Se cerró un semestre para el olvido. Los escándalos vinculados originalmente a la expedición de pasaportes, sus infinitas derivaciones, la danza de chats y —sobre todo— la ausencia absoluta de explicaciones satisfactorias por parte de las autoridades dicen (gritan) que son demasiados los asuntos manejados con turbiedad desde el gobierno.

Mandarle un pasaporte exprés a un narcotraficante que hoy es buscado en todo el mundo por los delitos que lo involucran; modificar la regulación del tabaco a pedido de la industria (que además financió su campaña electoral); usar al Estado para seguir a la ex pareja del presidente o hurgar en la vida de dos senadores de la República con el fin explícito de extorsionarlos en una causa también grave como es la entrega del puerto, son ejemplos penosos de una lista que podríamos alargar. Cada hecho por sí solo es grave, pero el conjunto alarma. Es un cuento de nunca acabar que no empezó con la huida de Marset ni se termina con un portazo, mal que le pese al pensamiento mágico de los implicados.

Días pasados compartimos algunas reflexiones acerca de los hechos nuevos en el “caso Marset”, conocidos después de un fallo de la justicia que permitió abrir una rendija en la opacidad impuesta por quienes deberían echar luz.

Lo primero y obvio es que mientras acá el escándalo continúa, en algún sitio sigue operando, fugitivo e impune, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, lo cual plasma una victoria que el crimen organizado obtiene en las propias narices de la institucionalidad dejando, además, una profunda mancha en nuestra reputación internacional.

Pero es igual de llamativo lo superviniente: el modo en que han reaccionado los responsables directos. En política, como en la vida, una cosa es lo que ocurre y otra lo que hacemos con eso. La respuesta del poder político se ha limitado a tres reflejos: la dilución o franca negación de cualquier posible responsabilidad política que afecte a los cuadros de gobierno; la culpabilización de funcionarios de segunda línea y la construcción de un relato que pone las culpas en la herencia de los gobiernos anteriores.

En otras palabras: una actitud permanente de huida hacia adelante, sin pausa que habilite explicaciones creíbles.

Esa estrategia se manifiesta en el pensamiento mágico. Tapar el sol con un dedo, crear realidad con el lenguaje. Todos lo hacemos. El problema es cuando este se transforma en la versión oficial de los intérpretes del Estado. Los ejemplos son recurrentes y demasiado rudimentarios. “El gobierno no tenía idea quién era Marset”, era un “futbolista como cualquier otro”, “no hubo más remedio que darle el pasaporte”... y falacias del estilo, repetidas como mantra cada vez que se desarma otro pedazo del relato.

El relato. A casi nada le pone tanto esfuerzo este gobierno como a sostenerlo. Se constituye como un centro de poder capaz de modelar la percepción ciudadana de la realidad. Esa misión en el terreno simbólico, esa batalla cultural, les insume mucha más energía que cualquier emprendimiento que tenga que ver con las condiciones de vida concretas de la gente. Pero ocurre que a veces la realidad inunda y las narrativas inevitablemente comienzan a resquebrajarse.

Esa matriz de ocultamiento ha sido la regla. La versión taquigráfica de la interpelación a los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, es pública para quien quiera leerla. La versión oficialista se resumió a una estrategia simple: 1) cuando se le expidió el pasaporte nadie sabía quién era Marset y 2) un decreto heredado (cuándo no) de la época del Frente Amplio obligó al gobierno darle el pasaporte. Ambas cosas son falsas. Transcribimos a continuación un fragmento de la versión taquigráfica de la interpelación realizada por el senador Mario Bergara el 22 de agosto de 2022:

SEÑOR MINISTRO HEBER: (...) ¿Cuándo empieza para nosotros esta situación? El 3 de marzo de 2022 se emite en Paraguay el requerimiento, una requisitoria por medio de Interpol, una alerta roja en la que se establecía que el señor Sebastián Marset era requerido en todo el mundo. Reitero que ese hecho ocurrió el 3 de marzo de este año –no antes, sino el 3 de marzo– (...) Si el señor senador interpelante me pregunta si, como ministro, estamos investigando al señor Marset, debo decir que después de la requisitoria del 3 de marzo, sí; antes, no sé y no debo ni tengo que poner en riesgo la investigación. Entonces, mal se puede estar informando a la Cancillería de algo que ni siquiera yo tengo el derecho de saber…

SEÑORA SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES: (...) Como bien señaló el subsecretario (del Interior, Guillermo) Maciel, en esas dos oportunidades me solicita esa información puntual sobre la situación del señor Marset, solicitud que respondo puntualmente a través de mi secretaría. Asimismo, aclaró que, luego de mi respuesta, el señor subsecretario no me da ningún tipo de detalle de las preguntas porque era un tema reservado y de esa forma le respondo.

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES: “Hay que contextualizar debidamente esto. En noviembre, ¿quién de todos nosotros sabía quién era Marset? Hoy todos sabemos que a Marset no le vamos a dar un válido ni un pasaporte –eso es claro–, pero en ese momento era un uruguayo más. Esa es la realidad.

Ocurre que Marset venía siendo investigado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), las autoridades paraguayas y uruguayas (que nadie entiende cómo investigaban y a la vez ignoraban). Se supo también que autoridades y funcionarios mantuvieron comunicaciones con Alejandro Balbi, abogado de Marset; le facilitaron la entrega en mano del pasaporte, extendieron una carta oficial del Estado uruguayo que —junto con el pasaporte— habilitó la libertad de Marset. Hubo comunicaciones entre viceministros que hablaban de este narco “peligroso y pesado”. Como si fuera poco, el día 26 de diciembre El País publicó una investigación interna del Ministerio de Relaciones Exteriores según la cual “al menos la vicecanciller, dos directores y un funcionario de Asuntos Consulares, un embajador y una cónsul en EAU sabían que Marset era un narcotraficante peligroso”.

Un día este episodio se cerrará. Idealmente, los responsables asumirán las responsabilidades políticas y la justicia determinará cuanto corresponda. Pero, incluso así, hay un daño que está hecho y una evidencia de la cual deberíamos tomar nota: estos episodios lesionan en aspectos obvios como la reputación nacional (con todo lo que implica), pero también en otros más sutiles que tienen que ver con lo intangible, con la naturalización de lo indebido. Allí tenemos tarea como sociedad: los ciudadanos de a pie, nuestros representantes, los medios de comunicación. Debemos ser capaces de aquilatar la gravedad que este repaso de los hechos encierra y actuar antes que el deterioro sea aún mayor.

Se huyó hacia adelante, se acudió al pensamiento mágico de que “es verdad porque es verdad”. Se le ocultó información al Parlamento y a la gente. Se nos mintió deliberadamente. Se le echó la culpa a las normas precedentes, a sabiendas que esas mismas normas ofrecían posibilidades opuestas a las decisiones que se adoptaron. Luego se modificaron esas mismas normas, para la tribuna. Se dijo desconocer lo que se venía manejando hacía meses. Se hizo lugar a los requerimientos de un delincuente, en desmedro del interés nacional. ¿Qué más debería pasar para que reaccionemos? ¿Cuál es el borde de lo tolerable? ¿Qué debería ocurrir para que salten los tapones, para que el poder de turno sienta que nuestra sociedad merece respuestas francas, verdades enteras, responsabilidades políticas?

La robustez de la democracia se mide en la calidad de sus instituciones, de su sistema de partidos, de sus liderazgos, sí. Pero también en el involucramiento de la ciudadanía y -especialmente- en su capacidad de reflexión y acción. Reaccionemos por resistencia, por dignidad colectiva o —al menos— por las ganas de vivir en un país donde las noticias de todos los días sean otras.

Laura Fernández y Diego Olivera son integrantes de Fuerza Renovadora y asesores parlamentarios de la bancada frenteamplista.