En este momento, en algún lugar del mundo, está fugitivo e impune un peligroso narcotraficante uruguayo, con extenso prontuario, señalado como responsable de delitos graves. Continúa prófugo de la justicia internacional, entre otras cosas, gracias a que se le expidió un pasaporte en plazos reñidos con el sentido común y la prudencia, funcionales a sus intereses.

A pesar de los intentos por minimizar este episodio nefasto e instalar que “nadie sabía quién era Marset”, como dijo en el Senado el canciller Francisco Bustillo, la verdad es que en ese momento ya era investigado por el Ministerio del Interior uruguayo, en coordinación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y autoridades paraguayas. Incluso funcionarios de nuestro propio cuerpo diplomático en Emiratos habían solicitado instrucciones a la Cancillería en este caso, explicitando la necesidad de ser prudentes. Lamentablemente, fracasaron.

Este episodio, lesivo institucionalmente y bochornoso en el plano internacional, derivó en una interpelación en la que el gobierno, lejos de despejar las dudas, multiplicó los motivos de preocupación. Dijimos entonces que las explicaciones habían sido insuficientes. Hoy sabemos que, además, directamente se le mintió al Senado y por ende a la ciudadanía que representa.

Lo nuevo que hoy conocemos es gracias a un pedido de acceso a información pública que debimos tramitar por la vía judicial –dado que las autoridades se negaron a proporcionarnos la información en forma voluntaria–. Esa resolución judicial permitió acceder a las conversaciones entre los subsecretarios de Interior y Relaciones Exteriores, donde queda claro que Ache fue informada de que Marset era un narcotraficante “peligroso y pesado” y que, también en palabras del subsecretario Maciel, sería “terrible” que se lo liberara. Ache dijo ante el Senado de la República que Maciel no le había dado detalles sobre Marset y su averiguación. Hoy, gracias a las normas que garantizan el derecho al acceso a la información pública, sabemos que eso no era verdad y que por tanto, durante la interpelación conscientemente se nos quiso ocultar la verdad.

Contactada por Maciel con semejante información, la subsecretaría responde que “va a averiguar”. Para ese entonces las autoridades de Cancillería, de la Embajada y del Consulado estaban en fluida comunicación con el abogado de Marset, Alejandro Balbi. El Consulado tramitaba el pasaporte y había emitido una carta, a pedido de Balbi, donde constaba que el pasaporte estaba en curso. De ese modo, como veremos, la defensa de Marset engañaría a la justicia emiratí, logrando así su liberación definitiva.

Dos días después, Ache le responde a Maciel que Marset continúa detenido. ¿Qué averiguaciones hizo la viceministra durante esos dos días? ¿Nadie le comentó que se le estaba tramitando un pasaporte? ¿Supo que su abogado era Alejandro Balbi? ¿Desconocía que tres días antes se había hecho esa carta a pedido de Balbi? La versión oficial supone que la viceministra se limitó a preguntar si estaba preso o libre. Esa versión del gobierno también supone que tres semanas después, cuando Ache recibió en su despacho a Balbi, tampoco preguntó por qué tanto interés en una valija diplomática que salía para Emiratos Árabes. Es más, tampoco asoció la consulta de Balbi con el “peligroso y pesado” narcotraficante por el cual la habían consultado tres semanas antes y que, llamativamente, se hallaba preso en ese mismo país.

Pocos días después el Dr. Balbi consiguió, excepcionalmente, que su propio hermano, en condición de apoderado de Marset, recibiera en mano su pasaporte. En ocasión de la interpelación se nos dijo que esto no era excepcional, como sostenemos. Hoy se confirma que teníamos razón. Los propios funcionarios de cancillería en sus comunicaciones internas y el propio poder que otorga Marset desde la cárcel dicen literalmente que se trata de una excepción. ¿La excepción fue resultado de un pedido de Balbi en la entrevista sólo cinco días antes? ¿Por qué se hizo esta excepción a pesar de la fortísima alerta de Maciel que hoy conocemos? Lo cierto es que el delivery express operó y ello supone, ineludiblemente, la responsabilidad política de los involucrados, por acción u omisión.

Como si todo esto fuera poco escándalo, había más. Gracias al material que nos proporcionó la Justicia, pudimos atar otro cabo suelto de esta historia. Finalizada la interpelación, sabíamos que la entrega urgente del pasaporte evitó la deportación de Marset, la que habría ocurrido si el trámite demoraba diez días más. Pero algo no cerraba en la versión oficial. Munido del pasaporte, Marset dejaba de ser un indocumentado y evitaba la deportación. Pero ese no era su único conflicto con la Justicia emiratí. Además, había ingresado con un pasaporte falso. Así las cosas, la defensa debía convencer a la Justicia emiratí de que Marset, de buena fe, creía que su pasaporte paraguayo era genuino. Que tenía derecho al pasaporte paraguayo y que creyó pagarle a un simple gestor. Recordemos un dato nada menor: el gestor/falsificador paraguayo fue asesinado en Asunción pocos días después de que Marset cayera preso, sin que se pudiera conocer su versión.

¿Cómo convencer a la Justicia emiratí de que Marset desconocía la falsedad del pasaporte? Mostrando que no tenía motivos para falsificar un pasaporte; que tenía derecho a un pasaporte genuino. Si podía acceder a un pasaporte genuino con facilidad (¡y vaya que tuvo facilidad en Uruguay!), ¿por qué comprar uno falso? Y ahí es donde, otra vez, la acción u omisión de las autoridades uruguayas favorecen los intereses del narcotraficante. Tras otro pedido del Dr. Balbi, la Embajada uruguaya emite una carta dirigida a la Justicia emiratí comunicando que se le está tramitando un pasaporte. Hoy sabemos que la sentencia emiratí cita esta carta como evidencia de que Marset decía la verdad, y lo libera.

Nadie advirtió a la justicia de Emiratos que cuando Marset compró su pasaporte paraguayo falso no podía obtener el pasaporte uruguayo por tener causas abiertas. De hecho, ya había intentado obtener uno y se le había negado. Si hubiese existido la comunicación debida entre nuestras autoridades nacionales y entre éstas y las emiratíes no habría existido esa carta con ese contenido y esa omisión de información sustantiva. En definitiva, obviamente, habría estado preso en marzo, cuando se emitió la requisitoria internacional.

Ya no se trata de si Marset tenía o no tenía derecho a un pasaporte. Se trata de las acciones y omisiones de nuestras autoridades, mediadas por su defensa.

Cabe preguntarse cómo es posible que un poderoso criminal logre manejar a su favor los piolines de dos instituciones del núcleo del poder público, como son la Cancillería y el Ministerio del Interior. Es evidente que el obrar de las autoridades (o quizá algo más grave que pueda surgir de la investigación penal) tuvo un papel fundamental. Existieron múltiples señales de alerta que, de haber sido atendidas responsablemente, hubieran evitado este resultado nefasto.

Finalmente, es imprescindible reflexionar acerca de las debilidades estructurales de los Estados frente a la amenaza creciente del crimen organizado. La vulnerabilidad institucional deja librada la suerte de los Estados al proceder coyuntural de los intérpretes circunstanciales; esto es, a los gobernantes de turno.

Se deben accionar los resortes institucionales de la política y la justicia propios de la democracia. En eso estamos trabajando. Pero no alcanza. Es imprescindible que el Uruguay aborde reformas e introduzca herramientas para enfrentar mejor una criminalidad organizada de enorme dinamismo, capacidad operativa creciente y permanente coordinación transfronteriza. Muy sintéticamente y a cuenta de un posterior análisis, resulta impostergable avanzar en: fortalecer presupuestal y profesionalmente a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep); aprobar un marco regulatorio claro sobre financiamiento de los partidos; y regular la actividad del lobby privado y la forma en que debemos actuar los funcionarios públicos en esta materia, garantizando altos niveles de transparencia y rendición de cuentas.

Darío Burstin, Laura Fernández y Diego Olivera son integrantes de Fuerza Renovadora y asesores parlamentarios de la bancada frenteamplista.