Ha tenido gran repercusión que un documento sobre el Plan Nacional de Inteligencia, presentado el 24 de octubre a una comisión parlamentaria con compromiso de reserva, haya llegado a TV Ciudad, que difundió parte del texto en su informativo y en la cuenta en Twitter del director de ese servicio, Eduardo Preve.
Fiscalía investiga tras una denuncia del director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, el Poder Legislativo también lo hace, y hubo duras declaraciones de condena, incluso del presidente Luis Lacalle Pou. No sólo se habla de la responsabilidad de quien o quienes hayan filtrado el documento, sino que además hay cuestionamientos, más escasos, a Preve, como presunto autor o cómplice de un delito grave. Sobre esto último resulta necesario plantear algunas precisiones básicas.
Obtener y divulgar informaciones que no estaban disponibles para la ciudadanía es una parte del trabajo periodístico, amparada por normas nacionales e internacionales (por ejemplo, las que establecen el derecho a no revelar cómo y por medio de quién se accedió a un dato o a un documento).
Esto se debe, simplemente, al reconocimiento de que así se defiende el derecho de las personas a estar informadas. No es una especie de patente de corso para difundir cualquier cosa, porque todos los derechos son relativos en función de otros derechos. Cuando se demanda a periodistas o medios por una publicación, la tarea judicial exige sopesar con cuidado los daños y beneficios que pudo causar, con el interés público como valor superior.
También debemos hacer estas consideraciones quienes queremos ejercer nuestra profesión como un servicio ético a la construcción de ciudadanía y la calidad de la democracia. De la reflexión puede resultar que se decida no publicar algo, pero en este caso es claro, pese al griterío sobre traiciones a la patria y defensa de la seguridad nacional, que Preve y TV Ciudad no tenían por qué abstenerse de hacer lo que hicieron.
Que un documento sea declarado secreto por un organismo del Estado no significa que su conocimiento generalizado cause catástrofes. No puede causarlas, por cierto, lo que se difundió del texto que Garcé repartió entre legisladores (después de hacerlo fotocopiar en el Palacio Legislativo, porque no tenía consigo suficientes ejemplares).
En los pasajes sobre los que informaron Preve y TV Ciudad no hay nada semejante a nombres de agentes secretos, claves de acceso, detalles sobre investigaciones en curso u otros datos sensibles. Lo referido a tareas legítimas de inteligencia es una serie de obviedades, y no se comprende qué perjuicios puede causar que terroristas y traficantes de drogas, armas o personas sepan que, como seguramente ya sospechaban, el Estado uruguayo trata de detectar, evitar y reprimir sus actividades.
En cambio, algunas de las directivas divulgadas crean dudas razonables sobre la voluntad de respetar en forma escrupulosa los derechos humanos. Esto puede ser bastante más grave que los tuits de Preve y justifica sobradamente la información al público.