Siga la ruta del dinero

Hace pocos días se realizó la interpelación al ministro de Ambiente por la construcción de la potabilizadora sobre el Río de la Plata a través de una iniciativa privada. El interpelante y otros compañeros de bancada presentaron información contundente y algunos datos que hubieran avergonzado a un ministro de otras épocas, y sin dudas hubiera significado un escándalo en los medios si todo este negocio se hubiera hecho durante gobiernos del Frente Amplio.

No pasó nada de eso, y ya a estas alturas se va perdiendo la cuenta de cuántas situaciones políticamente escandalosas se conocen por semana. Una tapa a la otra, tal como demostró la murga Asaltantes con Patente en el último carnaval. A pesar de ello, la similitud que mantienen algunos de estos escándalos entre sí hace pensar que han establecido distintos procedimientos estándar, en los que el factor común siempre implica que algún particular (persona o empresa) se ve beneficiado a costa de la pérdida de recursos del Estado.

Todo lo que estamos viendo calza con la definición de modelo patrimonialista de gestión del Estado, definido como “una desviación del modelo burocrático que consiste en la dominación del Estado por un solo hombre (el presidente o su equivalente), que ejerce un cuasi-monopolio en la designación, reemplazo, traslado o remoción de funcionarios y se rodea de las instituciones formales de una democracia; exhibe un bajo grado de organización y activación de la sociedad civil; [...] se refuerza el sistema de lealtades personales y contraprestaciones prebendales; la intención de estos mecanismos, [...] es evitar la formación de frentes internos; esto genera falencias conocidas como indicadores de “atraso técnico” en el funcionamiento de estas organizaciones públicas”.¹

De las situaciones que se conocieron estos últimos días vamos a detenernos en tres: la adjudicación de la construcción de la planta de Arazatí por parte de OSE; subsidios entregados a los canales privados por la producción de programas nacionales (pero no mucho); y, claro, el escándalo de acomodos en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

La construcción de la planta de Arazatí

En la interpelación quedó claro que el gobierno cambió el decreto que reglamenta la Ley de Iniciativa Privada cuando ya se había presentado el proyecto. Los cambios operaron sobre las condiciones que debían cumplir las empresas proponentes de la iniciativa privada para ser premiadas con un margen extra de preferencia en la licitación. O sea, un año después de presentada la iniciativa, el gobierno cambió el decreto, y cuando OSE realiza el llamado a licitación, utiliza las condiciones del decreto actualizado. Por tanto, se podría sospechar que se cambió el decreto a medida. Si bien no podemos afirmar lo anterior, sí podemos agregar que las empresas que propusieron la iniciativa privada tienen fuertes vínculos con dos consultoras (CSI Ingenieros y Seinco) que fueron contratadas durante años por OSE para que intervinieran en la evaluación y planificación de acciones para asegurar el servicio de agua potable en la región metropolitana, por lo tanto contaban con información producida sobre el asunto, y pagada por OSE, que evidentemente les dio una gran ventaja al presentar la iniciativa.

Pero lo peor es que durante todos estos años, cada vez que estas empresas consultoras participaron en la evaluación de opciones técnicas, siempre el Río de la Plata fue calificado como la opción peor ranqueada, entre otras cosas por ser la opción más cara, lo que la convierte ahora en la mejor opción desde el punto de vista de un privado: cuanto mayor sea el monto de obra, mayor será el importe que embolsen las empresas por su porcentaje de ganancias.

Subsidios a los canales privados

El Tribunal de Cuentas observó al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) por el gasto destinado a los tres canales de televisión privados (4, 10 y 12). Estaba establecido que se premiara la producción de programas nacionales, pero fue necesario modificar la definición de “producción nacional” para que los canales pudieran hacerse del dinero. Según el dictamen del Tribunal de Cuentas, “se dispuso la modificación de la Bases de la Convocatoria el mismo día en que se labraron las Actas del Tribunal Examinador [...] el cual evaluó las propuestas presentadas. Que por ende, los postulantes se presentaron a la Convocatoria con unas bases diferentes a las que rigieron al culminar el proceso de selección”.

52 millones de pesos fueron dedicados a premiar programas de la calidad de La máscara, La voz y Bake off. Vemos en esto un doble beneficio desde el enfoque político de este gobierno. El más inmediato y fácil de ver es que estos medios de comunicación se ven beneficiados por el gobierno, y es obvio que tener buenas relaciones con la prensa para el oficialismo es básico. El otro beneficio, quizás más difuso y de largo plazo, es premiar contenidos con bajo contenido cultural e informativo. Una ciudadanía con menos herramientas para analizar la realidad le da mayor margen de maniobra al gobierno.

Los acomodos en Salto Grande

El ingreso de unas 35 personas por designación directa en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, personas con militancia política conocida en el sector Aire Fresco, que es el sector político del presidente dentro del Partido Nacional, y también algunos militantes colorados, viene como pintado para ejemplo de “se refuerza el sistema de lealtades personales y contraprestaciones prebendales”.

Un organismo binacional, con escaso contralor por parte del Parlamento, que además desarrolla sus actividades lejos del foco político de la capital, puede ser un sitio más que adecuado para cultivar lealtades que alimenten el aparato del partido que luego saldrá a rastrillar votos. Nada novedoso. Salvo la forma en que el presidente de la República critica y defiende la situación.

Hay que reconocer que el presidente se para en una cornisa política al referirse a este tema: Albisu es un amigo al que el presidente le tiene confianza, pero “si exageró” (o sea, si se le fue la mano con los acomodos) habrá que corregir.

Es una joya esta declaración: por un lado, por enésima vez se muestra como amigo de sus amigos (y en esto repite el mismo recurso que con Alejandro Astesiano, con Gustavo Penadés, etcétera) y, al escucharlo, los ciudadanos son atravesados por un sentimiento positivo al ver qué tan buen amigo es. Generar un sentimiento positivo ante un acomodo vergonzoso ya es en sí un gran triunfo, pero además, se muestra dispuesto a corregir si “exageró”. ¿Cuántos acomodos constituyen una exageración? ¿Más de cinco, de diez? ¿Si hubieran sido cuatro acomodos, Albisu no habría exagerado?

La reciente renuncia de Albisu no corrige los acomodos; si no se revierten las decisiones clientelísticas, entonces es otra bomba de humo. Pero además, esto sucede porque hubo denuncias y el tema trepó a los titulares; si no hubiera sido así, sería otro caso más del “si pasa, pasa” que ha sido otra de las conductas repetidas por el gobierno.

Tal como señalábamos al principio, las situaciones en las que el Estado pierde y algún particular (persona o empresa) se ve beneficiado se multiplican. Esto es muy contradictorio en un gobierno que parece obsesionado con bajar el déficit fiscal. La obsesión le funciona frente al gasto social, nada más.

Si esto fuera una investigación en Fiscalía, estaríamos hablando de modus operandi, pero como no es así, sólo resta recomendar que cuando no se logre entender algunas decisiones del gobierno, siempre será útil seguir la ruta del dinero.

Lilián Galán es diputada del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.