Despido en Frigorífico Canelones: la libertad de expresión amenazada

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Pocos días antes de asumir la presidencia, Luis Lacalle Pou dijo: “Soy liberal, creo en la libertad de las personas”. Lo hizo en el marco de la presentación de la ley de urgente consideración (LUC) que, ciertamente, recorta libertades. Palabras similares fueron dichas, una y otra vez, frente a la pandemia en Uruguay, bajo la idea de “libertad responsable”.

A pesar del discurso envolvente, las libertades democráticas se encuentran amenazadas y, con ella, el principio mismo de la organización social democrática. Prueba de ello es el avasallamiento de las libertades de expresión y sindicales por parte de empresas y gobierno. En la enseñanza pública las autoridades sancionan docentes por actividad gremial a partir de las publicaciones de fotos en redes sociales o abren sumarios por expresiones en la prensa de dirigentes sindicales; en la enseñanza privada despiden docentes por realizar publicaciones personales en las redes sociales; en otras ocasiones publicaciones y videos de Facebook criticando conductas de las empresas, opiniones políticas y expresiones en defensa de los derechos de las mujeres en Instagram han tenido como desenlace el despido de las y los trabajadores.

A nivel internacional este problema ha sido parte del debate de la jurisprudencia. Por ejemplo, en España en 2017 el Tribunal Superior de Justicia consideró la improcedencia de un despido de un trabajador por comentarios ofensivos hacia la empresa en redes sociales, señalando que el trabajador se encontraba en un momento de vulnerabilidad y que sus manifestaciones no constituían un hecho grave. En otros casos donde se empleó la expresión de “mafiosos” contra la empresa, si bien pueden ser consideradas reprochables moralmente, no superan los límites que otorga el derecho de libertad de expresión del trabajador sin que puedan ser merecedoras del despido.¹

Minerva cercena la libertad de expresión

Esta semana se suma una nueva perla del collar. La empresa Minerva, dueña de los frigoríficos Pul, Carrasco y Canelones, despidió a un trabajador (Gastón) de este último establecimiento por realizar comentarios políticos críticos contra la empresa en Facebook. Minerva es una multinacional latinoamericana (con plantas en Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y Colombia) líder en la exportación de carne del continente, cuyo capital está compuesto por la familia Vilela de Queiroz, viejos terratenientes-ganaderos brasileños que tienen el 20% del capital accionario y gestionan la empresa; un fondo de inversión Salic (UK) Limited de Arabia Saudita con sede Londres, que controla el 25% de las acciones, y el 50% de las acciones se cotizan en la bolsa.

La empresa realizó una donación de frazadas a un barrio carenciado y publicitó la acción. El trabajador comentó lo que muchos piensan en Canelones. Una actitud hipócrita de Minerva que mientras rebaja los salarios a sus trabajadores, se presenta con “responsabilidad social” en el pueblo.

¿Cómo es posible que la expresión de ideas, opiniones o críticas fuera del lugar de trabajo queden sometidas a la discrecionalidad empresarial o gubernamental? ¿Hay que permitir el avance del control de las patronales hacia fuera de las puertas de la fábrica, abarcando nuestra vida personal y social?

La libertad de expresión se encuentra consagrada como un derecho ampliamente reconocido en la normativa internacional y nacional (especialmente en la Constitución). Como señala Andrea Rodríguez Yaben,² los trabajadores están en todo su derecho de exteriorizar -por el medio que crean más conveniente- sus ideas, creencias y pensamientos, aunque estos pudieran molestar, inquietar o disgustar a quienes se dirigen, sin ser sancionados por eso, pues así lo requieren el pluralismo y la tolerancia, sin los cuales no existe sociedad democrática.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que “la libertad de expresión requiere que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento”.³ De modo que las restricciones a la libertad de expresión del trabajador por parte de la empresa –que adopten la forma de despido u otra conducta empresarial– deben considerarse en principio ilícitas y lesivas del derecho fundamental, salvo que exista una justificación de peso extrema y prioritaria para la salvaguarda de otro interés constitucional en juego.

En este caso, no existe ninguna justificación de peso, por lo que el despido es simplemente un cercenamiento de la libertad de expresión como derecho fundamental.

La huelga para defender las libertades y el trabajo

El sindicato, Soofrica, resolvió no aceptar que se avasallen los derechos y libertades de expresión. Comenzó una huelga por el reintegro del trabajador, y los trabajadores se encadenaron frente a la fábrica. En una expresión de solidaridad de clase, la huelga fue decretada también por el sindicato de los trabajadores del frigorífico Carrasco, Sifrica. La Foica se declaró en preconflicto y discute una paralización de carácter general. Las libertades democráticas se defienden con los métodos de la clase obrera.

Los sindicatos entienden que el despido es absolutamente injustificado. La empresa se encuentra, por el momento, en total intransigencia con respecto a mantener la desvinculación del trabajador. Mientras que el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, realiza una “mediación” que consiste en trasladar los planteos de la empresa como propios. Frente a la huelga el gobierno desplegó la policía en la puerta de la fábrica para garantizar que las cuadrillas contratadas por la empresa ingresen a la planta. El operativo no logró, sin embargo, que ningún trabajador se animara a entrar a la fábrica.

El despido es, como se dice, la punta del iceberg. Las y los trabajadores del frigorífico Canelones estuvieron un año y medio en el seguro de paro producto de un lock out patronal e ingresaron en febrero, luego de una lucha heroica, feroz y que significó una bandera para todo el movimiento obrero, que incluyó una verdadera pueblada en la ciudad de Canelones y la movilización a pie a Montevideo en medio de una pandemia. El acuerdo final fue con una rebaja salarial de 22,5%. Minerva continuó con una política agresiva contra el sindicato y los trabajadores: suspendieron al presidente, Raúl Torres, y despidieron a seis empleados. De fondo, lo que realmente busca Minerva es descabezar a un sindicato de base que se ha transformado en un símbolo de resistencia para los trabajadores del sector y del movimiento sindical, y avanzar luego contra los trabajadores de los demás frigoríficos.

El contexto en el cual se encuadra este conflicto es muy distinto al de 2020. Luego de una relativa “calma” el movimiento obrero ha comenzado a mostrar signos de revitalización. Con el espaldarazo de las 800.000 firmas por el referéndum contra la LUC, un verdadero reguero de luchas ha comenzado a desarrollarse estas últimas semanas entre los trabajadores de las empresas públicas, del puerto y, especialmente, una poderosa huelga de los trabajadores marítimos. Esta última fue contra una brutal rebaja salarial de 40% y culminó con un triunfo, lo que refuerza las perspectivas de lucha de cara a la negociación colectiva en los Consejos de Salario que comienzan este mes, donde el gobierno planteó lineamientos salariales a la baja. Del otro lado, los trabajadores del Estado y de la enseñanza han comenzado a planificar huelgas y acciones de lucha contra el ajuste salarial y presupuestal en la Rendición de Cuentas, contra la persecución sindical y en defensa de las libertades democráticas.

Como se ve, a la libertad y el trabajo no los defiende el gobierno sino la clase obrera organizada.

Nicolás Marrero es sociólogo y docente de la Universidad de la República.