Manini exhortó a “la rebeldía ante tanta insanía criminal” y a “actuar con la firmeza necesaria para darles seguridad a todos los uruguayos”. Fue poco claro acerca de quiénes y cómo deberían rebelarse, y en todo caso trasladó el problema a una presunta debilidad de las políticas de seguridad, alegando que su endurecimiento evitaría crímenes como el del Cerro.
Sanguinetti fue más allá. No sólo afirmó que todo apuntaba a la responsabilidad del “crimen organizado” y el “mundo de la droga”, sino que además vinculó los asesinatos con “una bomba en la brigada antinarcóticos”, aventuró que estos hechos simbolizan “un ataque a las instituciones policiales y militares” y “al estado de derecho”, y trajo a colación lo sucedido el 18 de mayo de 1972, cuando integrantes del MLN-Tupamaros mataron a cuatro soldados que también estaban de guardia.
Este martes quedó demostrado que Sanguinetti, Manini y Gandini dejan mucho que desear como detectives aficionados, y mucho más como gobernantes serios. Los tres homicidios no fueron cometidos por una banda criminal, ni con intención de atacar a las Fuerzas Armadas o a las instituciones democráticas, sino que el autor fue un ex marino que actuó solo.
El asesino conocía a dos de sus víctimas, que le permitieron ingresar al lugar donde cumplían funciones y estaban desprevenidas cuando les disparó. Cuesta imaginar qué cambios de las políticas de seguridad pública en general, o de las aplicadas en particular para combatir al narcotráfico, podrían haber evitado que esto pasara.
Los tres senadores se abalanzaron sobre un hecho impactante, antes de que los muertos hubieran sido enterrados, y orientaron las reacciones populares hacia sus propios objetivos políticos. Tanto da que estuvieran realmente convencidos de que sus interpretaciones eran correctas o que hayan querido engañar a la gente: el resultado se mide en el aumento del odio entre uruguayos, y de la desconfianza hacia las instituciones que Gandini, Manini y Sanguinetti dijeron que querían defender. A nada bueno puede conducir esto.