El domingo 27 se celebrarán 19 elecciones departamentales y 125 municipales en forma simultánea. En ellas comparecen, bajo diferentes modos, el Frente Amplio (FA) por un lado, y por otro, los partidos que integran la “coalición multicolor”, con diferentes arreglos que los llevan a comparecer conjunta o aisladamente, según el caso. Cada una de estas elecciones es independiente, pero es evidente que, más allá de las variantes departamentales y locales que suelen sesgar las preferencias de los ciudadanos y ciudadanas, están teñidas y atravesadas por los debates y las circunstancias nacionales, en los que se destacan el recambio de gobierno nacional y la impronta que aplica en la gestión estatal y la economía, los efectos de la pandemia y las dificultades crecientes en lo social, particularmente en el empleo y las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.
Ese contexto incide en las elecciones departamentales y municipales en las que se define el rumbo de los gobiernos de cada territorio.
En el relato que procura instalar la “coalición multicolor”, en estos casi siete meses de gobierno, la mayoría de los problemas que hoy se padecen en el país serían consecuencia de una mala gestión de los tres gobiernos nacionales del Frente Amplio (FA). Por lo general, estas afirmaciones se sustentan en análisis faltos de rigor, que en ocasiones han llevado al cuestionamiento de datos estadísticos y cifras oficiales, pero que tienen cierto predicamento en sectores de la población cuando se hace referencia, entre otros, al déficit fiscal y al incremento de la deuda.
Este discurso sesgado no es acompañado por una consideración similar del desempeño de sus correligionarios en sus gobiernos departamentales, en los que en el último período se han registrado problemas de mayor significación que los que critican del gobierno nacional del FA y ni que hablar de las seis intendencias que el FA gobierna.
Para ello veremos, apenas como indicios de una doble vara para medir gestión, tres aspectos de indudable valor político.
Las transferencias nacionales a departamentos y municipios
Gran parte de los gobiernos departamentales necesitan recursos originados en transferencias nacionales, que en los 15 años de gobiernos del FA se dispusieron puntualmente y en montos crecientes. Sin esa asistencia, que en 2019 ascendió aproximadamente a 17.500 millones de pesos, varias de las intendencias prácticamente no tendrían recursos para hacer frente a sus inversiones o al funcionamiento diario. Las transferencias nacionales significan en promedio 40% de los recursos totales de las intendencias, teniendo a Montevideo con el menor porcentaje (8%), Maldonado, Canelones y Colonia en un entorno de 20-25%, y en el otro extremo, Treinta y Tres (60%), y Cerro Largo, Lavalleja y Artigas en el entorno de 55%.
En la última propuesta del Poder Ejecutivo con vistas al presupuesto nacional, aprobada por el Congreso de Intendentes, disminuyen fuertemente estas transferencias para el período 2021-2025, pero sobre todo se reducen drásticamente aquellas que se destinaban a Montevideo y Canelones, los departamentos más poblados del país.
Esta propuesta está alineada con el fuerte ajuste fiscal implícito en el proyecto presupuestal elevado al Parlamento y que incluye importantes recortes en todos los incisos y organismos, determinando una reducción significativa de la inversión pública prácticamente en todas las áreas, con fuerte impacto en la dinámica social y económica.
Esta disminución proyectada afectará fuertemente los recursos de todas las intendencias y municipios, y por ende la inversión en infraestructura urbana y el gasto social que estas realizan, y que durante 15 años se incrementaron con base en los acuerdos entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales.
Finanzas departamentales: ¿doble norma para medir gestión?
Pero este panorama tiene un espejo en la gestión de cada uno de los 19 departamentos. Mientras algunos departamentos han sido prudentes y hasta austeros en sus gestiones financieras, otros virtualmente se han desentendido de sus responsabilidades. Para considerar este punto tomemos como ejemplo el resultado fiscal de dos de las intendencias que en el último año han aumentado fuertemente sus compromisos financieros a partir del aumento de su déficit acumulado.
El caso más notorio es el de la Intendencia de Maldonado, que ha incrementado fuertemente su endeudamiento financiero en el último año y tiene su recaudación cedida a todos sus acreedores con un pasivo financiero por créditos en moneda ajustable con vencimiento el 30 de noviembre del 2020 (fin de ejercicio) por 2.500 millones de pesos. Esto hace imposible la cancelación de las deudas a su vencimiento, debido al déficit acumulado de la Intendencia que se sitúa en más de3.000 millones de pesos, y del peso de la deuda sobre los ingresos, que ronda en el entorno de 50%.
En similar situación se encuentra la Intendencia de Florida, cuando observamos en su balance deudas financieras por 600 millones de pesos que representan 72% de los recursos propios y 40% de los recursos totales. Esto hace también que al fin del período no puedan cancelarse las deudas con dicho vencimiento.
Resulta por lo menos curioso que en estas dos situaciones el gobierno nacional o al menos algunos de sus voceros más notorios no expresen las mismas preocupaciones que se formulan con respecto a algunos indicadores de resultados del gobierno anterior.
Calidad de gasto y transparencia en los contratos
Un rasgo distintivo son algunas de las contrataciones que se repiten en las intendencias y que no son objeto de la misma crítica y análisis con los que se señalan supuestos “despilfarros” en el gobierno nacional anterior.
A modo de ejemplo, y con valor casi anecdótico, tomemos algunos casos muy notorios que merecieron cierta publicidad y actuaciones judiciales: compras de combustible en la Intendencia de Soriano (en comercios en los que el intendente tenía participación), vinculaciones familiares del intendente de Artigas con varios jerarcas y contratos de su administración; y un caso que pasó relativamente desapercibido: las contrataciones del actual subsecretario de Turismo, quien prestó servicios en las intendencias de Florida, Artigas, Tacuarembó y Flores.
Estos, y otros casos que podrían citarse, evidencian la consideración diferencial (e incluso el umbral diferente de “tolerancia”) con que se suele presentar y valorar una u otra gestión departamental.
Pero son apenas indicios de cuestiones estructurales, de orden más general. En tal sentido, es revelador el dato de la cantidad de funcionarios de cada Intendencia en relación a la población de los departamentos, así como de los modos de ingreso de personal a las diferentes intendencias, en las que se destacan las proporciones entre contrataciones e ingresos directos con respecto a los ingresos por llamados abiertos o concurso.
Más allá del anecdotario, que podría seguir, rescato del balance un resultado global: 15 años de gobiernos del FA determinaron un avance sustantivo en los procesos de descentralización y desarrollo más equilibrado del territorio nacional, en los que el interior del país resultó fuertemente considerado. Las transferencias de los recursos nacionales hacia departamentos y municipios fueron puntuales y crecientes, sin discriminación por color partidario de cada gobierno. La propia creación de los municipios es una obra del FA, posibilitando por primera vez gobiernos de cercanía electos en forma directa y con una lógica de cobertura nacional. Estas y otras políticas permitieron y alentaron que intendencias y municipios crecieran en servicios, inversiones, mejora de gestión y capacidad de responder a demandas y necesidades de sus poblaciones.
Con la nueva orientación de gobierno, hay procesos que se han interrumpido y hasta es probable que algunos de los logros se reviertan.
En las elecciones del domingo 27 se medirán fuerzas en el país, en los departamentos y en los espacios locales. La ciudadanía determinará una nueva geografía política del territorio. Hay mucho en juego.
Salvador Schelotto fue decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República y director nacional de Vivienda.