La discordancia que existe entre la prohibición absoluta de la tortura, como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y su prevalencia en el mundo de hoy demuestra la necesidad de que los estados identifiquen y pongan en práctica medidas eficaces para proteger a las personas en los distintos ámbitos donde esto ocurre.
Existe un estrecho vínculo a lo largo de la historia entre la profesión médica y la tortura. Los médicos hemos sido protagonistas de los episodios más relevantes de violencia, tortura o maltrato. Ya sea por participar activamente, lo que comprende actos como evaluar la capacidad de una persona para resistir a los malos tratos; hallarse presente ante malos tratos, supervisarlos o infligirlos; reanimar a la persona de manera que se la pueda seguir maltratando o el dar un tratamiento médico inmediatamente antes, durante o después de la tortura por instrucciones de aquellos que probablemente son responsables de ella; transmitir a torturadores conocimientos profesionales o información acerca de la salud de la víctima. Todo esto está expresamente prohibido dentro de la práctica médica por contravenir los más básicos principios éticos, como queda claramente establecido en la Declaración de Tokio de 1975 de la Asociación Médica Mundial (AMM). Así lo recoge nuestro Código de Ética Médica.
Pero también, la profesión médica ha sido y es un actor relevante a la hora de detectar y denunciar la tortura, en un rol de vigilancia y defensa de los derechos humanos.
Tortura y malos tratos ocurrieron, ocurren y ocurrirán. Actos individuales o masivos, en la guerra o en la paz. Nos referimos a conflictos bélicos, al odio entre etnias, a la guerra fría o al accionar de servicios secretos o la policía en algún lugar del mundo; también comprende la violencia de género, el maltrato infantil, las situaciones previas a un femicidio, sitios de atención especial de niños y adolescentes o instituciones de asistencia en salud mental.
Nuestra profesión, la medicina, no puede obviar su rol en defensa de los derechos humanos. La formación curricular, organicista, hospitalocéntrica y patologicista no pone el énfasis necesario en generar en el médico la conciencia de vigilante de derechos humanos fundamentales.
En nuestro país los hechos de tortura no se remiten sólo a la dictadura. De esos oscuros días recordamos los nombres de víctimas y victimarios, la resistencia y el accionar posterior valiente e intachable del Comité de Ética del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y de la Federación Médica del Interior (FEMI) que actuaron entre 1985 y 1988 expulsando a quienes faltaron a la ética.
Violencia, maltrato y tortura ocurren hoy, a diario. Cerca, muy cerca, naturalizados en un entorno contemplativo y amparados en un andamiaje que bajo los rótulos de “siempre fue así”, “solo no puedo hacer nada”, “si denuncias las represalias son peores” y un largo etcétera, se perpetúan en el tiempo.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo monitorea e informa anualmente sobre la situación de reclusos y lugares de encierro. Este monitoreo anual es un mecanismo adecuado de vigilancia que debe ser potenciado, pero sus recomendaciones requieren políticas públicas específicas que no siempre se implementan: “[...] El sistema debe incorporar un enfoque de salud integral que determine la adopción de planes de intervención basados en la promoción y la prevención, además del tratamiento de los problemas de salud. Es necesaria una correcta evaluación de salud de las personas privadas de libertad, tanto al ingresar al sistema como al trasladarse entre unidades del sistema”.1 El énfasis en el rol del sistema de salud es muy claro.
Pero a pesar de estos enunciados, las condiciones denigrantes y el maltrato parecen ser la regla.
Hace unos días, una columna del periodista Gabriel Pereyra en el semanario Búsqueda volvió a poner este tema en la opinión pública. Y como habitualmente pasa, el incendio que provocó se apagó rápidamente. En esa oportunidad, la escalofriante situación que describe la nota incluía el accionar de un colega involucrado con nombre y apellido. Es una buena oportunidad para reflexionar sobre nuestro deber ser en este tipo de situaciones.
Las Normas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Nelson Mandela) de 2015 establecen que el Estado debe garantizar el derecho a la salud de todas las personas, siendo la prestación de los servicios de salud a personas privadas de libertad su obligación, por lo cual deben gozar de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad, y acceder gratuitamente a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica, discapacidad mental, etcétera.
Es reiterativo entonces que el sistema de salud en su conjunto, y en especial los médicos, actuemos como garantes de esos derechos. Que nuestra obligación ética al detectar un acto de tortura o maltrato es denunciar por los mecanismos correspondientes que esa situación ocurre, que se detenga, que no se repita, que se proteja a la víctima y que se castigue al culpable.
En este punto debemos ser muy cuidadosos. En lo personal me merecen el mayor respeto las y los colegas que trabajan con poblaciones vulneradas, en particular en el Sistema de Atención Integral-Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL) y en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en un contexto de violencia permanente, en malas condiciones laborales, sin el debido amparo de su estructura asistencial. Todo lo cual lleva a que inevitablemente se naturalicen situaciones donde se convive con la violencia. Situaciones que desde la comodidad del living de nuestras casas lucen inadmisibles.
La profesión médica debe estar a la altura de las circunstancias, vigilante, nunca consintiendo, resistiendo. Pero también debe estarlo el resto de la sociedad que hoy se empeña en mirar a un costado.
Nuestro primer gesto como colectivo médico, y en especial el del SMU, es escucharlos, cuidarlos y protegerlos. Exigir a las autoridades las condiciones básicas para generar un ámbito donde se sientan resguardados para denunciar todo que deba ser denunciado. No podemos justificar, ni podemos cobrar al grito.
Porque... ¿qué es denunciar? ¿Es comunicar a tu jefe inmediato? ¿Publicarlo en redes sociales? ¿Hablarlo con tus pares? ¿Documentar en la historia clínica correspondiente y nada más?
Denunciar implica que exista un mecanismo válido que respete la autonomía y la privacidad de la persona, que ayude a protegerla, pero que también cuide al médico/a denunciante. Porque ese médico al día siguiente vuelve a trabajar y a encontrarse cara a cara con los torturadores, los protagonistas del maltrato, con sus jefes que consienten, con otros reclusos. Por tanto, su integridad psicofísica y su trabajo también están en riesgo.
Entonces, para denunciar debe existir un mecanismo adecuado que dé garantías para que ese rol de vigilante de los derechos humanos sea ejercido sin riesgo a convertirse en una víctima más.
El Protocolo de Estambul establece que la premisa fundamental de toda ética de atención de la salud, cualquiera sea la forma en que se enuncie, es el deber fundamental de actuar siempre en el interés del paciente, sean cuales fueren las limitaciones, presiones u obligaciones contractuales. Es un excelente y muy recomendable documento, que todos deberíamos conocer, que sirve como guía a los profesionales de la salud sobre cómo proceder al detectar situaciones de abuso, maltrato o tortura, crucial en el esfuerzo global para terminar con este flagelo.
Menudo favor le haríamos a nuestra sociedad castigando chivos expiatorios. Los colegas deben ser evaluados mediante procesos administrativos, con las garantías necesarias para dirimir si faltaron a la ética en su praxis médica en un contexto determinado.
La Declaración de Hamburgo de la Asociación Médica Mundial (AMM) de 1997 reitera y reafirma la responsabilidad de la profesión médica organizada en la prevención, denuncia y documentación de la tortura, e insta:
A los médicos a cumplir su compromiso como médico para servir a la humanidad y resistir a cualquier presión para actuar contra los principios éticos que guían su dedicación a esta tarea;
A apoyar a los médicos que tengan dificultades como resultado de su resistencia a cualquier presión o como resultado de sus intentos de dar a conocer sus opiniones o actuar contra dichas prácticas inhumanas;
A los médicos a informar y documentar todo acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de los que tengan conocimiento;
A apoyar y proteger a los médicos que resisten la participación en dichas prácticas inhumanas, o que documentan e informan estas prácticas, o que trabajan para tratar o rehabilitar a sus víctimas, como también para asegurar el derecho de mantener los más altos principios éticos, incluido el secreto médico;
A tomar medidas para que los médicos sean responsables ante la ley en caso de complicidad en actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
A pedir a las correspondientes autoridades académicas que en todas las escuelas de medicina y hospitales se eduque y se investigue sobre los efectos de la tortura y su tratamiento, la rehabilitación de los sobrevivientes, el modo de documentar los efectos de la tortura y la protección profesional.
Hay dos errores que no podemos cometer, si realmente queremos modificar esta situación:
1) Culpar y castigar al individuo. Convertir en chivo expiatorio a un médico/a que hubiere cometido una falta ética obviando el contexto en que se desempeña, sin entender la responsabilidad del sistema y de la sociedad.
2) Decir que la culpa es del sistema y de la sociedad, o sea de todos, lo que en definitiva recae en nadie. Es la forma más fácil desde un análisis teórico de diluir responsabilidades y que nada cambie. Porque lograr que las cosas cambien tiene altos costos personales y políticos que no todos están dispuestos a pagar.
Si no nos involucramos realmente todos, la tortura y los malos tratos, los actos denigrantes, la violencia de género y los niños golpeados van a seguir siendo parte de nuestro cotidiano. La profesión médica debe estar a la altura de las circunstancias, vigilante, nunca consintiendo, resistiendo. Pero también debe estarlo el resto de la sociedad que hoy se empeña en mirar a un costado.
De no ser así, nada cambiará.
Gustavo Grecco es médico y fue presidente del SMU.
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VII Informe Anual del Mecanismo de Prevención de la Tortura, y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Uruguay, 2020. ↩