Luis Lacalle Pou ganó las elecciones golpeándose el pecho, diciendo que quería hacerse cargo y estar al lado del hombre común, del que se levanta todos los días para ir a trabajar.
Tenemos mil razones para sostener que este gobierno permanece en campaña electoral. Mientras el país necesita de medidas urgentes para superar la crisis social y económica derivada de la pandemia, la coalición de gobierno conformó una “comisión investigadora con el cometido de investigar la extensión y la justificación de licencias irregulares a los integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria [Fenapes] por parte del Consejo de Educación Secundaria en el período 2015-2019”.
Tras este título tan extenso, lo único que hay es un profesor, exintegrante de la dirección del sindicato de los profesores de Secundaria, que tiene una investigación administrativa abierta sobre si su licencia sindical se ajustó a reglamento. Esta misma investigación se está llevando adelante en la Dirección General de Educación Secundaria, que es el ámbito institucional idóneo donde dilucidar el asunto en cuestión.
El Frente Amplio (FA) no acompañó la creación de esta comisión en la cámara, pero obviamente quedó en minoría. Una vez instalada, el diputado Enzo Malán (FA, Soriano) dejó constancia en actas el 5 de julio de 2021 de que esta comisión investigadora es improcedente, porque no está dentro de las potestades del Parlamento investigar el accionar de un profesor ni de un sindicato. En el caso del profesor, ya se inició una investigación interna en Secundaria y ahí sí se conducirá a dilucidar la verdad del asunto, porque esa es la acción pertinente a desarrollar.
Además, esta comisión no se ajusta a la ley que nos rige: las investigadoras pueden abarcar a los entes autónomos y servicios descentralizados, para investigar sobre cuestiones de presupuesto, electorales, pedir cuentas a los ministros –en este caso sería el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, lo cual a todas luces sería inconducente–.
Esta comisión investigadora se crea como un elemento distractor, y citando al doctor José Korzeniak, el diputado Malán afirmó que “las investigaciones, cuando no tienen clara la búsqueda de la verdad, terminan en una pérdida de tiempo o en un escándalo político” (y hacia allí la está llevando la coalición de gobierno, claramente).
Por otra parte, esta comisión es inoportuna. ¿Debe el Parlamento ocuparse de la educación? Sí, por supuesto. Por ejemplo, establecer una comisión especial que aporte sobre cómo salir de la pospandemia: los déficits de aprendizaje, las secuelas en salud mental que traerá como consecuencia la virtualidad, la falta de interacción entre pares de niños, niñas y adolescentes. Pero la coalición de gobierno elige tratar un tema puntual y personal de un profesor entre 22.000 profesores de secundaria (o de entre 10.000 afiliados a Fenapes, como se prefiera), ocurrido hace cuatro años.
Creemos que el oficialismo, luego del entusiasmo inicial por tener una pompa de jabón más con la cual jugar durante unos meses, ilusionado quizá con que podría poner en cuestión a las anteriores autoridades de la educación, y de paso darle un tiro por elevación a Fenapes, se dio cuenta de que no tenía nada entre manos y corría el serio riesgo de quedar en el más absoluto ridículo.
Es claro que el oficialismo armó un circo, se encontró con escasos elementos para sostener el espectáculo, salió a buscar nuevos motivos por fuera del objeto definido para la comisión investigadora.
Constatado lo anterior, la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, por resolución del 28 de junio de 2021, exige con carácter urgente a todas las direcciones liceales del país que se remita toda aquella información (constancias, certificados, etcétera) que pudieran contener datos referentes a la justificación de asistencias al amparo del artículo 70.10 u otro del estatuto docente en el marco del usufructo de la licencia sindical en educación secundaria durante los años 2015 a 2021.
Traducido: visto que el punto que habían presentado como motivo de la creación de la comisión investigadora se iba a agotar rápidamente, la directora de Secundaria sale a buscar hasta en el último rincón de las arañas un elemento nuevo que permita continuar con el espectáculo que pretendía armarse en comisión.
Cuando el FA intenta frenar esta maniobra, se llega a la sesión del 12 de julio en la comisión en que el oficialismo intenta, lisa y llanamente, acallar a los representantes del FA mediante violencia.
El presidente de la comisión, Alfonso Lereté (Partido Nacional, Canelones), y Gustavo Zubía (Partido Colorado, Montevideo) fueron subiendo el tono y salteando cada vez más todas las formas en que debe conducirse una discusión parlamentaria, por más encontradas que estén las posiciones.
En particular, en mi caso pretendí presentar un documento que integraba el informe en minoría y que había sido leído en la cámara en ocasión de la creación de la comisión, y se me cuestionó porque este documento no estaba en el expediente repartido en comisión.
Desde ese punto en adelante se me acusó de esconder información, de ser irrespetuosa en el trabajo y deshonesta intelectualmente. Gran parte del maltrato recibido ni siquiera queda en actas, porque el diputado Lereté decide por sí y ante sí quitar de actas los pasajes de la discusión que a su juicio no debían integrarlas.
Se llegó al extremo de presentar una moción para que el Departamento Jurídico del Poder Legislativo asesore al presidente de la comisión sobre cómo debía actuar en esos casos, y se quiso imponer una amonestación por el hecho a la bancada del FA.
No importó cuántas veces aclaré que estaba aludiendo a un documento que todos conocíamos desde que era parte de lo que fue el informe en minoría del FA en la cámara, al tratarse de la creación de la investigadora.
Es claro que el oficialismo armó un circo, se encontró con escasos elementos para sostener el espectáculo, salió a buscar nuevos motivos por fuera del objeto definido para la comisión investigadora, y viéndose encerrado en su propio laberinto recurre al escándalo político, al maltrato y, en particular en mi caso, a la violencia política de género, porque aunque parezca increíble, es claramente insoportable para algunos legisladores de esta cámara que sea justamente una mujer la que no se calle e insista con sus argumentos.
Ni la bancada del FA ni yo estamos dispuestos a que se calle la voz de las personas a la cuales representamos, y mucho menos que se menosprecie y se intente acallar mi voz por ser una mujer política.