Laura Fernández

Estos proyectos se fundan (a veces) en un conjunto de falencias, imperfecciones y hasta horrores de nuestra sociedad, pero proponen una “solución” que, lejos de serlo, atrasa el reloj de la consagración de derechos.

Este marzo nos encuentra con indicadores de desempleo, informalidad y pobreza sensiblemente deteriorados. El confinamiento, la suspensión de clases y el teletrabajo aumentaron la carga de trabajo no remunerado.

La división insalvable no sirve a casi nadie. No sirve al gobierno, aunque él la aliente. No sirve a la izquierda, si nos proponemos volver a ser gobierno. Y menos que a nadie le sirve a la gente.

Convertir una labor rutinaria administrativa en una operación político-partidaria tiene una primera consecuencia nefasta: desvirtuar la naturaleza y los cometidos de las auditorías.

En ese mundo maniqueo del senador Manini, sólo existe el blanco o negro que, además, será definido como blanco o negro en función de su conveniencia argumental.

La protección, la defensa, la promoción de los derechos humanos, puestas en acción, pisan callos. El ninguneo y las recientes descalificaciones no son otra cosa que el statu quo reaccionando.

Sería una ironía que un instituto nacido para garantizar el despliegue democrático termine amparando la impunidad en episodios confesos de tortura, asesinato y desaparición.

Había nacido un partido militar-cívico decidido a representar los peores intereses de la corporación y a dar la batalla restauradora de las versiones más reaccionarias de familia, nación, soberanía y Estado.

El relato de la izquierda es largo. Hay que contar ladrillos y salarios, poner en valor los derechos recuperados, y la importancia de contar con una comunidad científica robusta.

La “construcción de historias”, como centralidad de la “comunicación persuasiva”, está en su esplendor hoy en el escenario político uruguayo.