La labor policial está en el centro del debate público. Ahora con afirmaciones del actual gobierno y también con la impugnación de los artículos (33 en 135) que componen el capítulo de seguridad de la ley de urgente consideración (LUC).
Las y los buenos policías se vuelven a convertir en rehenes de eslóganes electorales, que se desviven en halagos y mensajes simbólicos (no siempre correspondidos en materia salarial o de equipamiento) que terminan, en mi opinión, perjudicando el profesionalismo y la dignidad de la propia Policía, condenada a cargar con una mochila pesada, que no es tarea exclusiva o responsabilidad única de la Policía. Por otra parte, la LUC incorpora herramientas innecesarias que, por añadidura, dan nuevas oportunidades a los malos policías que han hecho de la corruptela una opción de vida y negocios.
Adjudicar la supuesta baja de los delitos a las nada novedosas herramientas que se le han otorgado ahora a la Policía es una mentira y una trampa. El politólogo Óscar Bottinelli, en una columna publicada en el diario El Observador, sostenía que “la seguridad pública es un drama nacional que se ha tomado con mucha liviandad en clave electoral, se ha simplificado el fenómeno, no se han discutido las causas, se cree que surgió hace muy poco tiempo, que es culpa de un solo gobernante y que lo puede arreglar por sí solo otro gobernante”. Advertía al mismo tiempo sobre el grave problema del narcotráfico: “Territorios dominados por la droga, territorio de combate entre bandas de narcotráfico, la aparición del sicariato (el asesinato por encargo), las guerras entre sicarios, los jóvenes muy jóvenes acribillados con 30 balazos en el cuerpo”.
El problema delincuencial y las violencias sociales en aumento no son problemas exclusivos de la Policía. Es necesario un análisis criminal más científico y un abordaje de más agencias del Estado. No se resuelve con más penas, con más gente presa ni con acciones punitivas más violentas. Desde 1997 Uruguay viene aumentando penas e inaugurando cárceles inmundas, que son sólo un nuevo mercado de drogas y escuela del crimen. Los esfuerzos del comisionado parlamentario son encomiables. Hubo experiencias de gestión en cárceles y de programas socioeducativos, incluso para los liberados, que han sido desechados insólitamente. Así no.
Mitos y prejuicios
El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) recibió en el Congreso del PIT-CNT una amplia mayoría de apoyo. No sólo se considera a los policías compañeros, sino que se les habilitó una buena representación en la dirección sindical. El tratamiento mediático del tema privilegió, para dividir, las mociones minoritarias que pretendían su exclusión. Un vocero de Sifpom declaró que todavía existían prejuicios y mitos sobre lo que fue históricamente la acción policial. Es posible que tenga razón. También el reverso de ello es cierto, y sería sano reconocerlo. El principio de unidad, diversidad y lucha ideológica es un eje para el movimiento sindical. Vale para este caso también.
La vigilancia de todas y todos nuestros afiliados, cuando cometen abusos o directamente actos corruptos, es un principio sindical. No es de ética ni actitud sindical defender ladrones, corruptos o violentos. Eso vale para todos los sindicatos. La labor policial tiene una diferencia: son funcionarios del Estado con derecho al uso de armas y que tienen como función aplicar la ley. Es complicado. Pero hay una ética, reglamentos y garantías que da la ley para todos los ciudadanos y las ciudadanas que deben ser conjugados a la hora de operar.
De mi gajo una flor
Quien escribe esto habla con autoridad. Valga la paradoja. Fui preso por primera vez el 18 de octubre de 1967. La ficha policial 130.871 reza: “Detenido por pegar carteles de homenaje al Che Guevara durante las Medidas Prontas de Seguridad. Por ser menor fue entregado a sus padres”. No dice que me tuvieron de plantón toda la noche en la jefatura. En 1968, ya mayorcito, me condujeron detenido al Grupo de Artillería 5 unos días después de que una bala policial matara por la espalda a Líber Arce. El primero de muchos mártires estudiantiles, algunos de los cuales fueron mis amigos y amigas y compañeros muy queridos. No fue una guerra. En todo caso, la decisión de rebelarse de muchos jóvenes de aquellos tiempos se debió, entre otras cosas, a la impotencia y la bronca que sentían contra dirigentes políticos con vocación autoritaria que usaron y alentaron a la Policía, sin que mediara desobediencia, a cometer aquellos crímenes infames.
La LUC incorpora herramientas innecesarias que, por añadidura, dan nuevas oportunidades a los malos policías que han hecho de la corruptela una opción de vida y negocios.
No detallaré aquí el rol que jugó la Policía en tiempos de dictadura. Ha dejado huellas. Los militares, los verdes, entre otras cosas, los despreciaban y los usaron. Militarizaron y pusieron bajo su bota a toda la fuerza. Con el concurso de los malos y peores policías, que actuaron en forma aberrante. Algunos de ellos ya fueron procesados.
JND: una experiencia interinstitucional y un amigo
En 2005 fui designado secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, cargo ejecutivo de la Junta Nacional de Drogas. En abril de 2005, ya en funciones, me reuní con un policía, jefe de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. El inspector Julio Guarteche. Con prejuicios, sí, con temores y mitos. De ambos lados. Escuchamos. Establecimos relaciones de confianza y de trabajo. Trabajamos junto con él y todo su equipo. Construimos juntos, con acuerdos y diferencias, con respeto y finalmente con amistad, políticas públicas en drogas con pretensión de continuidad.
En aquella primera reunión, Guarteche traía para entregarme una carpetita. Todavía la conservo como reliquia. Era una larga lista de autos y bienes que se pudrían en la brigada y otras dependencias porque el Estado, todas las autoridades anteriores, no habían encontrado la forma legal para que pudieran incorporarse al patrimonio público y ser usados para financiar todos los componentes de nuestras políticas en drogas. Lo escuché. Fue un desafío. No fue fácil. Con base en un convenio firmado con la Organización de los Estados Americanos y con el concurso de un excelente equipo de profesionales, liderado por dos mujeres (Elena Lagomarsino y María Herrera) en consulta con jueces, fiscales y técnicos, se conformó lo que hoy es una realidad: el Fondo de Bienes Decomisados.
Legítima defensa
Sabrán disimular los policías que leen estas líneas mi lenguaje: los mandos políticos los están engrupiendo. Todos los artículos de la LUC que pretendemos anular complican su función. El doctor Juan Ceretta brindó un claro ejemplo de ello en una columna del programa Más temprano que tarde. El supuesto amparo que les da el artículo 1, llamado “Legítima defensa”, no sólo es innecesario, sino que en caso de ampararse en él se complica el problema. El artículo 28 del Código Penal, vigente y sin modificaciones, dice que está “exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le preste a la justicia”. No se necesita más.
Los artículos referidos a “resistencia al arresto y agravio a la autoridad” o los relativos al desalojo de lugares públicos para gente que no tiene dónde vivir y la represión de piquetes sólo sirven para generar distancia y enfrentamiento con toda la ciudadanía.
El aumento de penas para el narcomenudeo, ustedes lo saben bien, es infame, injusto y no sirve para nada. Máxime cuando todos sabemos que los peces gordos que se dedican a la soja, a la cocaína o que viven en La Tahona escondiendo 454 kilos de pasta base, así como los bufetes y los profesionales que lavan dinero a lo bobo, no tienen el mismo tratamiento.
Sabemos que hay herramientas que sirven de coartada infame a los malos políticos, y también a los malos policías. No cejan de intentar volver. Lo demostró la intención de bajar la placa con que se había nominado la sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia: Comisario General Julio Guarteche. Pretendían sustituirla por la del torturador Víctor Castiglioni. Todo un símbolo. Que no prosperó. Pero sí prosperaron el apartamiento y la marginación de todos los buenos profesionales policías que formó y promovió mi amigo Julio Guarteche.
En una serie policial gallega disponible en Netflix que se llama El sabor de las margaritas, en un momento crítico de la investigación en el que queda clara la inconducta de ciertos policías el comisario general, en clave docente, dice: “Nuestra misión es proteger a la gente. No a la patria ni a todas esas historias. A la gente. Y para eso hay que ganarse su confianza”.