En los últimos días la agenda de noticias se vio invadida por la preocupación sobre el agua que está suministrando OSE en la región metropolitana. Más aún cuando los anuncios prevén que el horizonte sea quedarnos directamente sin agua, o aumentar sustancialmente los valores de salinidad en el cortísimo plazo.

En esto claramente hay un elemento por fuera de la voluntad de cualquier actor del gobierno, y es la sequía. Es cierto que el país enfrenta una de las peores sequías en decenas de años, pero es un fenómeno sobre el que se tuvo conocimiento desde antes de que ocurriera.

Hubo mucho tiempo para prever medidas. De hecho, todos tuvimos conocimiento de las medidas instrumentadas en favor del sector agropecuario para enfrentar la sequía. ¿Por qué entonces no se previeron con suficiente antelación medidas para asegurar el abastecimiento para consumo humano de más de 60% de la población?

Como dice la canción de Ruben Rada “Terapia de murga”: “Todo tiene el final que se merece…”.

El 2 de julio de 2020, una entrevista al actual presidente de OSE, Raúl Montero, en La Mañana se titulaba: “Tenemos la obligación de pensar en Casupá porque la falta de reserva de agua es preocupante”. Aludía entonces a la construcción de una represa sobre el arroyo Casupá, que hubiera aportado una reserva mayor que la reserva de Paso Severino, que es actualmente el mayor respaldo con el que cuenta la región metropolitana.

La construcción de la represa estaba presente en el presupuesto de OSE de 2020. En el Decreto 391/020 lucía una línea en el Plan de Inversión denominada “Obras de Agua en la Cuenca del Río Santa Lucía” por un total de 96,2 millones de dólares, pero el Decreto 459/021 que aprobó el presupuesto 2021, si bien conservaba la línea antes mencionada en el Plan de Inversión, tenía importe cero. En el medio, cuatro empresas privadas consorciadas habían presentado la iniciativa privada conocida ahora como proyecto Neptuno o Arazatí.

Esta última iniciativa, que pretende construir una potabilizadora sobre el Río de la Plata a un costo de más de 250 millones de dólares, utilizando el tratamiento convencional en la potabilización, no será capaz de remover la salinidad del Río de la Plata cuando la hubiere.

En resumen: el agua que está saliendo de nuestras canillas en Montevideo y algunas zonas de Canelones que se abastecen desde la Usina de Aguas Corrientes, la que vamos advirtiendo como crecientemente salada, y por lo tanto no apta para el consumo y muy desagradable al paladar, sería mejor que la que nos proporcionaría Neptuno.

Y es que la salinidad que hoy sufrimos se corresponde con el uso en cada vez mayor proporción del agua que se extrae aguas abajo de la represa de Aguas Corrientes en el río Santa Lucía. Esa porción del río sufre intrusión de agua desde el Río de la Plata. ¡Pero estamos hablando de una toma de agua sobre el río Santa Lucía y a 50 kilómetros del Río de la Plata! Es mejor no imaginar el agua que entregará la toma directa sobre el Río de la Plata del proyecto Neptuno.

Créase o no, la respuesta del presidente de la República a la situación de crisis que estamos viviendo es que el 6 de junio se abren las ofertas por la licitación del proyecto Neptuno/Arazatí; el plan parece ser que el agua salada en las canillas llegó para quedarse.

Pero toda esta historia no nace hoy. En 1999/2000 OSE contrató una consultoría con la empresa francesa Sogreah, consorciada con la consultora uruguaya CSI Ingenieros, para que elaborara el Plan Director de Agua Potable para la Región Metropolitana. Esta consultoría, que insumió más de un año de trabajo interdisciplinario de decenas de técnicos nacionales y extranjeros, realizó un análisis minucioso de todos los antecedentes y evaluó y priorizó las inversiones necesarias para el aseguramiento del agua para la región metropolitana. Esta consultoría concluyó que la construcción de la Represa de Casupá era preferible a la construcción de una toma de agua bruta desde el Río de la Plata.

A pesar de estos resultados, OSE decidió pedirle a la misma consultora francesa que volviera a analizar la construcción de la represa de Casupá y la toma desde el Río de la Plata pero incluyendo en el análisis el uso para riego de cualquiera de las dos obras. El documento se titula “Estudio de factibilidad de transferencia de agua a partir del Río de la Plata”. La página 1 de dicho documento comienza diciendo: “La solución de transferencia de agua a partir del Río de la Plata representa una solución atractiva, de ejecución más sencilla, más rápida (que Casupá, N. de R.) y que procuraría una garantía de recursos de agua máxima a partir de una fuente de agua inagotable. Sin embargo, es una solución bastante costosa para la cual se puede considerar una utilización múltiple y sacar provecho de la inversión para satisfacer requerimientos agrícolas a lo largo del eje de la infraestructura de transferencia. A reserva de verificación, el uso múltiple de la infraestructura para el abastecimiento de agua al sector urbano y agrícola puede ser una solución económica, social, institucional y ambientalmente positiva y viable. El propósito del presente documento es definir una metodología para un estudio de factibilidad para verificar la viabilidad de una solución de transferencia de agua a uso múltiple entre el Río de la Plata y la zona metropolitana de Montevideo”.

El 6 de junio se abren las ofertas por la licitación del proyecto Neptuno/Arazatí; el plan parece ser que el agua salada en las canillas llegó para quedarse.

Esta incursión de OSE en riego para uso agrícola puede sonar sorprendente para muchos, sin embargo, al mismo tiempo que se contrataba la consultoría antes mencionada, se estaba gestando una modificación de la Ley Orgánica de OSE, Ley N.º 11907, que fue modificada el 17/11/2000, incluyendo un literal F en su artículo 2 que agregó entre los cometidos de OSE el siguiente: “Podrá proveer a terceros a título oneroso el suministro de agua sin potabilizar para ser destinada a finalidades diversas del consumo humano, siempre que la disponibilidad del recurso natural resulte excedentaria respecto de los caudales necesarios para atender el servicio público de agua potable, a que refiere el literal A) de este artículo”.

No hubo ni hay casualidades, sí causalidades. La insistencia en la utilización de las aguas del Río de la Plata por parte de OSE, la aspiración de que la Administración incursione en el negocio de agua para riego, tiene a un actor político en común: en los 2000 era el gerente general de OSE, el ingeniero Arturo Castagnino, al igual que ahora. Este funcionario ha mantenido a lo largo del tiempo una defensa sin fisuras sobre la necesidad de extraer agua del Río de la Plata; la necesidad imperiosa de contar con una “fuente alternativa al río Santa Lucía”.

Hay infinidad de documentos escritos por este ingeniero anunciando una situación caótica, que podría dejar a la región metropolitana sin agua potable. Puede afirmarse que toda esa literatura terminó siendo una profecía autocumplida. Finalmente, como gerente general de OSE, es responsable junto con el directorio de esta Administración de haber sido lentos, cuando no omisos, en prever soluciones a una sequía que se sabía era extrema y se iba a prolongar hasta mediados de 2023. Hay agencias meteorológicas internacionales, como la Organización Meteorológica Mundial, que anunciaron con suficiente antelación todo lo que hoy está pasando.

¿Es posible administrar una empresa como OSE y no tomar en cuenta estos informes? El sentido común parecería indicar que no, sin embargo, no es la primera vez que OSE realiza acciones (o las omite) sin tener en cuenta la información meteorológica, que debería ser la tapa del libro para su gestión.

El 12 de octubre de 2001 la periodista Titina Núñez escribía en Brecha una nota titulada “OSE y el fenómeno Castagnino: Contratando bajo la lluvia”. En ella se da cuenta de que el 24 de marzo de 2000 el ingeniero Castagnino había firmado un acuerdo para realizar “obras de emergencia” que permitieran paliar la sequía sufrida por la ciudad de Minas, que hasta el día anterior, según mediciones de la (entonces) Dirección General de Meteorología, tenía unos siete centímetros de agua sobre el suelo. De acuerdo a esta nota, Castagnino y el vicepresidente del ente Ariel Moller fueron los principales impulsores de esta obra de emergencia, haciendo caso omiso a las recomendaciones del gerente regional, a quien le correspondía gestionar la ciudad de Minas, que informaba que quedaba agua en la represa Maggiolo para 28 días y presentaba planes de contingencia bastante más razonables y económicos que la obra de emergencia que se terminó ejecutando. La nota de la periodista de Brecha está bien documentada y describe la falta de oportunidad y el derroche en que incurrió OSE bajo la gestión de Castagnino. La obra de emergencia triplicó el costo previsto inicialmente (unos 3 millones de dólares) y se llevó a cabo bajo lluvia. Cualquier directorio hubiera sustituido como gerente general a alguien que conduce la Administración con tan poca rigurosidad científica. No lo consideró así el directorio de aquella época, ni fue obstáculo para que volviera a su puesto en este gobierno.

No fue la única ocasión en que su actuación fue cuestionada. En el proceso de licitación para la concesión (privatización) de Maldonado, el directorio de OSE decidió descalificar a dos de los tres oferentes en competencia en base a un informe de este gerente general y otros funcionarios, actuando en contrario de la opinión de la propia Comisión Asesora de Licitaciones. Las dos empresas que se intentó descalificar y eliminar de la competencia accionaron ante la Fiscalía de Gobierno, que en un informe contundente recomienda que las empresas que habían sido ilegalmente descalificadas fueran nuevamente incorporadas a la competencia por el contrato de concesión.

El fiscal de la causa, Francisco Falcao Bonaso, termina diciendo en su informe a la ministra de Educación y Cultura, de quien dependía: “Como puede ver, la Sra. ministra, esta circunstancia que involucra al Ing. Castagnino compromete directamente la responsabilidad funcional del Sr. gerente general de OSE, ya sea por ‘omisión’ si omitió a sabiendas algo que ya sabía antes de hacerse el llamado, o por incompetencia en todo caso, por algo que debió haber visto y no vio a pesar de su condición de ingeniero, y que en todo caso debió poner en conocimiento del directorio de OSE” (Dictamen N° 297/99, Expediente N°285/99, pág. 45).

Con estos antecedentes, el Directorio actual de OSE decide volver a colocar a este ingeniero como gerente general de OSE. Puede decirse que dados estos antecedentes, al menos no lucía como la mejor opción.

Sin embargo, también puede decirse que no sorprende en nada la problemática actual de OSE dada esta decisión por parte del directorio de contar con este gerente general. Con el abandono del proyecto de la Represa Casupá para embarcarse en la iniciativa presentada por empresas privadas para construir una potabilizadora sobre el Río de la Plata, la OSE es puesta al servicio de una de las ideas que más obsesivamente ha defendido este ingeniero.

La falta de previsión ante la crisis actual de la sequía tiene varios puntos en común con los desaciertos que describiera Titina Nuñez en Brecha hace más de 20 años. Después de varios días de entregar agua con sodio y cloruros por encima de la norma, y mientras las reservas de Paso Severino siguen agotándose, día por día, recién a mediados de mayo el gobierno comienza la construcción de una represa provisoria aguas debajo de Aguas Corrientes, con una compra directa por excepción a la empresa Cujó, y anuncia otras obras y compras de urgencia, ahora, cuando la crisis está desatada y es probable que estas obras terminen funcionando cuando comience a llover.

Nada sorprende, pero como siempre en estas crisis, hay quienes ganan y quienes pierden. En este caso es la población la que pierde. Los balances y las auditorías posteriores, si las hay, nos dirán quiénes ganaron.

Lilián Galán es diputada del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.