¿Estamos dispuestos a convalidar esta LUC que hipotecó el debate democrático? ¿Queremos validar el camino de buscar las soluciones en el recorte de garantías individuales y libertades colectivas?
El gobierno no adopta esta medida basado en evidencia técnica, sino que restringe la libertad de los usuarios de la tarjeta TUS según una ética meritocrática que legitima la tutela de los pobres.
Prescindir de esos especialistas, retirar Estado y habilitar el espacio a la discrecionalidad y los acuerdos entre privados, multiplica los riesgos, quita transparencia y violenta derechos.
La reducción de problemas complejos a una caricatura de buenos o malos, policías o ladrones, libertad o miedo, rinde en la cortita. Por eso, más que nunca, la disputa de ideas está en el mano a mano.
Que el gobierno se haya salteado nada menos que el Parlamento, lejos de constituir un ninguneo al Frente Amplio, es un agravio a la investidura del legislador y una atribución antidemocrática de facultades ajenas.
La concreción de los juzgados de género no solamente evitará el peregrinaje de las mujeres, sino que serán capaces de dar una respuesta integral a la problemática. Pero lo cierto es que no se concretan.
Estos proyectos se fundan (a veces) en un conjunto de falencias, imperfecciones y hasta horrores de nuestra sociedad, pero proponen una “solución” que, lejos de serlo, atrasa el reloj de la consagración de derechos.
Este marzo nos encuentra con indicadores de desempleo, informalidad y pobreza sensiblemente deteriorados. El confinamiento, la suspensión de clases y el teletrabajo aumentaron la carga de trabajo no remunerado.
La división insalvable no sirve a casi nadie. No sirve al gobierno, aunque él la aliente. No sirve a la izquierda, si nos proponemos volver a ser gobierno. Y menos que a nadie le sirve a la gente.
La provocación planificada está instalada desde la gestualidad, con una estética democrática cuidada, vestida de civil, en el escenario de la democracia política más plena.
Convertir una labor rutinaria administrativa en una operación político-partidaria tiene una primera consecuencia nefasta: desvirtuar la naturaleza y los cometidos de las auditorías.
En ese mundo maniqueo del senador Manini, sólo existe el blanco o negro que, además, será definido como blanco o negro en función de su conveniencia argumental.
La protección, la defensa, la promoción de los derechos humanos, puestas en acción, pisan callos. El ninguneo y las recientes descalificaciones no son otra cosa que el statu quo reaccionando.
Sería una ironía que un instituto nacido para garantizar el despliegue democrático termine amparando la impunidad en episodios confesos de tortura, asesinato y desaparición.
Había nacido un partido militar-cívico decidido a representar los peores intereses de la corporación y a dar la batalla restauradora de las versiones más reaccionarias de familia, nación, soberanía y Estado.
El relato de la izquierda es largo. Hay que contar ladrillos y salarios, poner en valor los derechos recuperados, y la importancia de contar con una comunidad científica robusta.
El gobierno ha instalado verdades absolutas por la vía de repetirlas hasta el hartazgo. Verdades a medias, medias verdades, recortes de realidad o, simplemente, falsedades.