El miércoles 12 de mayo, en ocasión de la media hora previa que tenemos los legisladores para realizar planteos de relevancia al cuerpo, me referí a un tema que desde siempre me mantuvo ocupada: el sistema penitenciario nacional.
Sabido es que vivimos horas dramáticas a causa de una pandemia que nos viene castigando duramente, arrastrando a su paso la vida de más de 3.000 uruguayos. Una situación que ha trastocado nuestra cotidianidad y distraído la atención de forma más que necesaria. Pero así como el mundo sigue girando, no podemos aceptar que a su paso se deje por el camino el tratamiento de situaciones que nos comprometen como sociedad, y la situación penitenciaria es –o debería ser– de alta preocupación para todos los uruguayos.
Estamos hablando de un sistema que ostenta más de 13.000 personas en prisión, que algún día recuperarán su libertad ambulatoria y por las que es necesario cumplir con el mandato constitucional de su rehabilitación plena. No sólo por ellas y sus familias, sino –además– por toda una sociedad que los necesita útiles e insertos en el entramado del que un día se sintieron fuera al punto de atacarlo y ofenderlo de gravedad.
Es verdad que la covid-19 nos distrajo. También lo es que ese virus circula en el sistema penitenciario nacional (donde está contenido), y eso lo debemos de destacar. Pero también es cierto que tenemos mucho por hacer y mejorar, y continuar experiencias que parece que ahora se dejan de lado a pesar del buen concepto que recogieron en el concierto regional y mundial; es el caso de la experiencia de Punta Rieles, que ya no es lo que llegó a ser durante la administración anterior, bajo la dirección de Luis Parodi.
Para atender situaciones como esa es imperioso que la Comisión de Seguimiento Carcelario se reúna, y abandone el año de inactividad que acumula. Es una situación que hemos reclamado en varias oportunidades y que resolvimos denunciar públicamente para motivar su convocatoria e imprimir acción concreta a las palabras.
El sistema penitenciario no está integrado sólo por personas privadas de libertad, sino también por policías, operadores, técnicos y miembros de la sociedad civil. Si pensamos que los privados de libertad son más de 13.000, veremos que estamos hablando de una población importante de nuestra sociedad.
Amnistía Internacional, en su informe anual, muestra cómo la pandemia marcó la situación a nivel global, y en el capítulo referido a Uruguay nos dice que el país continúa en deuda con su sistema penitenciario. Eso es sin duda un concepto que me interpela personalmente en lo que respecta a mi responsabilidad como legisladora, pero más aún como madre que sufrió los efectos directos del delito pero que comprendió que la venganza, lejos de cerrar heridas, las abre y profundiza mucho más.
Por eso recorrí un camino propio que me llevó a entender que el privado de su libertad es una persona que tiene lo que no tuvo mi hijo –por ejemplo–: una oportunidad. En esa oportunidad es que hay que trabajar para que sea una salida que incluya y repare lo que se pueda reparar, para que esa persona vuelva a ser parte de una sociedad a la que nunca debió dejar de pertenecer.
Es imperioso que se convoque a la Comisión de Seguimiento Carcelario a la brevedad; no podemos seguir omisos ante una problemática que nos necesita atentos y dispuestos a colaborar en su mejoramiento.
Un sistema que atender
Hoy tenemos problemas sanitarios graves, hacinamiento, mala alimentación, fugas, adicciones, muertes violentas, suicidios, graves problemas en lo referente a salud mental, destratos. Encontramos un establecimiento –la cárcel de Punta de Rieles– que de ser ejemplo en el mundo por su buena convivencia, por el trabajo, el estudio, los emprendimientos y las pocas horas de celda, pasó a ser un lugar de encierro.
El Estado debe asegurar que una persona detenida se encuentre en condiciones compatibles con el respeto a la dignidad humana. El Parlamento tiene un rol estratégico para interactuar, supervisar e impulsar estrategias articulando con los demás poderes del Estado, conforme a un sistema penitenciario basado en los derechos humanos.
Por todo ello, es imperioso que se convoque a la Comisión de Seguimiento Carcelario a la brevedad; no podemos seguir omisos a una problemática que nos necesita atentos y dispuestos a colaborar en su mejoramiento. Son miles de uruguayos a los que precisamos, hoy más que nunca, para reconstruir un país asolado por una pandemia que nos ha robado a otros miles que nos duelen muchísimo.
Las crisis son también oportunidades. Aprovecharlas es una decisión que podemos asumir siempre y cuando imprimamos acción a nuestros dichos; no alcanza con las buenas intenciones. La vida me golpeó duramente, pero también me supo enseñar un camino alternativo de sanación que implica ofrecer esa oportunidad que no tuvo mi hijo a otros que pueden hacer esta vida un poco mejor para ellos, sus familias y el Uruguay todo.
La manera en que una sociedad trata a sus privados de libertad es uno de los mejores indicadores de su cultura de respeto a los derechos humanos, expresó Manfred Nowak ante la Organización de las Naciones Unidas en febrero de 2010.
Seamos ejemplo haciendo de ese indicador un estandarte civilizatorio para una población que un día equivocó el camino pero que tiene una oportunidad real en el camino.
Graciela Barrera es senadora del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.