La violencia dominadora y la lenta caída de un mito fundacional

Uno de los mitos fundacionales de nuestro país es el de la excepcionalidad, el hoy desteñido “como el Uruguay no hay”, que hizo furor hasta mediados de la década de 1950. Luego la situación social y las decisiones políticas (especialmente de los partidos políticos y de los sectores que gobernaban el país) hicieron que Uruguay pasara a ser uno más en el continente. Atrás quedó entonces ese recuerdo.

Pero de los mitos fundacionales no es sencillo escapar, o no desaparecen fácilmente de la imaginación de los habitantes de un país. La sociedad uruguaya se fundó con base en ese relato. Los habitantes se sienten parte de él y lo incorporan como mito-praxis (en el concepto del antropólogo Nicolás Guigou) que se vuelve imperceptible: se vive y actúa todos los días.

Es por ello que a partir del 13 de marzo los gobernantes hicieron uso de ese mito fundacional: Uruguay es un país que se distingue del resto de los de la región. En este país las personas hacen uso responsable de su libertad y no se tomarán medidas que restrinjan las libertades individuales. Una y otra vez se repetía en las cadenas de televisión este mensaje gubernamental.

Las restricciones de hacer actos públicos y de ocupar los lugares de uso común se dieron de hecho por convencimiento de esos mensajes repetidos una y otra vez (y por el temor a lo desconocido de no saber qué ocurriría con la pandemia). Es decir que, como analizó Antonio Gramsci, los gobernantes y sus aliados lograron un liderazgo en la sociedad, a tal punto que hasta hace unos meses no se habían realizado grandes actos o movilizaciones masivas (las que se habían dado fueron puntuales). Esto empezó a cambiar en las últimas semanas y las personas empezaron a habitar de manera activa los espacios públicos. En las últimas semanas con estos cambios los sectores dominantes empezaron a percibir que el discurso ya no tenía el mismo efecto buscado.

La decisión de emprender un proceso de recolección de firmas para derogar la ley de urgente consideración (LUC) hizo despertar –parece– a un monstruo que estaba dormido. De esta manera el mito fundacional del Uruguay excepcional va comenzando a caer lentamente. Claro que si nos detenemos a analizar lo sucedido desde principios de marzo podemos ver (y es algo que se percibe en la calle; incluso lo podemos escuchar, pues a cualquier hora un helicóptero sobrevuela la ciudad) que hay un cambio en las políticas de seguridad y que estas tienen como foco a las clases subalternas. Entonces parecería que la organización para disputar la hegemonía de las clases dominantes comenzó a tener efectos en las políticas públicas.

Quizá el paradigma de lo que venimos diciendo sea la propuesta realizada por el diputado de los cabildantes Eduardo Lust, quien propuso ordenar el desbarajuste en el que se está convirtiendo este país (para estos sectores, que las personas se reúnan a tocar el tambor o para hacer manifestaciones es alterar el orden público) con medidas prontas de seguridad. Si bien no parece estar en carpeta del Poder Ejecutivo, ya es todo un síntoma que un diputado de gobierno plantee este tipo de medidas para resolver una situación que para muchos no es más que una forma de demostrar que con el cambio de autoridades policiales las cosas van a cambiar de verdad. Claro que no se hizo el mismo operativo policial en otras zonas del país donde había la misma cantidad de personas o más.

También debemos tener presente que esta propuesta fue replicada en un tour mediático que lo llevó a pasear en una semana por varios programas televisivos. Parece válido preguntarse: ¿la propuesta estaba dirigida, más que al Poder Ejecutivo, a los ciudadanos en su conjunto? Recordemos que ha quedado demostrado en estos meses de nuevo gobierno que los medios de comunicación están siendo un aliado central para desarrollar las nuevas políticas y para su difusión o su publicidad.

Esta propuesta va a jugar en el imaginario social. Intenta instalar un tema en la sociedad. No sabemos cómo actúa en ese imaginario, pero la acción de dispersar esta propuesta ya es un hecho que queda dando vueltas y puede calar en ciertas poblaciones que, deseosas de orden, podrían levantar esa bandera.

Pero esta campaña de sensibilización punitiva tiene más actores. Por ejemplo, el diario El País viene insistiendo de manera permanente en sus editoriales con conceptos y frases como las que citamos: “Resulta que en esa plaza [Liber Seregni] suelen juntarse grupos de gente que se creen dueños del espacio público. Han surgido decenas de comentarios de gente que vive en el barrio o debe pasar por allí, y enfrenta habitualmente la prepotencia, agresividad y falta de respeto de estas personas”. Luego de hacer este análisis, el editorial culmina planteando que “la mayoría de la sociedad uruguaya está del lado de la Policía, del orden, de la gente que trabaja y busca un país mejor. Lo dicen las encuestas, lo dijeron las urnas...” (El País, 5 de noviembre).¹

Sin entrar a analizar en profundidad este editorial y sin traer otros por el estilo de estos días, podemos decir que se comenzó a generar un espacio de disputa en torno a la dirección de la sociedad. Esa continua necesidad de apelar a los resultados de las urnas es un elemento clave que demuestra cierta debilidad a la hora de convencer a toda la población. Parece querer decir que si los resultados fueron los que fueron, por cinco años no se podrá hacer una oposición al gobierno, pues eso desconocería los resultados mágicos de las elecciones nacionales.

Hasta el momento la pandemia ha funcionado como un bálsamo para la organización de las posiciones contrarias al gobierno. Además de que apenas pasaron ocho meses desde la instalación de este. Sin embargo, y parece que sabiendo que la resistencia a su proyecto político iba a aparecer rápidamente, jugó una carta vertiginosa y contundente que sentó las bases para la aplicación de un presupuesto restrictivo para los sectores populares y las grandes mayorías de la población: la LUC.

Las leyes estructuran y ordenan a la sociedad. Sin embargo, estas se pueden cuestionar e intentar modificar, máxime cuando ellas han sido elaboradas sin grandes consensos o discusiones previas. Y si a esto le sumamos un amplio abanico de leyes, votadas en tiempos de pandemia y perentorios, parece evidente que se van a repensar y a analizar para intentar una derogación con la mayor participación posible de la sociedad.

Hoy no parece estar en juego el orden social en su conjunto. Como ya hemos planteado en otras oportunidades, ¿qué implica la derogación de la LUC?, ¿alcanza con derogarla para decir que se hará un cambio de raíz en la sociedad?, ¿esta derogación cuestiona este modo de vida civilizatorio que está llevando al colapso a la humanidad?

Lo que pretendemos decir es que no hay enemigos totales en el campo político contemporáneo en Uruguay, sino antagonistas con diferentes miradas de lo político, que tienen diferencias, pero no rotundas. Sin embargo, quienes tienen hoy el control político parece que están empezando a dudar de su hegemonía, y por ello están desplegando cada vez con mayor evidencia la violencia dominadora.

Y este tipo de avance punitivo lleva a la caída de ese mito fundacional que permitió hacer propaganda al gobierno en el interior de nuestro país y en la región, pues se exportaba al resto del mundo: los uruguayos somos distintos, por eso hacemos uso de nuestra libertad de manera responsable. Parece que ese tiempo va quedando atrás y comenzamos a ingresar en uno nuevo.

Héctor Altamirano es docente de Historia.