Claver Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, fue destituido por corrupción. Antes de su elección escribimos sobre la imprudencia del voto de Uruguay anunciado por el presidente Lacalle.
Dicho anuncio implicaba traicionar un compromiso asumido por todos los países después de la Segunda Guerra Mundial, referido a que la presidencia de dicha institución recaería siempre en un ciudadano latinoamericano, así como la jefatura del Fondo Monetario Internacional en un europeo y la del Banco Mundial en un estadounidense.
Además, se estaba votando a una persona sin credenciales para el cargo y con pésimos antecedentes, comprometiendo la imagen de nuestro país, en un acto de servilismo hacia el entonces presidente Donald Trump, agregándole la imprudencia del inminente resultado adverso que todas las encuestas pronosticaban en su intento de ser reelecto.
Tras un golpe de Estado en 2019 en Bolivia, fue designada presidenta interina Jeanine Áñez Chávez. El presidente Lacalle invitó a la golpista al acto de asunción de mando de su presidencia desconociendo la ilegitimidad de su condición.
El escandaloso otorgamiento del pasaporte “exprés” al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que le permitió eludir el requerimiento de extradición, ocupó titulares en prácticamente todos los medios informativos a nivel internacional.
La visita oficial al presidente de Colombia saliente, Iván Duque, a poco de la asunción del presidente electo Gustavo Petro, llamó también la atención de la prensa internacional en su tan grotesco desaire político diplomático.
La decisión de Lacalle Pou de no concurrir a la Asamblea General de la ONU en la situación que vive nuestro mundo, sin una razón de fuerza mayor que pudiese justificar la ausencia, llamó poderosamente la atención, tratándose Uruguay de una nación emblemática defensora de la paz mundial.
El grave retroceso en la política contra el tabaquismo, una de las más reconocidas y elogiadas políticas de salud a nivel global, justificado según la explicación del presidente Lacalle en el pedido de la tabacalera Montepaz, convocó críticas de las comunidades científicas nacionales y de todo el mundo, además de costarle la pérdida de una muy probable presidencia de la Organización Panamericana de la Salud a Uruguay en la persona de su ministro de Salud, el Dr. Daniel Salinas.
Esta breve y parcial enumeración de algunas de las decisiones presidenciales que más perjudicaron la imagen de Uruguay en lo que lleva la gestión de Lacalle resulta parcialmente opacada por el bochorno del que se tomó conocimiento en forma reciente.
El jefe del servicio de seguridad del presidente, Alejandro Astesiano, se encuentra en prisión preventiva imputado por graves delitos: asociación para delinquir, falsificación de documentos y tráfico de influencias. Las evidencias que obran en poder de la Fiscalía señalan su responsabilidad principal en la participación de actividades ilícitas, habiéndose reunido con cómplices en la Torre Ejecutiva, desde donde habría operado en reiteradas ocasiones en la comisión de los delitos que se le imputan.
A esta situación se le agrega una primera conferencia de prensa convocada por el presidente Lacalle en la que formuló declaraciones de una más que cuestionable seriedad y credibilidad. Haber afirmado que la detención de Astesiano lo había “sorprendido” y que, hasta que se concretó su detención, carecía siquiera de un “indicio” de que fuera indigno de su confianza carece de toda verosimilitud.
Que el jefe de seguridad del presidente forme parte o lidere una asociación para delinquir significa un bochorno y un desprestigio de gran magnitud para nuestro país.
Nadie puede creer que los equipos de Presidencia no se hubieran enterado del informativo de Radio Sarandí, del año pasado, y de los comentarios de los reconocidos periodistas Aldo Silva y Gabriel Pereyra, sobre las anotaciones policiales de Astesiano. Más de 20 indagaciones policiales, no una ni dos, no llamaron la atención de ninguna persona de Presidencia, del Ministerio del Interior, de algún jerarca policial, de algún funcionario de inteligencia.
Una vez conocida la imputación y la prisión preventiva dispuesta por Fiscalía, el presidente Lacalle cambió su versión y admitió que desde antes de iniciar su gestión “hubo gente interesada en hacer saber algunas cosas” y que conocía las más de 20 indagaciones de la Policía a su jefe de seguridad, incluso reconoció haberlas “analizado”.
Posteriormente, reconoció que “había dos fichas, una sin antecedentes penales y otra con antecedentes penales”, que él analizó el legajo antes de designarlo con la ficha sin antecedentes penales, y que “si no, hubiera sido otra” su decisión.
Los hechos en sí, más allá de posibles derivaciones ulteriores, resultan de una gravedad extrema. Que el jefe de seguridad del presidente, que desempeña una función de estrecha cercanía a la Presidencia, forme parte o lidere una asociación para delinquir significa un bochorno y un desprestigio de gran magnitud para nuestro país.
Estos acontecimientos ocuparon titulares en muchos medios de información internacionales. Lamentable y grave situación que nunca debió haber ocurrido si se hubiera actuado con responsabilidad.
Igualmente lamentable y grave fue la actitud del presidente en sus declaraciones. Es evidente que no dijo la verdad. Pretendió en su conferencia de prensa eludir toda responsabilidad, luego admitió haber conocido las indagatorias y finalmente admitió haber conocido el antecedente penal.
El presidente, la secretaría de Presidencia y el gobierno le deben al país y a la ciudadanía aclaraciones. Independientemente de las actuaciones judiciales, la confianza en las instituciones está fundada en la básica confianza en las personas.
Nadie puede asignarle a la mala fortuna hechos de estas características. Penosa y triste conducta del presidente y su equipo. Uruguay no se lo merece.
Carlos Pita fue embajador de Uruguay en Chile, España y Estados Unidos.