El 28 de octubre el gobierno anunció, como es costumbre, en una conferencia de prensa, un conjunto de medidas dirigidas a la asistencia social de las familias vulnerables.
Subrayado tituló: “Anuncian cinco medidas para reforzar asistencia social a familias vulnerables”. El Observador tituló: “Gobierno anuncia nuevas transferencias de dinero para la población más vulnerable”. El País tituló: “Ollas populares, Mides, Bono crianza: Anunciaron modificaciones y extensión de beneficios”. Telemundo tituló: “Gobierno anunció cinco medidas de asistencia social para hogares en situación de vulnerabilidad”.
Enumeremos y comentemos entonces las medidas del gobierno para constatar en qué medida fueron “nuevas medidas” o una continuidad y expansión de las ya existentes, y si mejoran la protección social de la población más vulnerable.
Apoyo a ollas populares
Las autoridades del Mides anunciaron el sostenimiento hasta el mes de abril del apoyo a ollas populares y merenderos y evaluación en esa fecha. Lamentablemente, el ministerio no cuenta con un sistema de monitoreo en tiempo real para poder hacer un seguimiento de los compromisos que la propia cartera ha desarrollado en estos casi dos años de gobierno, tampoco del Fondo Coronavirus. Sin embargo, no son pocas las denuncias en los atrasos en pagos de sueldos, convenios por prestaciones de servicios, y reparto de alimentos.
Meses atrás comenzamos a denunciar que era inminente el faltante de alimentos a lo largo y ancho de todo el país por un atraso significativo en la distribución que realiza el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), fruto de un expediente retenido en el Ministerio de Economía y Finanzas desde diciembre de 2020 (LP 56/2020). Esto no sólo trajo trastornos y perjuicios en la población de comedores y merenderos de todo el país, sino que habilitó un camino alternativo de compras directas desde el Estado, y por tanto de procedimientos no competitivos, que no hablan precisamente ni de transparencia ni de planificación, y que ha hecho beneficiaria de esa situación a una de las empresas que hoy convenia con el Mides pasantías de trabajo.
Esta tranca retrasó varios cronogramas de distribución de alimentos con el consiguiente ahorro por parte del gobierno de varios meses de gastos en comida, espaciando en el tiempo el cumplimiento de los compromisos planteados por Luis Lacalle Pou el 2 de marzo de 2021. Cada ronda de distribución de alimentos que habitualmente se hace en promedio cada tres meses, pasó a seis, sin luego reponer stock, recortando así los insumos que llegaron a la población más vulnerable. Hoy se anuncia una extensión de esos apoyos por tres meses más, los cuales fueron ya ahorrados en las distribuciones realizadas durante 2021. No hay más recursos destinados a la población, sino que se estiró en el tiempo su distribución en detrimento de la población que en su momento no comió.
Canasta TuApp
El sostenimiento de la canasta TuApp hasta marzo de 2022 (ojo, leer correctamente que esto significa por enero y febrero, porque “hasta marzo” no incluye marzo, luego explicamos por qué esta advertencia) también proviene de otros ahorros ya efectuados en las transferencias a la población, pues no olvidemos que el monto de TuApp cayó desde octubre a la mitad de lo otorgado cuando se reconoció más seriamente la crisis económica (en medio del desastre sanitario de marzo-junio de 2021). En agosto de 2021 el gobierno evaluó que la situación de los hogares había mejorado lo suficiente y recortó al 70% la ayuda especial, y luego en octubre llegó a la mitad la transferencia del máximo entregado, retornando al monto simple inicial de 1.200 pesos mensuales (40 pesos por día). En suma, el ahorro proveniente de la valoración del gobierno de que la crisis económica ya mostraba suficientes mejorías en agosto precipitó el pasaje de 2.400 a 1.200 pesos por hogar (aunque algunos hogares recibieron más de una canasta) desde agosto de 2021, y ese ahorro financiará la extensión hasta abril, o sea marzo inclusive, de la canasta TuApp, (de 1.200 pesos por mes, 40 pesos por día).
Bono crianza
Las autoridades del Mides anunciaron el 28 de octubre la creación del Bono Crianza, que ya fue anunciado unas cuatro o cinco veces, y entre ellas, la más disonante, la del 2 de agosto del año en curso, cuando se comunicó que el plan para la primera infancia de 50 millones de dólares constaba de una transferencia a menores de cero a tres años de 2.500 pesos por mes desde setiembre, definiéndose este evento como “hito histórico” en políticas sociales, según afirmó la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, en presentación en el Parlamento.
Resultó luego que dicho monto sólo iría a los niños y niñas incluidos en las bases de asignaciones familiares, que son unos 70.000, y consumiría 43 de los 50 millones anunciados en el plan. Sin embargo estos anuncios, hechos en Cámara de Diputados, no llegaron al Senado, ya que con el transcurso de los días pasaron de ser 2.500 pesos para 70.000 niños y niñas, a ser 2.000 para 30.000.
Pero los recursos para financiar cualquiera de las dos prestaciones provienen del recorte desde setiembre de 70% de las mejoras de las asignaciones familiares globales y de su eliminación desde octubre. Dichas mejoras, que en promedio andaban en alrededor de 3.500 pesos por hogar para cerca de 200.000 hogares, se redujeron para ser direccionadas a sólo 70.000 hogares durante lo que queda de 2021, y con montos aún menores para 30.000 a partir de 2022. Globalmente sigue siendo un recorte, y nada menor, respecto de agosto de 2021, en materia de recursos para el grupo de hogares vulnerables.
Por último, quedan dos consideraciones técnicas, una de ellas con enormes consecuencias políticas. En primer lugar, no es para nada sencillo elegir 30.000 situaciones de menores de hasta cuatro años (nótese que no se amplió a cuatro años, sino que decir hasta cuatro años es una forma alternativa, y más presentable en sociedad, que decir que es para niños de cero a tres, ya que los distraídos creerán qué es también para niños de cuatro), porque la focalización en una población tan chica y de estas características es técnicamente muy difícil y mucho menos en la orientación actual del ministerio, donde se reducen en forma muy significativa las visitas a los hogares. Podemos adelantar serias dificultades en ello y esperemos que no se repitan los desastres de diseño del programa de canastas de emergencia.
Eliminación de topes a Asignaciones Familiares
Por último, abordaremos el punto que el gobierno consideró principal: la eliminación del tope de ingresos durante 2022 para el acceso y permanencia en el programa Asignaciones Familiares. Esta medida es, como poco, un acto de ignorancia técnica sustantiva, y su supuesta base técnica no es más que un error de lectura de los informes que en otro momento se hicieron sobre el tema.
Expliquemos esto porque no es sencillo. Los hogares que se eligen para Asignaciones Familiares deben cumplir con dos condiciones para integrar el programa: una es superar un índice de carencias que se calcula a partir de las condiciones de vida de la familia, la cual declara dichas condiciones ante el Banco de Previsión Social, pero es visitada a posteriori una muy buena parte de las veces por el Mides, aunque las actuales autoridades se esmeren en negarlo, vaya a saber con qué propósito... pero hay registros de ello.
La otra condición es no superar el tope de ingresos por hogar. Pero esta segunda condición no está disociada del valor del índice. El tope de ingresos estadísticamente se corresponde con esas condiciones de vida, y además puede ser superado por los hogares en forma ocasional en algunos meses del año, porque es un promedio anual de ingresos y no se valora para un único mes. Dicho tope funciona como un seguro que se activa cuando los ingresos del hogar sobrepasan en forma permanente la condición anterior por la cual había sido elegido.
Esto es muy razonable: el Mides es el administrador de las Asignaciones Familiares y tiene la potestad de elevar ese tope de ingresos si sus estudios de monitoreo de la situación social indican que dicho ingreso es un obstáculo para el desarrollo del programa. Pero el ministerio no está haciendo ningún monitoreo de la relación entre ingresos e índice, entre otras cosas porque tiene durmiendo en sus cajones la actualización del índice que debía haber hecho en marzo de 2020, y está planteando eliminar el tope por 2022, mientras disminuye en forma concomitante y sustantiva las visitas a los hogares.
Esta mezcla peligrosa de restricción de las visitas a los hogares y falta de control institucional de ingresos es una situación ideal para que florezca la discrecionalidad en el acceso a los programas sociales del Estado.
Quiere decir que un hogar que realiza hoy una postulación a Asignaciones Familiares en la que subdeclara sus condiciones de vida, no solamente será muy difícil que sea visitado, sino que no existirá durante 2022 un seguro que lo controle por sus ingresos formales (lo que hasta viola la Ley 18.227 que en su artículo 2 dice “La determinación de los hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica así como la del nivel a que refiere el inciso segundo del artículo anterior, se harán conforme a criterios estadísticos, teniéndose en cuenta, entre otros, los siguientes factores: ingresos del hogar, condiciones habitacionales y del entorno, composición del hogar, características de sus integrantes y situación sanitaria”).
Esta mezcla peligrosa de restricción de las visitas a los hogares y falta de control institucional de ingresos es una situación ideal para que florezca la discrecionalidad en el acceso a los programas sociales del Estado, mucho más en un ministerio qué a esta altura tiene cerca de 140 cargos políticos repartidos en todo el territorio nacional, y donde el sindicato ha denunciado 60 cargos más contratados por la Corporación Nacional para el Desarrollo, y hasta ahora desconocidos. Muchas de estas cosas han sido objeto de pedidos de informe parlamentario, pero el ministerio a la fecha no ha dado las respuestas adecuadas.
En resumen, las medidas anunciadas en materia de transferencia de recursos a la población más necesitada no son nuevas, no mejoran la protección social de las familias en tanto esconden otros recortes concomitantes no anunciados y además están más que financiadas con los recortes que ya se han hecho a esta misma población en los últimos meses de 2021, fruto de que el gobierno entiende que la pandemia ya pasó y las condiciones sociales que ella generó hoy son un asunto individual de cada persona y de cada hogar. Además, la medida considerada principal es turbia e ilegal.
Juan Pablo Labat es sociólogo y fue director nacional de Evaluación y Monitoreo del Mides.