Lilián Galán

Todas las iniciativas presentadas durante esta gestión no aportan ninguna novedad. Lo que proponen es ir en el sentido contrario al que había decidido OSE, atendiendo a evaluaciones que indican que no son opciones convenientes.

Las situaciones en las que el Estado pierde y algún particular (persona o empresa) se ve beneficiado se multiplican. Esto es muy contradictorio en un gobierno que parece obsesionado con bajar el déficit fiscal.

No es tener expectativas muy altas pretender que se hubiera podido pensar en el agua potable al mismo tiempo que se decidían medidas para el sector agropecuario.

El 6 de junio se abren las ofertas por la licitación del proyecto Neptuno/Arazatí; el plan parece ser que el agua salada en las canillas llegó para quedarse.

Si el gobierno actual hubiera tenido el buen tino de concretar la represa de Casupá, a estas alturas contaríamos con una excelente reserva en cantidad y calidad para regular el flujo del río Santa Lucía.

Agotaremos todos los espacios legales, parlamentarios y de movilización junto a las organizaciones sociales para evitar que se concrete este nuevo capítulo del saqueo.

Las partidas presupuestales adicionales que vienen en esta rendición no alcanzan a cubrir los recortes practicados en los primeros dos años y medio de gobierno.

La política del gobierno parece ser el desembarco de la mayor cantidad de empresas privadas posible en la gestión del agua, con gastos astronómicos para proyectos innecesarios.

De todas las medias verdades y omisiones de Arbeleche, sin dudas la peor es la afirmación de la disminución de la pobreza infantil.

El modelo actual no difiere en los objetivos del que sufrimos en los 90, cambió la estrategia. Ya no enfrentamos una única ley de privatización de empresas públicas que podamos poner a referéndum como entonces.

No nos parece oportuna esta modificación, no nos parece un ajuste administrativo más sino un debilitamiento de las garantías mínimas recomendadas para la investigación y la protección de las personas que aún buscan justicia.

Es tan claro como lamentable que la política económica es de ajuste fiscal a cualquier precio, a cualquier costo social y también económico, porque en esta mirada cortoplacista no se está pensando en el país pospandemia.

Me pregunto si todos los miembros de la coalición serán absolutamente conscientes de hasta dónde se extienden los límites de su alianza multicolor. Si no es así, están a tiempo de reaccionar.

Hay una intención clara por parte del Poder Ejecutivo de reducir el Estado al mínimo, no dentro de un plan de ahorro y de eficiencia, sino de un plan de desarme y desestímulo a la función pública.