Mientras la campaña por las internas se lleva casi todo el espacio de las noticias políticas, y nuestro presidente dice sufrir de calambres por todas las denuncias que se generan sobre la presunta utilización de los dineros del Estado para intereses políticos personales, se continúa con los planes que benefician a los malla oro.
Hay que apretar el acelerador, pidió el mismo presidente a los integrantes de su gobierno, en una reunión hace pocas semanas. Y esto a despecho de cualquier observación o recurso que interponga la oposición política o social. Se omiten sin el menor rubor los necesarios contrapesos que sostienen el arreglo democrático y republicano.
El Tribunal de Cuentas, ubicado institucionalmente en un lugar de máxima jerarquía, con competencia en la ejecución de los presupuestos y el contralor de toda gestión relativa a la hacienda pública, cumple con la función, por decirlo en términos más simples, de ser un auditor externo del resto de la administración pública, pronunciándose sobre el apego a las leyes y normas de cada una de las acciones en el Estado que utilicen dineros públicos.
La actual dirección del tribunal deriva de un acuerdo logrado entre partidos en 2017, que equilibraba la integración política entre la oposición y el oficialismo de la época. Se integró con tres miembros del Frente Amplio, dos del Partido Nacional, uno del Partido Colorado y un miembro “neutral” con el apoyo de todos los partidos, que fue la contadora Susana Díaz. De esta forma se trataba de prevenir que fuera capturado por los intereses de una u otra corriente política.
Pero la contadora Díaz renunció, y como no se renovó la integración de autoridades en este período, fue sustituida por su primer suplente, el contador Linder Reyes, quien fuera contador general de la Intendencia de San José bajo el mandato de Juan Chiruchi, e identificado con el Partido Nacional. Así las cosas, se pasó de una integración equilibrada (tres frenteamplistas, tres oficialistas, un neutral) a una integración oficialista (cuatro miembros identificados con la coalición de gobierno, tres frenteamplistas).
Creemos que es válido cuestionarse si en el próximo gobierno no será institucionalmente saludable revisar, con mayores garantías de ecuanimidad al menos, los contratos de mayor cuantía económica (o que deriven en problemas graves en los servicios públicos respectivos) y que hayan recibido una votación dividida, cuatro a tres, luego de la renuncia de la contadora Díaz.
Sólo a título ilustrativo, están en la situación antes mencionada, por ejemplo, la renovación del espectro 3G por parte de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec); la subasta 5G del mismo organismo; la obra del Ferrocarril Central, que tuvo –al menos dos veces– modificaciones contractuales; la construcción del Hospital de Cerro; el pago de honorarios a los interventores Casa de Galicia, etcétera.
Hemos afirmado a lo largo de varias notas que van a dejar una OSE totalmente desfinanciada al gobierno que viene. Pero la realidad ya se anticipó a darnos la razón, tristemente.
La construcción de una nueva potabilizadora sobre el Río de la Plata (Proyecto Neptuno o Arazatí) tuvo discrepancias importantes de los directores del FA en el Tribunal de Cuentas en prácticamente todo el recorrido del trámite administrativo: cuando se adjudicó, sujeto a la intervención del tribunal; cuando OSE contrató a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) para negociar los cambios al borrador del contrato; y luego, cuando efectivamente la CND presentó los cambios. La minoría en el Tribunal de Cuentas objetó las modificaciones del contrato entre OSE y el consorcio de empresas que ganaron la licitación de Arazatí.
Esto último es un buen ejemplo de cómo viene descarrilando el gobierno en el cumplimiento de la legalidad vigente. El contrato nunca puede tener variaciones respecto de lo que se había escrito en el pliego de la licitación y de lo que presentó la oferta ganadora. Pero no importó, igualmente introdujeron un cambio que, una vez más, beneficia a las empresas.
En el pliego de licitación se especificó que en caso de finalización del contrato por responsabilidad de las empresas, OSE debía pagar sólo la inversión realizada. Sin embargo, en la versión del contrato modificado se suma al costo de inversión el de financiamiento. Cuando una empresa hace una oferta para una licitación, asume en el precio que presenta todos los costos, incluyendo el de un eventual riesgo, como en este caso sería una eventual finalización del contrato antes del plazo, por responsabilidad de la propia empresa. Por eso, cuando OSE cambia las condiciones en el contrato (condiciones diferentes de las establecidas en el pliego de licitación) le otorga un beneficio extra al consorcio ganador. ¿Más regalos a los amigos pagados por el Estado?
Hemos afirmado a lo largo de varias notas1 que van a dejar una OSE totalmente desfinanciada al gobierno que viene. Pero la realidad ya se anticipó a darnos la razón, tristemente. Hace pocos días, la Gerencia General de OSE anunció mediante un memorando a todas las unidades que “no se autoriza gasto de cualquier índole” y que, ante necesidades, todo gasto debe ponerse a consideración de la Gerencia General. Cuesta imaginarse la ineficiencia de someter todas las decisiones de una empresa de alcance nacional a una sola vía de aprobación. Pero todo esto ocurre mientras la oferta ganadora de la licitación de saneamiento en 61 localidades terminó costando 100 millones de dólares más que lo previsto, para escándalo de los fundamentalistas del “asunto Antel Arena”. Tras ello, OSE también negoció un préstamo de corto plazo con el Banco República para capital de trabajo, o sea, sus gastos corrientes.
Hasta ahora no hay interpelación, demanda, ni discrepancia en el Tribunal de Cuentas que logre detenerlos. Más que el presidente, es la democracia la que está acalambrada.
Lilián Galán es diputada del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.