Las unidades reguladoras actuales (Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua -URSEA-, Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones -Ursec-) fueron creadas dentro del modelo privatizador de los gobiernos blancos y colorados que actuaron antes de 2005. Fueron parte del proyecto de desguace y venta de las empresas públicas, bajo los eslóganes publicitarios de “regulación”, “defensa del consumidor” y la participación estelar de la figura de “promoción de la competencia”. Porque como sabemos, la competencia es la madre de todas las soluciones, ¿verdad?

¿Nuestras escuelas rurales no tienen agua y luz eléctrica? ¿Carecen de conectividad a internet? Seguro que la Lyonnaise des Eaux, Unión Fenosa y Movistar, respectivamente, irían corriendo (y a pérdida, obviamente) a brindar esos servicios a las escuelas rurales, a los barrios pobres de cualquier ciudad o pueblo de nuestro país, porque, como todos sabemos, la competencia siempre ha sido el abrigo de los más desamparados.

No sólo eso. Además, le transferirían todos los años sus ganancias a Rentas Generales, y eso después de pagar religiosamente todos sus impuestos (sin elusiones ni chicanas).

¿A qué viene tanto humor negro? Es que dentro de la inabarcable ley de urgente consideración (LUC) se vuelve a reformar las unidades reguladoras creadas a principios de los 2000. Estas unidades tienen como cometido regular y asegurar la competencia entre operadores públicos y privados de los servicios de energía, agua, saneamiento y comunicaciones. O sea, tienen competencia sobre UTE, ANCAP, OSE, la Intendencia de Montevideo, Antel, el Correo Uruguayo.

A lo largo de toda la LUC, más algunas otras iniciativas que se están tomando por medio de leyes, decretos e instructivos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), se construye otra vez el modelo privatizador y excluyente.

A continuación mencionaré sólo algunas de las iniciativas que vienen en la LUC y afectan las empresas públicas.

Existe una embestida directa contra ANCAP (desmonopolización de la importación de combustibles, art. 229 de la LUC). También se ataca directamente a Antel cuando se habilita la “portabilidad numérica” de los servicios de telefonía móvil, y se elimina la excepción que alcanzaba a las empresas públicas en situación de competencia (como es el caso de la telefonía móvil) para realizar compras directas, sin límite de monto.

Se arriesga (aún más) a afectar a OSE cuando se habilitan normas que pueden dañar el ambiente (eliminación de herramientas legales que contribuyeron al crecimiento de las Áreas Protegidas) y se habilita la posibilidad de que sociedades anónimas no nominativas vuelvan a ser propietarias de la tierra. Estas últimas disposiciones van a contrapelo de la creación del Ministerio de Ambiente, también presente en la LUC. Se escribe con la mano, se borra con el codo.

Habría más ejemplos de modificaciones que atentan contra las empresas públicas, y seguramente estos que mencionamos necesitarían una nota cada uno, para que se comprendiera el alcance.

Pero quedémonos con esta idea: nuestras empresas públicas, que han servido para que seamos un ejemplo en América Latina en cobertura de servicios de electricidad, de telefonía, de datos, de agua potable, son grandes para el tamaño de nuestro mercado, pero puestas a competir con empresas trasnacionales de su ramo son como un barquito de papel flotando en el océano.

Esa es la idea: dejarlas cual barquito de papel flotando en el océano, si es posible, hasta agujerearles el fondo, y luego, si se hunden... uy, ¡qué pena! Es que no son competitivas.

Pero volviendo a las modificaciones que la LUC trae para las unidades reguladoras, resulta que, sumado a todo lo anterior, se aceitan las reglas para que los privados mejoren su capacidad de competir con nuestras empresas públicas.

Veamos. La ley de creación de URSEA (hablamos del texto original, cuando se pretendió imponer las privatizaciones), en su artículo 2, le adjudicaba estos objetivos, entre otros: “La promoción de la libre competencia en la prestación, sin perjuicio de los monopolios y exclusividades legalmente dispuestos”; y “la aplicación de tarifas que reflejen los costos económicos, en cuanto correspondiere”. En la primera cita queda de manifiesto que el texto legal reconocía que existían monopolios establecidos por ley que se debían respetar.

Y lo de las tarifas merece una explicación: tanto UTE como OSE tienen tarifas que rigen para todo el país. ¿Es lo mismo llevar el servicio de agua y electricidad al barrio Pocitos que a Tiatucura, en Paysandú? No, las obras necesarias para llegar a prestar el servicio en un pueblo pequeño o alejado, con baja densidad demográfica, son más caras por usuario atendido.

Dicho de otro modo, seguramente encontraremos empresas privadas que quieran dar servicios en los lugares donde hay muchos potenciales clientes, y si es con buen poder adquisitivo, mejor. Pero si los clientes se encuentran en lugares alejados y son relativamente pocos, no valdrá la pena realizar la inversión necesaria para prestar los servicios, salvo que estén dispuestos a pagar con sus tarifas el costo económico que ello implica.

Ahora bien, en la LUC se establece que compete a la URSEA, entre otros cometidos: “La aplicación de tarifas que reflejen los costos de los servicios” (no dice nada más); “la promoción y defensa de la libre competencia en los sectores regulados”; “prevenir conductas anticompetitivas y de abuso de posición dominante en los sectores regulados bajo su competencia, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de promoción y defensa de la competencia”.

Traducido a uruguayo sencillo: las normas que impone la LUC son más perjudiciales para las empresas públicas, y para nosotros, los uruguayos que somos sus dueños, que el modelo original.

Volvemos, y peor, si fuera posible, al liberalismo sin taparrabos.