La democracia implica necesariamente el reconocimiento y respeto de las diversas miradas que coexisten en una sociedad, pero para este gobierno la discrepancia es sinónimo de “palos en la rueda”, malas intenciones, partidización... La discrepancia es castigada, pero sobre todo deslegitimada como forma de ocultar las verdaderas responsabilidades en cada situación.
Si no fuera realmente perverso, podríamos decir que el gobierno aplica un modelo casi infantil de conducta: entre “la pelota es mía y se juega a lo que YO quiero” y “los otros son malos porque no quieren dejarme hacer lo que YO quiero”.
El discurso oficial que afirma que la huelga docente afecta a los estudiantes pretende ocultar la quita de presupuesto, el recorte del gasto en educación, los ataques a la laicidad bajo pretexto de defenderla, el embate contra la autonomía técnico-docente como búsqueda de controlar los procesos de aprender y pensar críticamente, todas acciones que efectivamente afectan a la educación pública.
Preocupa, en particular, el presupuesto de la Universidad de la República, el que no se adecuará a pesar del aumento de la matrícula estudiantil. Habrá en 2023 menos horas docentes, grupos de estudiantes más numerosos, docentes con sueldos más bajos, carreras que no podrán abrir, edificios que no se harán, investigaciones que deberán suspenderse.
Señores gobernantes, no es la huelga la que daña el futuro de los estudiantes, es la decisión de este gobierno que ataca su autonomía y no ajusta el presupuesto lo que efectivamente la limita.
El cuestionamiento a las ollas populares es otro escandaloso ejemplo. Así constatamos gruesas contradicciones: el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) recorta políticas sociales, pero crea cargos jerárquicos y sube sus sueldos; la riqueza del país aumenta a la vez que crecen la desigualdad y la pobreza; las vecinas y vecinos de los barrios asumen el compromiso de dar respuestas allí donde el Estado está ausente.
El problema es la creciente desigualdad y pobreza, es que haya familias que pasan hambre mientras la economía del país mejora. La cuestión es la política económica y social, es el hecho de un Estado que no asume sus efectos y deja en manos de las y los vecinos dar soluciones y luego pretende controlarlos, deslegitimarlos y hasta criminalizarlos.
No vimos la misma celeridad para controlar a la ONG Uruguay Adelante y sancionar sus irregularidades. Nos preguntamos: ¿van a devolver los sueldos que cobraron indebidamente sus directivos?; ¿van a suspender a la organización por este uso indebido de los fondos públicos?
Vecinas solidarias destinan tiempo extra a sus tareas cotidianas, en forma honoraria cocinan y gestionan la olla a su cargo, ya sea en sus casas, en clubes o en locales comunitarios. Se organizan para obtener la leña, los utensilios básicos, los insumos necesarios para atender a quienes precisan un plato diario de comida. Son, además, oídos atentos a las angustias de quienes se acercan.
También es política la desvalorización, desconfianza y estigmatización de las estrategias de sobrevivencia de quienes están en condiciones de pobreza y de las organizaciones sociales.
Todas estas tareas son asumidas con convicción, dedicación y sensibilidad. Pero para el Mides no es suficiente compromiso ciudadano, y ha exigido que las vecinas elaboren planillas y se vuelvan inspectoras de sus propios vecinos, los que no tienen otra que comer de la olla, muchas veces con dolor y vergüenza. Deberán, so pena de interrupción del apoyo, pedirles la cédula y fotografiarla, uno por uno. No sea que algún pobre “esté de vivo” y coma en la olla de su barrio, además de recibir alguna vez por parte del Mides una canasta.
Ojalá que este hipercontrol a los pobres se aplicara a los que realmente abusan de los aportes de todos nosotros, los ciudadanos que pagamos impuestos.
Habiendo exigido a estas vecinas y vecinos una tarea honoraria de fiscalización, resulta que de un día para otro (y en fin de semana), el ministerio desmiente los datos presentados reconociendo que ya tenía –aparentemente– la información solicitada bajo presión de suspensión del aporte estatal. ¿Para qué la pidieron entonces?
Parece que el entramado social fortalecido a partir de la organización de las ollas, que las redes sociales creadas para mejorar la distribución de los insumos, para realizar encuentros y para pensar alternativas a la precariedad es el nudo central del conflicto. Parece que resultara molesta la presencia de un actor comunitario que adquiere voz pública y cuestiona la política alimentaria como insuficiente y meramente asistencial.
La deslegitimación de la organización comunitaria y solidaria llega al punto de asignar “intencionalidades políticas”. Nos preguntamos: ¿las del gobierno no lo son? Claro que el trabajo, la educación, la vivienda, la alimentación, la salud y la seguridad son derechos y, por tanto, materia de políticas públicas.
También es política la desvalorización, desconfianza y estigmatización de las estrategias de sobrevivencia de quienes están en condiciones de pobreza y de las organizaciones sociales que, además de atender las urgencias y emergencias, reivindican el respeto de los derechos.
Así el dicho popular interpreta el sentir cada vez más extendido: dime en quién confías y con quiénes te rodeas y te diré qué calidad de vida y sociedad pretendes desarrollar desde los lugares de responsabilidad política.
Rosa Chiachio, Ana Echeberría, Ximena Giani, Inés Giudice, Fabiana Goyeneche, Esperanza Hernández, Mariella Mazzotti y Ana Silva son integrantes del Círculo Social de Casa Grande.