Durante el año pasado, año de la llegada de la pandemia, los datos hacían creer que Uruguay era una excepción en la región y esto parecía confirmar un mito fundacional. En dos oportunidades1 planteamos que el gobierno liderado por el sector herrerista usaba los réditos simbólicos que construyó un adversario político como el batllismo: el famoso “país de la excepcionalidad” o “el país modelo” (analizado y difundido entre otros por Milton Vanger). Ese mito que se volvió fundacional y cada cierto tiempo se actualiza o se transforma, pero siempre con el mismo espíritu que aleja a Uruguay de los países de la región, anduvo presente el año pasado.
Pero lentamente (al tranco uruguayo), ya hacia el último trimestre del año pasado comenzaba a caer ese relato excepcional. Hoy la caída es estrepitosa. Uruguay ya no es ejemplo de la región por los escasos casos positivos de covid-19; tampoco es el que mejor gestiona la pandemia. Ya nadie entrevistará al presidente repleto de júbilo (aunque medido) que explicaba los motivos que llevaban al éxito del país. Y la evidencia más rotunda sobre el fracaso de la gestión parece estar en la planificación para la vacunación de la población (además, debemos recordar que fue el último país de la región en hacerse de las vacunas). Por los múltiples inconvenientes que está teniendo la aplicación del plan de vacunación, parece que no existía un plan ya definido (o si lo tenían, salió muy mal).
No es irreflexivo pensar que el gobierno no tenía una planificación al respecto, porque no cree que el Estado deba participar, intervenir en este asunto. Su idea más sentida, su creencia más sincera es la que declaró el presidente en la conferencia del 16 de marzo: “Cada uno debe manejar sus perillas”. Traduciendo esta declaración, podemos decir que el elenco gubernamental que lleva las riendas del gobierno hubiese preferido que toda esta logística se hubiese llevado adelante por los privados. Y esto ocurre porque no tienen una visión que les permita siquiera percibir que es necesario que el Estado se ponga al frente de la problemática que se está desarrollando en el país. Es un punto ciego para el gobierno.
Por ese motivo liberaron a las intendencias, a los centros educativos, a la misma población, para que decidieran y “manejaran” sus perillas según su saber y entender. Es una convicción que sostienen a capa y espada los gobernantes. Y esto es aceptado de buen modo por buena parte de la población, pues hay un consenso que lleva a percibir la libertad como un valor en sí mismo.
Creemos que esto se debe a que hay un mito de la libre elección (relacionado con el mercado y el consumo) que desfigura la realidad. Aunque esto no sea real, pues “donde la vida material no es libre no hay ninguna libertad” (Franz Hinkelammert), en el imaginario social está instalada la idea de manera muy firme (creemos que la libertad de elegir es la libertad), es una idea dominante que atraviesa a todos los sectores sociales.
Junto a esta idea-valor dominante y potenciándola, “se levanta la categoría de los soft: la vida como levedad, liviandad, ligereza, sutilidad, despreocupación” (Arturo Andrés Roig). Y en esta misma lógica también se engarza otra idea que lleva a desdeñar lo general, los problemas estructurales de fondo, y se difuminan las preocupaciones por los problemas de los grupos concretos, pues la totalidad es impensable de cambiar y la reivindicación es particular, y queda la fragmentación como resultado de este proceso. Hoy “los sectores contestatarios y críticos consideran que su derecho a la oposición está por encima de cualquier articulación política [...] hoy existen infinidad de reclamos imposibilitados de dialogar entre sí, encerrados en sí mismos, encapsulados en su mero interés corporativo” (Daniel Feirstein).
Liberaron a las intendencias, a los centros educativos, a la misma población, para que decidieran y “manejaran” sus perillas según su saber y entender. Es una convicción que sostienen a capa y espada los gobernantes.
Algunas declaraciones realizadas desde el comienzo de este año y afirmaciones en diversos medios de comunicación afines al gobierno (especialmente la virulencia con la que se está expidiendo el diario El País, demonizando a los docentes por no concurrir a vacunarse, a la comunidad científica relacionada con la medicina por considerar que es cercana al Frente Amplio) comenzaron a buscar posibles responsables del aumento de los casos positivos de covid-19. En cierta manera lo vienen haciendo y llevando a la práctica desde que, por ejemplo, han identificado a los “tambores” como foco de problemas y los han identificado para dispersar esas reuniones. Pero también se apuntó hacia la marcha de la diversidad, así como a las marchas para denunciar el escaso presupuesto para afrontar las problemáticas de los sectores populares (vivienda, educación, salud, trabajo).
Al mismo tiempo que sucede esto, miles de personas caen debajo de la línea de pobreza. Y esto implica (en algunos casos reforzado por la ley de urgente consideración): el desalojo de familias enteras que deben parar en la calle por no poder pagar el alquiler de una vivienda, que deberán alimentarse en alguna de las ollas populares que han sostenido este tiempo a muchas personas, que tendrán la incertidumbre de no contar con prestador de salud por haberse quedado sin empleo (como sucedió en muchos casos y en una situación de pandemia como la que estamos viviendo), etcétera.
Es decir que no se estaría cumpliendo con un principio básico de cualquier gobierno que se diga democrático: “Se debe producir, reproducir y desarrollar la vida de todos los miembros de la comunidad política”. Lo que debería promover y defender una plena democracia es la vida, es asegurar la vida a todos los que viven bajo su gobierno. La democracia no es solamente votar cada cinco años: esa es una mirada muy restrictiva.
Otro elemento que hace más problemático el accionar del gobierno para las grandes mayorías y los sectores populares es la prohibición de hacer reuniones públicas y la limitación del derecho de reunión. También esta decisión implica una creencia que tiene el elenco de gobierno: el Estado es un gendarme que tiene que poner orden. Entonces, por un lado, se desentiende de los problemas que están viviendo miles de personas, pero, por otro, se asegura de prohibir (de manera discrecional) el derecho de reunión.
En esas reuniones, en futuras manifestaciones, surgirán la crítica y la solidaridad entre los participantes, entre los que están sufriendo estas políticas desplegadas de manera artera. Este decreto estructura el orden establecido por el gobierno y ejemplifica de manera clara su concepción.
Para conformar un proyecto radicalmente opuesto al de los dominadores, será necesaria la solidaridad entre los dominados. Lograr sortear las trampas-leyes que pretenden eternizar este presente cargado de injusticia y desigualdad creciente. Y especialmente lograr superar la fragmentación del campo popular.
Hector Altamirano es docente de Historia.