Hace décadas estamos solicitando que se incluya en el Censo Nacional la pregunta sobre religiosidad como hecho social de la población uruguaya.
“Lo que no se mide no existe”, dicen los matemáticos y politólogos. Es un mandato constitucional garantizar la libertad de cultos. Si se trata de hacer políticas públicas y legislación para proteger derechos, es imprescindible tener datos demográficos y sus correspondientes variables sociales para gobernar diferenciadamente promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades. Además, para democratizar las diferentes formas de religiosidad es imprescindible contar con datos oficiales acerca de las opciones de fe de la ciudadanía. Dicha acción sería un gesto de reconocimiento a sectores de la población eternamente discriminados que padecen racismo estructural también en la dimensión de sus prácticas espirituales.
Reclamamos poder incidir en el diseño de la pregunta porque, en el caso de la feligresía afroumbandista, si se hace la formulación sin la sensibilidad adecuada a una condición de histórica discriminación negativa hacia la religión umbanda y cultos afro, actuará la autocensura como muchas veces por el temor a la burla o al miedo y el resultado no será fiel a la realidad, porque la interrogante se formuló en forma inadecuada y los creyentes afroumbandistas se esconden, tienen recelo de decir su verdadera religión porque perciben de antemano el prejuicio, la intolerancia religiosa, el desprecio. Eso no lo saben los técnicos ni los científicos, lo saben los portadores de la cultura por la experiencia directa, por la vivencia.
Este reclamo se hizo una vez incluso desde el Diálogo Interreligioso formalmente, reunidos con los ingenieros estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Nunca hemos logrado que se contabilice esa variable tan importante de la ciudadanía, pues según cifras no oficiales, casi 80% de la población se considera religiosa de diferentes formas de creencias o filosofías espirituales.
Si será importante tener dichas mediciones a la hora de velar sobre todo por los derechos de las minorías, que siempre están en riesgo por la predominancia de las culturas dominantes hegemónicas.
Para democratizar las diferentes formas de religiosidad es imprescindible contar con datos oficiales acerca de las opciones de fe de la ciudadanía.
Es también importante para hacer efectiva la Ley de Educación 18.437, que en su artículo 17 establece que “el principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias”.
Cómo podrían quienes gobiernan cumplir esta y otras leyes que protegen los derechos humanos si no saben cuántos y cuántas son, dónde están, a qué diversidad religiosa pertenecen, qué predican. La laicidad excluyente, invisibilizante e invisibilizadora que prima hasta ahora sólo permite que se sepa de las religiones que van de la mano del poder, las predominantes y hegemónicas, haciendo desaparecer otras realidades endémicamente subalternizadas como es la umbanda y cultos de matriz afro. Entonces, para las autoridades de nuestro país la comunidad afroumbandista no existe o al menos resulta anulada como sujeta de derechos, a pesar de que se calculan 500.000 personas en torno a la festividad de Yemanjá los 2 de febrero en las playas de Uruguay.
Por ende, la libertad de cultos consagrada en el artículo 5 de la Constitución es un derecho humano fundamental a proteger, y no puede quedar a la deriva. El Estado está siendo omiso en este aspecto al no censar religiones. Y como siempre, quienes gozan de sobrerrepresentación histórica y poder económico y político no precisan al Estado, no requieren protección para el goce de sus derechos.
Los afroumbandistas somos históricamente discriminados, asociados a brujería y magia negra, naturalizadamente prejuzgados por ser creencia de negros e indios. Estos prejuicios, devenidos de las invasiones, y la posterior subalternidad que se trasladó hasta el día de hoy, no cederán si no se dan acciones afirmativas para paliar la desventaja social normalizada. La laicidad hasta ahora ha equivalido a indiferencia ante nuestra problemática de inserción social y ante el racismo estructural e institucionalizado.
Deberían hacerse campañas de sensibilización hacia el respeto a los cultos afro, para erradicar el vocablo “macumberos” dicho como forma de insulto. La libertad sin protección pública no existe, es letra muerta. De allí la necesidad de este reconocimiento en forma de censo. La no política también es una política y de ella se benefician quienes imperan cultural y socialmente y no precisan de lo público para tener igualdad. El Estado es el cobijo de los excluidos y desplazados, en este caso lo sagrado afroindígena.
Susana Andrade es procuradora, activista social y exdiputada. Es presidenta de la Institución Federada Afroumbandista del Uruguay e integra el Grupo Atabaque por un País sin Exclusiones.