Dentro de las derechas actuales hay varias vertientes. Pablo Stefanoni en ¿La rebeldía se volvió de derecha? analiza varias de ellas y nos permite pensar algunas situaciones que ocurren en nuestro país. También es posible hurgar cómo el partido español Vox viene desarrollando actividades en todo el continente con aliados locales. Recordemos que la región está siendo motivo de disputas entre fuerzas populares que pretenden colocar al ser humano en el centro en lugar de dejar en el centro las mercancías y el capital. Recordemos que fue por este motivo que en Bolivia se dio un golpe de Estado en 2019 (y que en estos días existen nuevos intentos golpistas contra un gobierno que tuvo el apoyo popular) o que las calles de Ecuador una y otra vez se ven colmadas de manifestantes que reclaman por una mejor vida, o que ocurrieron las brutales masacres durante meses en Chile primero y en Colombia después (que no se han detenido del todo, aunque los grandes medios hagan que miran para otro lado o se distraigan con chismeríos del momento).
En Uruguay una de las vertientes de esta derecha es el partido cabildante. Este sector es el representante y defensor de una de las ramas más conservadoras, que se dedica una y otra vez a defender a los peores criminales de Uruguay. Hoy presenta un proyecto de ley para liberar a esos presos y a la vez realiza una movida pública con una carta en la que plantea falsedades y distorsiona la realidad de manera cínica.
Esta reivindicación y defensa de los peores crímenes tampoco son novedosas en el mundo ni en la región. Al decir del historiador Enzo Traverso, se puede observar cómo sectores ultraconservadores en Europa reivindican una continuidad ideológica con el fascismo histórico, pero no se reivindican como tales, se muestran a la masa como algo diferente: “Su contenido ideológico es fluctuante [poco claro], inestable, a menudo contradictorio, en el cual se mezclan filosofías políticas antinómicas” (Las nuevas caras de la derecha, 2018).
En la región está el caso paradigmático del presidente de Brasil, que reivindica a la dictadura que arrasó con ese país desde mediados de los 60 hasta los años 80. Una y otra vez reivindica la figura de “Alberto Brilhante Ustra, represor de la dictadura brasileña verdugo de varios militantes brasileños además de torturador de Dilma Rousseff” (Micaela Cuesta, “Con la B de Bolsonaro: bala, Biblia y buey”, en revista Anfibia). En su país, impulsado e impulsando la triple B: bala (poder militar), buey (poder de los terratenientes) y Biblia (poder de la Iglesia), ha expandido la persecución a sus opositores políticos (o a quienes se atreven a pensar de manera distinta a su proyecto conservador), el odio y desprecio de clase.
En Argentina también existen muestras de la defensa de las atrocidades cometidas por la dictadura de los 70. Daniel Feierstein (2018) lo analiza y permite un acercamiento a lo sucedido durante el período macrista, en donde se cuestionó y derribaron muchas políticas llevadas adelante por los gobiernos kirchneristas respecto de las violaciones de los derechos humanos. De esa manera “se retiró el apoyo financiero a las oficinas de investigación del accionar represivo creadas dentro de la propia estructura del Estado, desmembrando áreas completas o vaciando presupuestariamente a otras en los Ministerios de Justicia, Defensa o Secretaría de Derechos Humanos” (Feierstein, 2018, Los dos demonios (recargados)).
A este sector de la derecha reaccionaria también le interesa acumular riquezas. No es ajeno a la lógica de la dinámica del capital. Lejos de ser un sector político que ha venido a purificar un sistema al que acusaban día y noche de corrupto, las prácticas concretas denunciadas en la prensa local dejan ver que se parecen a una agencia de colocaciones en el Estado. Eso sí, se debe ser parte de la familia (militar, familia de los jefes militares).
Parece necesario desterrar la idea de tener un debate serio con los defensores de esta ley. No les interesa. Su posición es la inercia del sistema establecido.
Estas derechas promueven la idea de que cada uno es libre de hacer lo que quiera y sienta. Así aparecen los coaching y cursos de autoayuda que nos invitan a dirigir nuestra vida despojando cualquier elemento que se conecte con las dimensiones estructurales de la sociedad, alimentando también el camino individual. Y esto que parece menor se está fomentando hoy en las escuelas y liceos público-privados, en donde los alumnos son estimulados en esta filosofía de la competencia.
Este concepto de la libertad se relaciona con el goce, el placer, el disfrute. Y poco o nada interesa si las personas no pueden disfrutar realmente o no: recordemos –¡no olvidemos esto!– que miles comen en ollas populares, que hay niños y madres desnutridas hoy en nuestro país mientras unos pocos “perciben ingresos de aproximadamente unos 15.000 dólares mensuales, lo que equivale a unas 30 veces más que el ingreso personal promedio de Uruguay” (Mauricio da Rosa, 2021, “La desigualdad en el centro” en Los de arriba).
El sistema máquina avanza; no interesa si las personas tienen trabajo, si pueden comer o no, si pueden tener una vivienda o no, si tienen acceso a una educación que les permita proyectarse o no. No interesa si la persona está frustrada porque nunca ha logrado acceder a las innumerables mercancías que le ofrecen día a día. Ese es el proyecto de vida que se estimula y fomenta.
El proyecto del capital no se detiene y hoy avanza y se profundiza. La lógica que hoy gobierna parece ser parte de algo dado de antemano, una sentencia indiscutible.
En esta realidad es que se está desarrollando una campaña que tendrá como elemento central la contienda por 135 artículos de una ley que reafirma esta filosofía. Parece necesario desterrar la idea de tener un debate serio con los defensores de esta ley. No les interesa. Su posición es la inercia del sistema establecido.
Pero como dijo el presidente y está quedando demostrado, no se están deteniendo en sus avances de demoler la idea de lo público y del bien común. Así están recortando derechos a trabajadores, a usuarios de la salud; están concesionando aeropuertos y puertos sin siquiera informar al resto del sistema político; también están avanzando en destruir los lazos regionales con el resto de los países vecinos, pensando solamente en los negocios de los “malla oro”.
¿Qué se hará desde el campo popular para oponerse a esta situación? Quizá sea necesario un trabajo político arduo y riguroso, en donde se abran realmente discusiones profundas de los motivos que llevan a vivir la realidad en la que estamos. ¿O estamos adaptados al proyecto del capital y no se lo combatirá? ¿Se va a dejar pasar una oportunidad de discutir con la derecha acerca de cuestiones de fondo de la sociedad?
Héctor Altamirano es docente de Historia.