Suenan lindas las promesas demócratas de un gobierno que se estrena, pero no parece sencillo sostenerlas.
El flamante presidente Luis Lacalle Pou, en su discurso inaugural en la Asamblea General, decía: “Hemos sido reconocidos como una de las democracias más plenas del mundo. Somos herederos de una larga historia y tenemos la responsabilidad de cuidarla y continuarla”.
Un año después, en el mismo lugar, nos informaba de un acuerdo millonario que signará el destino del puerto de Montevideo. Allí los ciudadanos, pero también el Frente Amplio (FA), el Partido Colorado y Cabildo Abierto, tomamos conocimiento de que el gobierno había alcanzado un acuerdo con la empresa Katoen Natie (KN), evitando –supuestamente– un juicio inminente y consiguiendo una inversión –innecesaria– de 455 millones de dólares.
En ese momento el FA, desayunado de semejante decisión, comenzó a recrear el puzle. En abril, con la comparecencia del entonces ministro Luis Alberto Heber a la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, se confirmó que aquello era una caja de sorpresas. En resumen: la única noticia que tuvo directamente el Parlamento fue una noticia por parte del presidente, cuando estaba todo el pescado vendido.
Después, cuentos conocidos. Un desfile de autoridades completamente infructuoso, preguntas sin respuesta, información que nunca llegó, dichos y desdichos y hasta la mediación de la justicia para que la oposición política pudiera hacerse de la información más básica, nada menos que el expediente (vacío) y las condiciones del contrato.
El 18 de agosto se interpeló al ministro Heber y días más tarde fue la sesión de censura que terminó sin consecuencias (por ahora) para el interpelado. La coalición de gobierno depuso todos los reparos y cerró filas. La interpelación fue un déjà vu de lo ocurrido con el pedido de desafuero de Guido Manini Ríos: discrepancias diluidas en la necesidad de seguir en la coalición. El diputado colorado Ope Pasquet fue explícito: “Hemos decidido apoyar el acuerdo que hizo el gobierno porque formamos parte del gobierno de coalición. No entro a considerar si tal cosa está bien, si tal cosa está mal” (El País, 24 de agosto).
Las 19 horas de interpelación y las cinco horas de discusión de la (no) censura aportaron sobrada evidencia de que el gobierno selló un acuerdo a oscuras, a las corridas, sin informes ni sustento jurídico ni financiero, y de que ese acuerdo perjudicará la competitividad nacional, a los trabajadores y –en definitiva– a la sociedad en su conjunto.
Los legisladores de oposición y los académicos independientes han exhibido las ilegalidades y lo pésimo del negocio. El lector puede hallarlas resumidas en las 27 preguntas formuladas por el miembro interpelante, sin respuesta, en todos estos meses, de nadie.
Hoy nos detendremos en una perla de ese rosario: la absoluta prescindencia con que procedió el Ejecutivo, ignorando el requisito constitucional de una ley habilitante. Esta omisión implica eludir los contralores y darle la espalda al sistema político, o sea, desconocer la representación política ciudadana, aquella que sonaba tan linda un año atrás.
El punto de vista jurídico
Los doctores Burstein y Repetto consignan, en la columna “Monopolio en el puerto: ilegalidades en contenedores y a granel” (la diaria, 25 de julio): “El acuerdo genera un monopolio privado, por 60 años, hasta el 2081, sin ley que lo habilite. La Constitución de la República concede al Parlamento y no al Poder Ejecutivo la facultad de otorgar monopolios y se requiere, según el artículo 85 numeral 17, una ley aprobada por dos tercios del total de componentes de cada cámara. Sin embargo, sin cumplir este requisito constitucional, el Poder Ejecutivo otorgó el monopolio de contenedores en el puerto de Montevideo a la empresa controlada por KN”.
Este punto capital fue la tercera pregunta de la interpelación: “¿Se dispuso violar el artículo 85, numeral 17, de la Constitución de la República?”. La respuesta del ministro, por escrito, fue: “Contrariamente a violar alguna ley, se dispuso la aplicación correcta de la Ley de Puertos y los decretos reglamentarios”. Así como se lee: no hay mención siquiera a la Constitución.
Algunos actores de gobierno refutan la acusación de inconstitucionalidad diciendo que no hay tal monopolio para KN, sino que se trata de la prioridad en el manejo de contenedores. Los legisladores frenteamplistas demostraron que esa prioridad recogida en el Decreto 115/2021 funciona en los hechos como exclusividad. A su vez, se establece a texto expreso en el acuerdo y en el Decreto 114/2021 que no se otorgarán nuevas concesiones ni permisos ni autorizaciones para la explotación de otra terminal especializada durante la vigencia de la concesión, salvo que los movimientos de contenedores en la terminal superen el 85% de la capacidad durante dos años consecutivos. Esas condiciones jamás se producirán si KN no lo permite. Eso, aunque lo llamen como quieran, es un monopolio por 60 años.
Que el gobierno se haya salteado nada menos que el Parlamento, lejos de constituir un ninguneo al Frente Amplio, es un agravio a la investidura del legislador y una atribución antidemocrática de facultades ajenas.
Este punto ha sido refrendado por el profesor Ruben Correa Freitas, tal como recoge la diaria el 21 de junio: “El constitucionalista señaló que ‘la interpretación natural y obvia’ es que KN ‘tiene preferencia absoluta’, ya que la única forma de que la Administración Nacional de Puertos (ANP) habilite a otro operador es que la terminal especializada se encuentre ocupada las 24 horas posteriores al atraque del buque. Además, se impide la instalación de equipamiento para prestar servicio de despacho de contenedores en los muelles públicos. [...] Es indudable que de hecho se está concediendo por 50 años el monopolio de la actividad portuaria [...] en nuestro ordenamiento jurídico para que exista un monopolio en favor de una empresa privada se requiere una ley sancionada por el Parlamento”.
La jurisprudencia va en el mismo sentido. Señalaba el senador Mario Bergara en ocasión de la interpelación: “El Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 2008 falló en contra de KN en un reclamo iniciado en 2003 –durante el gobierno del doctor Batlle–, sosteniendo la libre concurrencia con la terminal en todos los muelles del puerto. El TCA, en su fallo, planteó que si KN tuviera razón en su argumentación, ‘se estaría consagrando un monopolio sin norma legal que así lo establezca’. O sea que el TCA le dijo expresamente a KN que su pretensión de ser la única empresa autorizada a operar contenedores en el puerto era violatoria de la Constitución de la República”,
Se nos dirá que si se viola la Constitución, en ella misma está prevista la acción de inconstitucionalidad de la ley (art. 258). Ocurre que, para poder interponer una acción de inconstitucionalidad de la ley, precisamos, justamente, una ley, y es exactamente eso lo que este gobierno omitió deliberadamente, por no tener los dos tercios de votos requeridos.
El punto de vista político
El constituyente dispone que, por su naturaleza, hay asuntos en los cuales debe intervenir el legislador. Cuando un gobernante omite hacerlo, ¿qué ocurre?; ¿dónde quedan las garantías democráticas tan elogiadas?; ¿qué lugar les cabe en aquella prosa florida si no existen cuando no conviene?
Que el gobierno se haya salteado nada menos que el Parlamento, por no contar con los votos para sus planes, lejos de constituir un ninguneo al Frente Amplio, es un agravio a la investidura del legislador y una atribución antidemocrática de facultades ajenas.
En conclusión, el apartamiento de la Constitución que nos ocupa, además de grave, es irreparable. Incluso en la hipótesis de que se hubieran alcanzados los votos para la censura — esto es, en el caso de que Cabildo Abierto hubiera hecho coincidir lo que dice con lo que vota; en el caso de que el Partido Colorado hubiera sido consecuente con su alerta de ilegalidad; el contrato con KN habría sido herido de muerte en lo político, pero hubiese pervivido inalterado para la vida jurídica. Ahora habrá que agotar las instancias administrativas y judiciales, de modo de anular este negocio. Todo esto es tan grave que, incluso así, será inminente un juicio internacional contra el Estado uruguayo. También a eso nos expuso este gobierno.
Queda un largo camino de responsabilidades civiles y penales, pero la oportunidad de desplegar la democracia en el disenso y reconocerle al Parlamento el rol institucional se perdió.
En esa imposibilidad de volver atrás radica la gravedad del camino que eligió el gobierno. Lo hecho, hecho está. Hay que analizarlo, denunciarlo y responsabilizar a quien corresponda, pero no hay modo de repristinar lo actuado.
Si algo aprendimos es que lindas no son las promesas floridas. Lindas son las que se cumplen.
Laura Fernández es abogada e integra Fuerza Renovadora, Frente Amplio.