En marzo de este año comenzó en Uruguay la primera ola de covid-19, con un aumento exponencial de casos, ingresos a CTI y muertes, que nos llevó a estar en los primeros lugares del mundo en estos indicadores durante varias semanas. Al 6 de julio, Uruguay contaba 5.735 muertes, de las cuales 4.833 ocurrieron en el período analizado, ocupando el lugar 29 en muertes por millón de habitantes en el mundo.
En febrero, ante un aumento en el número de casos, se había advertido de la necesidad de tomar mayores medidas de restricción de la movilidad para volver a un número de casos nuevos diarios por debajo de 200 (que hacían posible aplicar la estrategia Tetris). Este pedido, luego del cual no se implementaron las medidas suficientes, se reiteró con mayor énfasis en marzo, utilizando la consigna de “blindar abril”. Si bien hubo medidas tendientes a restringir la movilidad, estas no fueron de la profundidad solicitada por diversos actores, no fueron adecuadas para lograr una reducción suficiente de la movilidad y los contagios, tanto por el tipo de medidas como por no haberse acompañado del apoyo económico necesario para hacer posible “quedarse en casa”.
Se vacunó a buen ritmo, mayoritariamente con Sinovac, que, si bien cuando suma dos dosis y 15 días brinda una protección adecuada frente a la enfermedad grave, es ínfima con una sola dosis.
Las enfermedades infecciosas nuevas, que se propagan rápidamente en una población que no ha tenido previamente contacto con el germen causante y, por tanto, el organismo no tiene experiencia previa que le permita enfrentar adecuadamente la enfermedad, dejadas a su libre albedrío tienen la característica de enfermar rápidamente a un número importante de personas, llegar a una meseta y posteriormente declinar, en la medida en que el número de individuos de esa población que se infectan y sobreviven, generando anticuerpos frente a ella, llega a un número crítico, y disminuye naturalmente la circulación de ese germen en esa población.
Uno podría preguntarse, si eso es así naturalmente, si eso es lo que va a suceder indefectiblemente, qué es lo que nos lleva a tomar medidas adicionales. Mientras transcurren esos días, semanas, de curso evolutivo natural de la epidemia, muchas personas enferman, algunas levemente, otras de mayor gravedad, unas cuantas mueren. El sistema sanitario puede ser llevado a niveles de ocupación muy altos, haciendo insostenible la atención correcta de todas y cada una de las personas que enfermen, sea por esta enfermedad o por otras causas, empeorando los resultados esperados. La economía se resiente, al no poder funcionar correctamente por el número de personas que enferman a un tiempo.
Las medidas, entonces, tienen como objetivo disminuir el número de casos, lo que va de la mano con disminuir el número de casos graves y las muertes, y disminuir los impactos que tiene la enfermedad sobre la economía.
Contamos para ello con medidas de salud pública: vacunación, medidas de restricción de la movilidad, de protección personal (higiene de manos, ventilación de ambientes donde se convive o trabaja, uso de mascarillas) más o menos exigentes, según la tarea que se desempeñe y la exposición al germen que se tenga o el riesgo de desarrollar una enfermedad más grave, y medidas vinculadas al tratamiento mismo de la enfermedad, que incluyen reforzar el sistema de salud en sus diferentes niveles, aprender sobre el cuidado de los enfermos, asegurar disponibilidad de recursos humanos y materiales.
Una forma de estimar la efectividad de las medidas adoptadas tiene que ver con cuantificar las muertes evitables, es decir, aquellas muertes que con adecuadas medidas médicas (diagnóstico y tratamiento oportuno) o de salud pública podrían no haber sucedido. Esta es la cara más trágica de una epidemia.
Argentina y Chile, en ese período, también vivieron situaciones de aumento de casos, teniendo Chile similitudes importantes con nuestro país: similares proporción de población añosa y población con obesidad e índice de desarrollo humano. Respecto de la vacunación, el porcentaje de población completamente inmunizada es mucho menor en Argentina, y si bien Chile nos lleva la delantera, también es cierto que vacunó proporcionalmente más con Sinovac que Uruguay.
La estrategia no debió basarse en estar preparados para atender los casos graves sino en que esos casos graves no existieran, blindando efectivamente al país en abril.
Respecto del impacto de la variante P1 sobre la mortalidad es importante precisar que está demostrado que es más transmisible, más contagiosa y, por tanto, frente a su ingreso al país era clave extremar las medidas para evitar su propagación, como lo hicieron Chile y Argentina, y se requería en cambio no sólo recomendar “quedate en tu burbuja” y ni siquiera acompañar la recomendación con medidas que lo hicieran factible. Es claro que frente a la detección de variantes más transmisibles no sólo es necesario acelerar la vacunación, sino en paralelo reducir drásticamente la movilidad, a fin de disminuir la tasa de contagios y, en consecuencia, disminuir los casos graves y las muertes por covid-19, así como el riesgo de aparición de nuevas variantes de preocupación.
La letalidad de la variante P1 no explica que proporcionalmente hayamos sufrido el doble de muertes que los otros países donde P1 ingresó al mismo tiempo. Se afirmó que resultó más letal en nuestro país con base en un indicador, la tasa de letalidad, que no sirve cuando se pierde el hilo epidemiológico. ¿Por qué no sirve? Porque es el cociente entre el número de muertes y el de casos confirmados. Cuando se pierde el hilo epidemiológico no conocemos todos los casos, y eso explica el aumento del cociente.
Lo que explica que proporcionalmente hayamos sufrido el doble de muertes que países como Chile, donde ingresó la P1 al mismo tiempo, es la diferente estrategia sanitaria. Tanto Argentina como Chile, durante este período, tuvieron acciones tendientes a lograr una mayor restricción de la movilidad, llegando a decretar Chile cierres estrictos temporarios, breves, al inicio generales y luego rotativos por zonas del país, cierres que comienzan a producirse en los últimos días de marzo. Uruguay, en tanto, apeló al concepto de libertad responsable y exhortación al cuidado personal, sugiriendo o exhortando el teletrabajo en el sector privado, pero sin cerrar en ningún momento grandes superficies, bares y restaurantes, cerrando sí la educación presencial durante unas semanas, para luego irla abriendo paulatinamente. El índice de movilidad en uno y otro país mostraron valores claramente diferentes, siendo menor en Chile.
Si observamos las gráficas de muertes por cada millón de habitantes en Chile y Uruguay entre el 24 de marzo y el 30 de junio, se pueden observar números mucho mayores en nuestro país a lo largo de todo ese período; comparados, se corresponden a una diferencia de 819,51 muertes por millón de habitantes más en Uruguay que en Chile, lo que se corresponde con 2.868 muertes. Esto nos muestra que con medidas periódicas restrictivas de la movilidad, acompañadas de apoyo económico adecuado, durante un período de tiempo acotado (20 días, como propusieron tanto el Grupo Asesor Científico Honorario como sociedades científicas, la academia, el Sindicato Médico del Uruguay y el Frente Amplio), alrededor de 60% de las muertes ocurridas en este período podrían haberse evitado.
Se ha repetido en estas horas, marcado como un hecho trascendente y loable, que si no se hubiera aumentado el número de camas de CTI hubiera habido que elegir entre a quién ingresar y a quién no, a quién ofrecer la posibilidad de seguir vivo.
Pero la estrategia no debió basarse en estar preparados para atender los casos graves sino en que esos casos graves no existieran, blindando efectivamente al país en abril para disminuir los contagios y con ello, los casos graves y las muertes, mientras se vacunaba exitosamente. De este modo, muchas familias uruguayas no vivirían en este momento el drama de haber perdido a uno o más seres queridos, despedidos en soledad. Se hubiera evitado trabajar en condiciones de sobrecarga a nivel del sistema de salud en todos sus niveles. Asimismo, seguramente no tendríamos que llorar a 11 mujeres embarazadas muertas por covid-19, ni lamentar que haya niños que comienzan su vida sin su madre.
El argumento muchas veces esgrimido por las autoridades –en particular por el presidente de la República, y reiterado en la interpelación por el ministro de Salud Pública– para no tomar medidas más severas de restricción de la movilidad ha sido que dudaban de que fueran cumplidas por nuestro pueblo, que no querían tener que utilizar la fuerza para hacerlas cumplir. Es una lástima que no se hayan animado a poner a prueba la capacidad de escucha, comprensión y análisis del pueblo uruguayo. Es una pena que no confíen en sus condiciones. Si a los uruguayos se le dan razones válidas y condiciones adecuadas, responden. Esta falta de confianza también es la causa de más de la mitad de las muertes durante el pico epidémico.
Lucía Delgado Pebé es oncóloga médica, docente grado 5 de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina (Universidad de la República) y vicepresidenta de la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer. Adriana Peveroni es pediatra.