Es la segunda vez que utilizo este título para una nota.1 No es casualidad: la discusión sobre la transparencia en la función pública, o su contracara, la corrupción, ha estado en el centro del debate de casi toda América Latina: Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Brasil… todos estos países, con gobiernos de distinto signo ideológico, han producido grandes titulares de prensa, con acusaciones cruzadas de corrupción, procesamiento de empresarios y líderes políticos, y, no pocas veces, sobreseimientos de las causas, cuando finalmente no se encuentra mérito suficiente para confirmar la sentencia.
Está claro que las acusaciones de corrupción, o lo que hoy se conoce como “la judicialización de la política”, se ha convertido en un arma que crecientemente se levanta contra los adversarios, a veces con resultados inesperados y devastadores para toda la sociedad; sin ir más lejos, veamos el caso de Brasil y la elección de Jair Messias Bolsonaro.
La encuesta anual que realiza Transparency International, que mide el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), deja a Uruguay como el país más transparente de la región, en el lugar 23 de 180 países medidos en el mundo. El IPC indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas de cada país, donde 100 es percepción de ausencia de corrupción y 0 es percepción de que un país es muy corrupto.
El país mejor ubicado en este ranking es Nueva Zelanda con 89; el peor es Somalia con un índice de 9. Uruguay ostenta un puntaje de 70, y queda empatado con Francia en el mismo número; en la región lo siguen Chile con 67, Costa Rica con 59, Cuba con 47, Argentina con 39, Brasil con 37.
Pero como en muchas otras áreas, la “sensación térmica” en la interna del país parece ser peor que la percepción que generamos a los de afuera y, en este caso, aplicando una metodología de medición igual para todos los países. Nadie diría, leyendo cientos de comentarios volcados a las redes sociales todos los días, que Uruguay es el país más transparente de América Latina y uno de los que encabezan la tabla mundial.
Quizá sea hora de que todos quienes actuamos en política dejemos de mirar por un instante nuestros objetivos políticos y nos centremos en el proceso político que estamos generando. Antes de que sea demasiado tarde.
En Uruguay las denuncias sobre corrupción han cubierto las más diversas áreas del Estado, con razón o sin ella. Los grandes medios de comunicación (típicamente, los informativos televisivos) son los que deciden qué denuncias cobran entidad y cuáles mueren en el olvido.
A fines de 2017, cuando el diputado Daniel Caggiani (Frente Amplio, FA) presentó el proyecto de ley que regula los viáticos en el exterior para funcionarios públicos, estábamos asistiendo a una sucesión de denuncias en la prensa contra cualquier político que hubiera utilizado viáticos. Por supuesto, sin preguntar cuál era el motivo de la misión al exterior, ni si se había hecho devolución del sobrante correspondiente.
Este proyecto tiene como objetivo uniformizar los criterios de asignación de viáticos y su correspondiente rendición, para gran parte del Estado: incluye los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los tribunales de los Contencioso Administrativo y de Cuentas, y la Corte Electoral. Está previsto para los viáticos que reciben los diferentes funcionarios (electos, cargos políticos o de carrera) cuando representan al país en misiones en el exterior. Destacamos la importancia que tiene para un país como el nuestro su representación en el exterior, no sólo por intermedio de nuestra Cancillería sino de todas las áreas del Estado.
Esta iniciativa ya marcaba un gran avance, reuniendo en un solo cuerpo y con rango de ley diversas normativas hoy dispares y dispersas. El proyecto fue aprobado por unanimidad de los legisladores presentes en la Comisión de Presupuestos, lo que le auguraba un rápido trámite legislativo, al menos en Diputados.
No obstante, cuando el miércoles pasado presentamos en la cámara este proyecto de ley, varios diputados de la oposición manifestaron que la iniciativa “quedaba corta”, en el entendido de que no estaban comprendidos ni los entes autónomos y servicios descentralizados, ni los gobiernos departamentales, así como las diversas formas jurídicas que funcionan en el marco del derecho privado pero son de propiedad estatal. Redoblaron la apuesta.
Cabe señalar que para que se apruebe una normativa que afecte a los entes autónomos y a los gobiernos departamentales es necesario contar con dos tercios de componentes de cada cámara.
Puestas las cartas sobre la mesa, y en conocimiento de cuáles eran las aspiraciones de la oposición, el FA aceptó inmediatamente esta posibilidad, y se concretó en sala un acuerdo político de volver con una redacción similar a la presentada, en el sentido de aportar mayor transparencia en la ejecución de los fondos públicos destinados a viáticos en el exterior pero ampliar el alcance de la normativa tanto como fuera posible.
Según el acuerdo alcanzado, oficialismo y oposición levantarán las manos para regular uno de esos temas que, como decíamos al principio, han servido para arrastrar agua para uno u otro molino, pero impidiendo avanzar en la debida transparencia en la gestión pública y, por el contrario, deteriorando los mecanismos de discusión democráticos frente a los ciudadanos.
Este proyecto es muy concreto. En sus diferentes artículos marca los mecanismos para la rendición de cuentas de viáticos en las misiones al exterior y, en caso de no cumplimiento de la normativa, se prevé el correspondiente descuento de los haberes del funcionario.
Mañana, este proyecto es el primer punto a votar del orden del día de la sesión. Los votos del FA están porque es su voluntad avanzar en la transparencia de la función pública y así lo ha demostrado en las distintas leyes que se han ido aprobando estos años.
Creemos que es una buena noticia para Uruguay, no sólo por el avance que esto constituye en materia de regulación y rendición de gastos, sino, principalmente, porque marca un camino posible a recorrer que proteja a Uruguay del ascenso de personajes siniestros que se presentan como disruptivos, o al callejón de resultados aun menos previsibles del “que se vayan todos”.
Lilián Galán es diputada del Movimiento de Participación Popular, FA.