Cuando se realizó la primera Marcha del Silencio, el 20 de mayo de 1996, se cumplían 20 años del hallazgo en Buenos Aires de los cuerpos de Rosario Barredo, Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini y William Whitelaw, víctimas de un golpe represivo en esa ciudad, al igual que Manuel Liberoff, quien sigue desaparecido. La fecha se tomó como símbolo del reclamo de verdad y justicia en relación con esos crímenes y muchos otros del terrorismo de Estado.
Desde aquella primera marcha hubo presidentes de los tres partidos mayores. Actuaron dirigentes con genuina voluntad de aportar al logro de verdad y justicia, y otros empeñados en evitar ese logro. Las relaciones de fuerzas entre unos y otros fueron distintas en cada período de gobierno, y eso determinó resultados muy diferentes, pero el ocultamiento y la impunidad persisten en la gran mayoría de los casos de desaparición forzada.
Los principales líderes del actual oficialismo aseguran que quieren llegar a la verdad sobre las desapariciones. En cuanto a las responsabilidades penales pendientes, el panorama es otro. El senador Guido Manini Ríos y otras figuras de Cabildo Abierto sostienen que se condena de antemano a los militares acusados, y que hay que ponerles fin a las investigaciones. En los partidos Nacional y Colorado abundan quienes prefieren no hablar de esta cuestión.
Está por verse cuál va a ser la resultante en este período, pero hasta ahora el Poder Ejecutivo no ha sido responsable de retrocesos o avances significativos en la búsqueda de verdad y justicia, aunque esta semana haya aplicado en la materia sus criterios publicitarios habituales.
Antes de vanagloriarse y de desmerecer lo hecho por quienes realmente cambiaron la historia acerca de la verdad sobre las desapariciones, las actuales autoridades tienen un largo y difícil camino que recorrer, en el que pueden contar con cooperación de oficialistas y opositores.
El Ministerio de Defensa Nacional publicó documentos que, según la versión oficial, fueron hallados casualmente en el Grupo de Artillería 5, y el oficialismo presentó esto como una rectificación crucial de lo hecho durante los gobiernos del Frente Amplio.
En realidad, la rápida divulgación de este tipo de materiales sólo es aceptable cuando tienen poca importancia operativa. Si se hallara información valiosa para investigar responsabilidades penales, sería nefasto divulgarla y alertar a los culpables.
Si se tratara de indicios para hallar restos de desaparecidos, antes de darlos a conocer habría que aplicar los protocolos pertinentes, incluyendo la adopción de medidas cautelares para preservar los lugares donde se debería comenzar una búsqueda, sin crear expectativas que podrían verse, una vez más, frustradas.
Además, los documentos del terrorismo de Estado incluyen a menudo datos aportados por espías o informantes que no es fácil comprobar, especulaciones cargadas de prejuicios ideológicos y el registro de declaraciones obtenidas bajo tortura, cuya veracidad no es indudable y que comprometen a personas vivas o fallecidas. Todo esto determina que su manejo deba ser muy prudente.
Antes de vanagloriarse y de desmerecer lo hecho por quienes realmente cambiaron la historia, las actuales autoridades tienen un largo y difícil camino que recorrer, en el que pueden contar con cooperación de oficialistas y opositores. Ojalá que lo intenten.