El 8 de julio se realizó virtualmente el primer panel de discusión sobre la “Actualidad y pertinencia de la renta básica universal (RBU)”. Fue organizado por la Red Latinoamericana de RBU, que tiene por objetivo vincular individuos y grupos interesados en fortalecer la discusión sobre esta temática y apoyar los esfuerzos que promuevan su implementación en América Latina. El diálogo generó exposiciones complementarias desde el enfoque de la economía, el derecho y la filosofía.
El economista Pablo Yanes, coordinador de investigaciones de la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en México, puso en el centro de la discusión la necesidad de dejar de llamar renta básica a transferencias monetarias específicas, ya que la renta básica es “una transferencia monetaria individual, garantizada, no condicionada y de carácter vitalicio”. Este rigor conceptual es importante, ya que responde a un planteo que es parte de un nuevo pilar del Estado de bienestar o, como planteara también el filósofo y cientista social Nelson Villarreal, de la Universidad de la República (Udelar), un nuevo paradigma.
Por otro lado, cuestionó una de las principales objeciones a esta herramienta desde el punto de vista económico: el costo de la aplicación. Sobre esto planteó que el costo económico, social y humano de la pandemia es tan alto que lleva a pensar que se puede medir como el costo de oportunidad de no haber implementado la RBU. Por ejemplo, la existencia de comorbilidades, producto de problemáticas asociadas a la malnutrición, que son determinantes sociales de la salud y que impactan directamente en los costos de esta pandemia.
Por su parte, la abogada Alejandra Zúñiga se enfocó en algunas de las problemáticas que afectan a las mujeres y son agudizadas por la pandemia, y en cuál es el rol de la RBU en este marco. Puntualmente, la expositora se centró en el aumento del desempleo femenino y la postergación de la reinserción al mercado laboral por tener a cargo los cuidados de las personas dependientes del hogar.
Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, previo a la pandemia a nivel mundial las mujeres realizaban tres veces más trabajo doméstico (medido en horas) y de cuidados (no remunerado) que los hombres. En el contexto de la pandemia se agudiza este fenómeno, ya que el aislamiento opera desplazando los cuidados desde instituciones que debieron cerrar transitoriamente (trabajo remunerado) hacia los hogares (trabajo no remunerado). Esto incentiva a que las mujeres interrumpan su vínculo con el mercado laboral y, considerando que son más afectadas por la precarización laboral y la falta de protección social, aumenta las probabilidades de que, en caso de reinserción, los ingresos no se recuperen en el futuro. “Vivimos en un mundo donde el mercado laboral está pensado para personas que no cuidan”, donde “los costos pueden ser absorbidos por las mujeres, quienes subsidian a la economía remunerada”, sostuvo Zúñiga. “Las mujeres no pueden seguir dotando a la sociedad gratuitamente de los cuidados que esta necesita”, añadió. Es allí que la RBU tiene un rol fundamental, al valorarse el trabajo de cuidado que realizan gratuitamente.
A su vez, se observa que los países nórdicos, donde existen políticas públicas que fomentan la corresponsabilidad, presentan límites. Zúñiga planteó que lo que influye es que las mujeres asignan mayor valor que los hombres a los trabajos de cuidados. Es por eso que defiende que se debería garantizar una RBU para otorgar mayor autonomía a las mujeres y plantea que las políticas públicas debieran tener en cuenta las preferencias de las mujeres hacia las tareas de cuidado.
Aquí se considera uno de los puntos más controvertidos de su presentación. Siguiendo a Silvia Federici, se postula que es necesario dejar de naturalizar los roles de la mujer. Desde una perspectiva marxista, la naturaleza humana, y, por ende, la de la mujer, no es más que el fruto de las relaciones sociales. El esquema del varón asalariado frente a la mujer dependiente, con casi nulo poder de negociación sobre la realización de las tareas domésticas y de cuidados, convierte a las mujeres en agentes esenciales para la reproducción capitalista, ya que es el trabajo doméstico el que reproduce la fuerza de trabajo. En este sentido, la dependencia del salario masculino es lo que esta autora denomina “el patriarcado del salario”.
Se deben generar las condiciones para desarrollar las capacidades que permitan la autonomía como condición de una libertad real y no sólo formal.
Sin embargo, varios autores y autoras feministas alineadas con la posición de Federici apoyan la aplicación de una RBU para la disminución de las desigualdades de género, dado que el carácter universal implica que no remunera específicamente el trabajo doméstico y las tareas de cuidado, por lo que no operaría como un incentivo a que las mujeres se dediquen a esas labores, pero sí aumentaría la autonomía y el poder de negociación de las mujeres en los hogares y en el mercado laboral.
Por último, Nelson Villarreal, integrante de la Red de RBU de la Udelar, se enfocó en el aspecto de la deseabilidad ética del instrumento, que considera que va más allá de una herramienta de política de protección social y que está en diálogo simultáneo con los conceptos de justicia social, emancipación y el ejercicio integral de la libertad.
En este sentido, planteó que la emergencia actual visibilizó los límites de los paradigmas vigentes de desarrollo y bienestar, donde se requiere un modelo o paradigma que sustenta los sistemas de producción y distribución, de protección social y de una cosmovisión de cómo se entiende la autonomía de las personas y del colectivo. Es por eso necesario hacerse cargo de los individuos excluidos de los beneficios que se han generado en el desarrollo de las sociedades actuales. En última instancia, es necesario analizar los mecanismos deseables de cómo generar las condiciones para la emancipación de todas las personas en una sociedad.
Villarreal plantea que hay dos formas contrapuestas de entender el ejercicio de la libertad que se relacionan con el rol que debería apoyar una RBU. Por un lado, entender la libertad como iniciativa de los individuos vinculada a las oportunidades que brinda el mercado. Otra visión parte del hecho de que las personas no pueden ejercer su libertad en la medida en que no puedan valerse de las oportunidades. Se deben generar las condiciones para desarrollar las capacidades que permitan la autonomía como condición de una libertad real y no sólo formal, en línea con el pensamiento del filósofo Philippe van Parijs.
La pregunta entonces que realiza el expositor es cómo efectivizar el derecho de acceso a lo económico, por la simple razón de ser parte de la sociedad y no sólo por ser propietario de capital o por la venta de la fuerza de trabajo. Este planteo va en línea con la tesis central del economista catalán Daniel Raventós sobre el rol de la RBU en la posibilidad de ejercer efectivamente el derecho a la existencia.
Desde esta perspectiva es que argumenta la necesidad de desarrollar una concepción republicana y democrática, abarcativa de todas las personas que forman una sociedad y no sólo de aquellas que están mejor posicionadas o que se apropian de los mejores beneficios materiales y simbólicos de una sociedad.
La disociación entre derechos políticos, sociales y económicos, sin garantizar el derecho a la subsistencia, deja instaladas las desigualdades que se agudizan con los impactos de la pandemia. Garantizar la dignidad humana de todas las personas exige repensar el pacto social que está en la base del Estado garantista de derecho por medio de un Estado social de bienestar, que desencadena cambios para el ejercicio de la autonomía de todas las personas y no sólo de algunos grupos o de mayorías.
Chantal Boulay es economista y estudiante avanzada del Diploma en Políticas Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar.