Ninguna de las gestas que forjaron la mística del movimiento popular se llevó adelante en un universo ideal. Siempre hubo obstáculos que parecían insalvables. Y siempre se encontraron respuestas políticas, pero sobre todo anímicas para sobreponerse a la adversidad en una determinada coyuntura. Hoy, la historia vuelve a repetirse.
La lucha paga
El proceso de recolección de firmas contra la ley de urgente consideración (LUC) es un ejemplo más de que la lucha del movimiento popular siempre se ha desarrollado en condiciones adversas, generalmente a partir de una correlación de fuerzas desfavorable.
No obstante, revertir esa situación no es algo que pueda realizarse a partir de actos voluntaristas o expresiones de deseo, sino que debe construirse con planificación y organización, pero sobre todo con la convicción de que alcanzar el objetivo es posible y con el entusiasmo que trasciende las fronteras de la racionalidad.
El contexto
El gobierno ha venido prolongando la limitación del derecho de reunión, a partir de la reglamentación del artículo 38 de la Constitución, en forma consecutiva desde el 21 de diciembre de 2020.
Este hecho inicialmente se produjo casi en forma simultánea con el lanzamiento del proceso de recolección de firmas para derogar 135 artículos de la LUC, que tuvo su comienzo formal tres días antes, con la presentación de las organizaciones sociales y políticas ante la Corte Electoral para dar inicio al trámite correspondiente.
Si bien hay múltiples razones para fundamentar la necesidad de que este instrumento diseñado por el gobierno sea puesto a consideración de la ciudadanía, esta racionalidad debía necesariamente contar con la motivación que entusiasmara decididamente al pueblo para abordar una tarea extremadamente compleja.
No cabe duda de que se afectaron drásticamente las condiciones para una discusión democrática en la que participara activamente la sociedad civil, en los escasos tiempos en que transcurrió el debate legislativo en comisiones de ambas cámaras, antes de su tratamiento en el plenario del Parlamento.
Del mismo modo, se desvirtuaron los plazos fijados en la propia Constitución, que establece un año a partir de la promulgación de la ley para la presentación de 25% de firmas del padrón electoral para interponer el recurso del referéndum. En efecto, el derecho no ha podido ser ejercido en plenitud, habida cuenta de que una situación excepcional derivada de la pandemia ha devenido en la limitación de las libertades públicas, lo que impidió el despliegue natural que se expresa en toda movilización popular.
A ello hay que agregar la limitación que impone la responsabilidad colectiva de contribuir a la disminución de la movilidad en tiempos de aumento exponencial de casos, internaciones y fallecimientos.
En ese marco, la Comisión Pro Referéndum solicitó al Parlamento que para la consideración del plazo de un año no se contabilizara el tiempo en el que efectivamente se alteraron las reglas de juego, alegando el principio jurídico de que “al impedido por justa causa no le corre plazo desde el momento en que se configura el impedimento y hasta su cese. Sólo se considera justa causa la que provenga de fuerza mayor o caso fortuito para la parte y que la coloque en la imposibilidad de realizar el acto por sí o por mandatario”.
Y, en tal sentido, se solicitó la intervención del Poder Legislativo, a efectos de que redactara una norma para habilitar a la Corte Electoral a extender el plazo para la presentación de las firmas.
El proceso de recolección de firmas contra la LUC es un ejemplo más de que la lucha del movimiento popular siempre se ha desarrollado en condiciones adversas.
Pero el gobierno y sus aliados dijeron que no. Y sumaron otro problema a su compleja posición, que se agrega a las dificultades que está evidenciando la gestión de la pandemia y la falta de diálogo para acceder a planteos realizados desde la academia, la comunidad científica, sectores sociales y políticos, en un panorama general aterrador, con decenas de muertes por día, una tasa de contagios fuera de control, desempleo, incertidumbre económica y descontento social creciente.
¿Quién profundiza la brecha?
La LUC fue el buque insignia de este gobierno en su campaña electoral (aunque no se dio a conocer su contenido hasta después de asumir) y las restricciones legales que hoy existen, al amparo de la reglamentación del artículo 38 de la Constitución, juegan a su favor.
En tal sentido, el gobierno de Lacalle Pou y sus aliados ejercieron su derecho a no hacer lugar al petitorio y se ajustaron estrictamente a los plazos, sin considerar el cambio de las reglas de juego, lo cual hubiera sido sano para la democracia, para las instituciones, los partidos políticos y la sociedad civil, pero sobre todo para el propio gobierno, que podría haberse fortalecido.
El hecho es que tomaron una decisión, en la misma línea de otras tantas que adoptaron durante la gestión de la pandemia, que no hizo otra cosa que profundizar la brecha y animar a las fuerzas sociales y políticas a desplegarse –respetando las limitaciones vigentes–, pero con el valor adicional que brinda la rebeldía en la lucha contra la injusticia.
La lucha en la adversidad
El proceso de recolección de firmas venía desarrollándose con intensidad y mucho coraje por parte de las organizaciones sociales y políticas que lo impulsan, pero lo cierto es que faltaba ese impulso que trascendiera el núcleo duro de la militancia para involucrar a la sociedad en su conjunto en una batalla que, por lo acotado de los tiempos, adquiere una dimensión histórica.
Por tanto, el desafío de juntar 700.000 firmas en seis meses en plena pandemia requería de algo más que el convencimiento y la determinación.
Vale decir que la contradicción principal de la etapa no pasa por derogar la LUC o no, sino por enfrentar un proyecto de país con menos derechos, menos garantías y menos libertades, expresado en esa ley de urgente consideración.
Los hechos que trascendieron públicamente sobre el manido tema de las aglomeraciones ya habían empezado a generar condiciones, sobre todo en la militancia frenteamplista de a pie, y la negativa del gobierno ante el pedido de la Comisión Pro Referéndum provocó definitivamente la motivación que faltaba, abriendo paso a esa rebeldía capaz de lograr lo que parece inalcanzable.
Puede haber diferentes lecturas sobre el grado de adhesión e involucramiento que han tenido los distintos sectores y figuras del Frente Amplio en este proceso, con inmensas señales de compromiso –sobre todo de los comités de bases y coordinadoras– y también con silencios que duelen, pero de lo que no cabe dudas es de que el movimiento sindical y las fuerzas sociales, una vez que se resolvió, no vacilaron y encararon esta etapa con una convicción inquebrantable.
La jornada del 1º de Mayo fue una manifestación ejemplar, con un PIT-CNT liderando con firmeza la protesta social y capitalizando las condiciones en una fecha emblemática, para que las diferentes organizaciones que convocan a la derogación de 135 artículos de la LUC se desplegaran en los distintos territorios, y así se consagrara una instancia histórica, que puede marcar un punto de inflexión en la campaña.
Este hecho es absolutamente sobresaliente, considerando el contexto, las limitaciones legales y las condiciones desiguales en la lucha, pero también entendiendo que las preocupaciones de la sociedad hoy están centradas en el tema sanitario y económico. Por ello, se trata de toda una proeza encarnada por una sociedad civil organizada, que está cumpliendo un papel decisivo en la defensa de la democracia, como antes asumió la resistencia en la dictadura, la búsqueda de la verdad o en la defensa de las empresas públicas.
En estas horas se está anunciando la cifra de firmas conseguidas hasta el momento, pero, más allá de los resultados concretos en términos cuantitativos, hay un proceso de acumulación que finalmente ha permitido instalar en la opinión pública el debate que fuera vedado en el Parlamento con la aprobación de una ley antidemocrática que afecta la educación, la seguridad, la vivienda, las empresas públicas y los derechos laborales.
Este proceso no se agota en el vencimiento de un plazo, porque estos temas tan trascendentes para la sociedad seguirán siendo factores de la movilización popular en la lucha por la democracia, la igualdad y la justicia social, con LUC o sin ella.
Darío Mendiondo es integrante del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio y secretario de organización del Nuevo Espacio.